QUOD LEGIS / Violencia digital contra la mujer: Ley Olimpia en BCS

* Por los Lic. Jorge Iván Navarro Manríquez y el Lic. Jesús Francisco Rubio Salgado

Junio 07 del 2021

Que tal estimado lector, espero tenga un excelente día, después de esta reciente jornada electoral, muy controvertida por cierto, como casi siempre; en esta ocasión me dirijo a Usted con estas amables líneas para exponerle otro tema muy controvertido, y que con el paso del tiempo ha venido ganando mucho terreno en el plano de lo emocional y lo moral, dicho sea de paso también en lo jurídico, dada la complejidad del mismo y el impacto que ha tenido en nuestra sociedad Sudcaliforniana, precisamente dentro del fenómeno de la violencia contra la mujer, que puede evolucionar y desencadenar una guerra de géneros que puede dividir a la sociedad y generar  conflictos a tal grado de materializarlos en hechos delictivos o en conductas antijurídicas. Primeramente quisiera hacer una remembranza de aquellos años en los que esta bella tierra me vio nacer, y con el paso del tiempo he sido testigo de cómo muchas  generaciones van cambiando y veo que los índices de violencia en Baja California sur se han incrementado, a tal grado de tener una cultura casi muy distorsionada, en la cual hemos venido normalizando situaciones de violencia, y en especie propiamente de violencia contra la mujer, siendo notorio el mucho esfuerzo por parte de activistas del género femenino han puesto a  favor de la mujer cuyo valor principal dentro de tantos que tiene es el de la capacidad de engendrar la vida en su vientre, ya que sin la vida realmente no existe nada, atreviéndome a decir que algunas ciencias como la  antropología, sociología y la biología confirman el papel del hombre respecto de la mujer que es precisamente el de protección afectiva y de apoyo, y que creo que a muchos se les ha olvidado, puesto que actualmente los géneros han sido hipersexualizados, y si tomamos como punto de partida que las ideas cambian y que nuestra sociedad Sudcaliforniana desde luego también ha cambiado, nuestras generaciones, de niños y jóvenes de hoy y del mañana, tienen que tener muy presente el papel de la mujer en la sociedad Sudcaliforniana y en todo México y el Mundo, y de igual forma mis amigas del género femenino deben estar muy conscientes del significado de ser mujer.

Ahora bien, me gustaría partir, primeramente, del marco constitucional, cuya carta magna en su parte dogmática precisamente en el artículo 1ro. Constitucional se señala que “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, y desde luego las garantías para su protección”, de igual forma en los subsecuentes párrafos señala el mismo precepto constitucional que “todas  las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos…» y el artículo 4o. del mismo cuerpo normativo constitucional precisa que “La mujer y el hombre son iguales ante la ley«, lo cual de manera muy personal, interpreto que estos artículos se correlacionan y evidencian la regulación que existe en torno a la protección jurídica y el reconocimiento de derechos tanto de la mujer como del hombre, máxime cuando  hablamos de la familia, ya que considero que nuestra forma de organización básica social que es la familia tiene presencia en el matriarcado, vaya, la madre, o como se decía en Roma la “mater familiae”, ya que el concepto de “mater” viene de matriz, el órgano de la mujer que engendra la vida, cuya cualidad por imposición  de la naturaleza no tiene el hombre.

Sin embargo, sabemos que así como las ideas cambian, también cambia la sociedad y los avances científicos motivan en consecuencia un avance en la tecnología, y por lo tanto también surgen nuevas conductas ilícitas relacionadas en ese contexto precisamente, y es que a raíz de la creación de los dispositivos electrónicos como los celulares inteligentes que integran las características de grabar video y capturar imágenes, así como la invención de otros dispositivos como las tablets y el mejoramiento de los equipos de computación, máxime los portátiles, es muy fácil hoy en día registrar lo que sucede nuestro entorno; sin embargo, como la historia luego ha comprobado, la naturaleza del hombre a veces tiende a la  degradación, y es aquí cuando pueden aparecer los delitos en materia de tecnología y de información, y uno de los que también ha trascendido mucho en la intimidad de las personas, que puede ser violada por el mal uso de estos medios informáticos, es el de la divulgación o propagación de la información de índole personalísima e íntima como fotos, videos o datos personales, siendo entonces que cabe hablar de la famosa reforma denominada “Ley Olimpia”, la cual surge a raíz de la  difusión de un video cuyo contenido es de naturaleza sexual y que no fue autorizado por la mujer que aparecen en el mismo, esto en el estado de Puebla, lo cual impulsó una  iniciativa para reformar el código penal de esa entidad federativa y desde luego con el ánimo de que también exista una reforma de esa naturaleza en el Código Penal para el Estado de Baja California sur.

La denominada “Ley Olimpia” no se refiere a un cuerpo jurídico o una ley como tal, sino a un conjunto de reformas legislativas, y es que fíjese usted, Gran Amigo Lector, hace unas líneas atrás mencionaba como se ha hipersexualizado a la mujer en estos días, cuyo respeto me merecen todas ellas, y como la degradación de la moral del ser humano llega tan bajo hasta descender a niveles de conducta como la de revelar situaciones de la vida privada de las personas que afecta su integridad física emocional y desde luego su esfera  jurídica generando un impacto tremendo en el desarrollo de la vida normal de las personas; por motivo de la acción de videograbar imágenes, audio, fotografías, elaboración de videos explícitos o simulados de contenido sexual e íntimo sin el consentimiento  de una persona o bien valiéndose del engaño, e incluso lleguen más allá de grabarlo y se exponga, se distribuya, se proyecte, se difunda, se comercialice, se haga chantaje e incluso de forma maliciosa se ponga en sitios internet o se distribuya por los medios de comunicación actuales, con o sin ánimo de lucro y mucho menos sin el consentimiento de quienes participan o están presentes en ese material multimedia, respecto de lo cual pude obra la reparación del daño que se ha ocasionado, siendo imperativo determinar a cuanto haciende ese daño tratándose de cuestiones de derechos como a la dignidad, a la honra o a la privacidad que mediante en lo incalculable a simple vista por ser del tipo de responsabilidad subjetiva, sea civil o penal, y bien pudiéndose resolver en función de algunas cuestiones como las del costo de las terapias psicologías o similares, dependiendo del daño, cito de forma enunciativa y no limitativa.

De igual forma, me permito mencionar que en este contexto también está muy presente el concepto de violencia digital, que tiene que ver con la degenerada actividad que menciono en el párrafo que antecede, y que por supuesto el pasado 20 de junio de 2019 se incluyó en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, precisamente en su artículo 183 quater, que pongo a su disposición para su debida lectura y análisis:

Artículo 183 Quáter CPBCS.- Violación a la intimidad sexual. Comete el delito de violación a la intimidad sexual, quien:

I. Divulgue, comparta, distribuya, publique o solicite la imagen de una persona desnuda parcial o totalmente de contenido erótico sexual, por cualquier medio ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima.

II. Divulgue, comparta, distribuya, publique o solicite por cualquier medio el contenido íntimo o sexual, sin el consentimiento de la víctima.

Esta conducta se sancionará de tres a seis años de prisión y multa de mil a dos mil días multa al momento de que se cometa el delito. Este delito se perseguirá por querella de la víctima, salvo que sea niña, niño, adolescente o persona con discapacidad que vicie su consentimiento en cuyo caso se perseguirá de oficio.

En caso de que este contenido sin consentimiento sea difundido o compilado por medios de comunicación o plataformas digitales, la autoridad competente ordenará a la empresa de prestación de redes sociales o medio de comunicación a retirar inmediatamente el contenido.

En el caso de que el sujeto activo tenga relación de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, con la víctima u ofendido, o bien que estos últimos se encuentren bajo la guarda o custodia del sujeto activo, la pena se incrementará hasta en una tercera parte”.

Por otra parte tenemos también la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California Sur, que de manera concatenada a los cuerpo legislativo mencionados tienen como finalidad la de proteger la integridad física y emocional de las mujeres en el Estado de Baja California Sur, además de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres que favorezcan en su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación, aparte de contribuir a la democracia, a la fortaleza de nuestra soberanía desde luego establecida la Constitución Política del Estado de Baja California Sur.

Y como lo mencioné anteriormente, el artículo 4o. Constitucional refiere la igualdad entre el hombre y la mujer, lo cual reitera a Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California Sur, y siendo más específico en lo que respecta al respeto de la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación de género y la libertad y autonomía de ellas mismas; incluso esta ley nos pone de manifiesto los conceptos de violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, violencia económica, violencia sexual, violencia le parezca, violencia de género, violencia política, violencia obstétrica y el de violencia digital, siendo estas definiciones señaladas de forma no limitativa ya que pueden existir otras formas de violencia que sean análogas a las ya mencionadas; sin embargo, la que tiene mucho que ver con el contexto que hoy analizamos es precisamente la de violencia digital referida en el artículo 4o. Fracción VII Ter. de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Baja California Sur, que a la letra cita “Violencia digital es cualquier acto que se presenta a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, plataformas de internet, redes sociales o correo electrónico, que atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres o cause daño o sufrimiento psicológico, físico, económico o sexual tanto en el ámbito privado como en el público; así como daño moral a ellas o su familia. Se manifiesta mediante el ciberacoso, acoso, hostigamiento, amenazas, extorsión, asecho, insultos, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión sin consentimiento de contenido íntimo, textos, fotografías, videos y/o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras verdaderas o alteradas, suplantación y robo de identidad, control y manipulación de la información, expresiones discriminatorias, afectaciones a canales de expresión, acceso o control no autorizado. Se identifica como violencia sexual cibernética la que incluye trata virtual, extorsión, difusión de contenido íntimo sin consentimiento, fotos y desnudos tomadas sin autorización y bajo el anonimato”.

Por su lado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido criterios jurisdiccionales de los cuales advierte que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana que limita total o parcialmente su derecho de goce o de ejercicio por las diversas formas que puede revestir es el éxito generando una privación de sus libertades y que el mismo Estado puede llegar a ser responsable de los actos de violencia contra las mujeres perpetrados por particulares en tanto no adoptar medidas para impedir la violación de sus derechos, incluyendo la investigación del castigo de los actos de violencia realizados en su contra con la posterior indemnización a las víctimas, y en este sentido cuando un juzgador advierte que una mujer sufre, ha sufrido o pueden sufrir algún tipo de violencia, de forma oficiosa deberá avisar al ministerio público a fin de que determine lo que en su representación social corresponde, y con estas actuaciones el Estado provoque e impulse un cambio cultural, ya que de igual forma es obligación del Estado de fomentar una progresividad en el marco de los derechos humanos, buscando disuadir las conductas de la sociedad y de potenciar el mejoramiento de sus cambio provocando una mejor interacción social en aras del respeto.

Por último me gustaría agregar, a manera de comentario, que desde el punto de vista jurídico tenemos los mecanismos para garantizar el cumplimiento de estos derechos y siendo precisamente una de las finalidades de la norma jurídica, es la de concientizar a la población como destinatario de la norma, para que realmente existe un compromiso verdadero y profundo que sea permanente en la generaciones del hoy y del mañana, porque como mencioné a inicios de esta lectura, la cultura del respeto a la mujer ha sido muy matizada, y haciendo uso respetuosos de los eufemismos, puedo decir que existe una decadencia cultural y de falta de respeto al integridad de la mujer, y que de igual forma muchos medios de comunicación han maquillado y han distorsionado el verdadero valor de la mujer de dándolo solamente en el mero plano estético y estereotipado, ya que nuestras mujeres Sudcalifornianas son, han sido y serán nuestras Madres, Esposas, Parejas, Hermanas, Amigas, Hijas y todos aquellos roles que actualmente desempeña la mujer y que contribuyen al mejoramiento de nuestra sociedad Sudcaliforniana y que influyen en nosotros los hombres respecto al significado y concepto verdadero y elevado de ser mujer.

Como siempre, Agradecemos una vez más a todos los queridos lectores que nos regalan un poco de su tiempo para poder leer nuestra columna y por supuesto a la REVISTA ANÁLISISBCS.COM que nos permite este espacio a favor de la opinión y de la diversidad de la manifestación de las ideas, por las temáticas de nuestra realidad social en Sudcaliforniana, quien es un motor para nosotros en vista de seguir exponiendo nuestras opiniones bien intencionadas y de forma objetiva, reiterando el agradecimiento para con aquellas dudas, sugerencias o comentarios respecto a sus temas jurídicos de interés que pudiéramos abordar para exponerles y así abonarles más a su acervo de conocimiento, que desde luego consideramos es amplio y bastante. 

*RS Abogados, Estudio jurídico, somos profesionales del Derecho, especializados en Derecho familiar y civil, así como en Derechos Humanos que está compuesto por, el Lic. Jorge Iván Navarro Manríquez, egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, con diplomado en Derechos Humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Lic. Jesús Francisco Rubio Salgado, egresado de la licenciatura en Comunicación y de la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, con diplomado en Derechos Humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  Datos de contacto rsabogados.bcs@gmail.com, con gusto recibiremos sus sugerencias y temas de interés.

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