QUOD LEGIS / Pueblos y comunidades Indígenas

Abril 19 del 2021

La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y autonomía de estos.

Nos hace referencia también, que son las comunidades indígenas, las cuales son aquellas que forman una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres.

Por otro lado, la libre determinación se ejerce dentro del marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional.

Este reconocimiento, del que hemos venido hablando, de los pueblos y comunidades se hará en las Constituciones y leyes locales de cada entidad federativa, en las cuales, se deberá de tomar en cuenta los principios, tanto para una comunidad como de los derechos, así como los criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto a la consideración que se debe tener para discernir y precisar en qué momento o bajo qué situación una persona es considerada como indígena, por lo cual, para poder definir esta cuestión basta simplemente, con el hecho de que la persona que se considera con tal carácter haga la manifestación expresa y directa de que pertenece a una comunidad indígena, lo que se conoce como autoadscripción y no siendo necesario requerir algún medio de prueba reconocido por la ley, por ejemplo, lo más lógico, a considerar, sería el uso de una prueba pericial antropológica, consistente en que un profesionista con conocimiento riguroso en esta materia, ayude a la autoridad  a determinar si una persona se considera como indígena; por lo que una vez que a una persona se le califique con tal carácter se le pueda facilitar el acceso a sus derechos humanos.

Para el caso de Baja California Sur este reconocimiento y garantía de los derechos de las comunidades indígenas, está estipulado en el artículo séptimo bis de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Baja California Sur.

En él se asume todos los derechos y prerrogativas de los pueblos indígenas, así como la composición pluricultural, pluriétnica y plurilingüe derivado originalmente de estos pueblos.

Asimismo, en el párrafo tercero del artículo en mención protege a las comunidades y pueblos indígenas procedentes de otras entidades federativas, ya sea que se establezcan de manera temporal o permanente, todo esto en consecuencia y en homologación al artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los derechos humanos, a través de la historia, han sido reconocidos en nuestra carta magna, pero es hasta 2011 con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, donde el Estado mexicano reconoce todos los instrumentos internacionales dentro de esta materia para que sean obligatorios en nuestro aparato judicial.

Hablando de los derechos de las personas indígenas, el que ha causado gran polémica, análisis y crítica es el llamado derecho a la consulta, que consiste en que el Estado debe garantizar a este grupo social, pueblo indígena, la oportunidad de que manifiesten sus opiniones, dudas e inquietudes respecto a la actuación de la autoridad pública quien en un determinado supuesto de la praxis puede llevar a cabo algún acto de autoridad que implique una medida administrativa o legislativa tendiente a afectar a ese grupo indígena, dado a su natural estado vulnerable, por lo tanto la autoridad debe de implementar procedimientos jurídicamente adecuados a través de los cuales informe de muy buena fe al grupo indígena la razón de su actuar y escuchar lo que al respecto tenga que manifestar.

Este derecho de consulta por parte de los pueblos indígenas a estado relacionado con los temas de biodiversidad, conservación y sustentabilidad ecológicas concerniéndole al gobierno la obligación de tomar medidas de cooperación con los pueblos interesados para proteger y preservar el medio ambiente y ecosistemas de los territorios en que habitan, aunado también el hecho de que los integrantes de las comunidades indígenas pueden cooperar con el gobierno ya que ellos tienen un conocimiento y prácticas propias para la conservación de su diversidad biológica, sea flora y fauna endémica de sus propias comunidades.

En este sentido y basándonos en lo estipulado en el artículo primero párrafo quinto de nuestra Constitución que nos otorga el derecho a la no discriminación y una de estas formas por las que no podremos ser discriminados es por origen étnico o nacional.

Es importante puntualizar el hecho notorio de la pobreza o marginación que no son las únicas condiciones que afectan al Estado Mexicano dejando en desventaja a quienes pertenecen a ese núcleo que ocasionan ese estado de vulnerabilidad, siendo que de diversos estudios sociales nuestro máximo tribunal de impartición de justicia,, la suprema corte de justicia de la nación, ha reconocido históricamente la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, siendo factores de estado su idioma y etnicidad, atreviéndose a señalar que durante aquella época histórica en la que se dio a la invasión de los españoles en la época de los albores de nuestro México prehispánico, se libró una guerra tratando de erradicar, modificar y programas socialmente a las etnias y pueblos indígenas de la época alterando sus costumbres y su cultura, que probablemente  sí afecto parcialmente, pero sin que se haya logrado erradicar con efectividad y por completo las raíces de nuestra constitución pluricultural indígena, razones por las cuales el estado mexicano debe de tomar en cuenta también que dentro de la gama de derechos de los pueblos indígenas está precisamente el consagrado en el artículo dice siete constitucional que nos habla sobre el derecho al acceso al impartición de la justicia.

En nuestro país el 21.5% de la población total pertenece a pueblos indígenas u originarios, ocupando el obtuvo el octavo lugar a nivel mundial y el segundo lugar en el continente americano sólo después de Perú.

Dentro de la pluriculturalidad, las lenguas indígenas en México existen, según datos del Instituto nacional de lenguas indígenas, alrededor de 68 lenguas las cuales son utilizadas en 43,276 localidades de nuestro país.

Pero no todo ha sido evolución en los pueblos y las comunidades indígenas pues según el Consejo Nacional de Evaluación (CoNEval) el 71.9% de esta población vive en condiciones de pobreza extrema, posicionándolos como uno de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Por ende al pertenecer o estar en situación de vulnerabilidad, para estos pueblos indígenas el acceso a la justicia es un problema, es por eso que el Estado ha legislado para proteger estos y todos los derechos de los pueblos y comunidades indígenas los cuales están plasmados en la parte dogmática de nuestra Constitución así como en los tratados internacionales de los que México es parte.

Según diversos estudios jurídicos que han motivado precedentes y pronunciamientos y de la suprema corte de justicia la nación, contenidos en el sistema de integración denominado semanario judicial de la federación, se ha identificado, de forma enunciativa mas no limitativa, una serie de situaciones genéricas consideradas con un impacto verdaderamente significativo para los grupos indígenas consistentes precisamente en la pérdida de territorios y tierra tradicional, el desalojo de sus tierras, el reasentamiento, el agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural ya que muchos de ellos dependen propiamente de los recursos que le brindan los ecosistemas naturales propios de sus territorios, aunado a la destrucción y contaminación del medio ambiente de sus comunidades indígenas, la desorganización social y comunitaria, los impactos negativos sanitarios y tradicionales, la escasez del educación o la mala calidad de esta, lo que en determinado caso puede dar lugar a una gran cantidad de amparos en esta materia para obligar al estado mexicano y sobre todo al poder ejecutivo a implementar políticas sociales y a destinar recursos para resolver toda esta problemática tan recurrente, tan notoria, tan lesiva y a veces recurrentemente repetitiva en cada administración pública, salvo algunas excepciones, sin que lo anterior signifiquen que no se tome en consideración el concepto de inclusión y participación del sector privado de la sociedad brindándole la respectiva ayuda, siendo uno de los medios idóneos para hacer frente al esta situación en la línea de participación inclusiva de la sociedad el del actuación que realizan las asociaciones y grupos no gubernamentales sin fines de lucro cuyo objeto es la ayuda social en donde se requiera, y desde luego en el caso de las comunidades, personas y pueblos indígenas

No se debe de ignorar el hecho de que para que exista una verdadera democracia en la sociedad mexicana, es muy necesario que se armonicen las opiniones y la participación de todos y cada uno de los integrantes de los diversos grupos sociales que pertenecen a nuestra sociedad mexicana, y sobre todo en el contexto o que estas líneas nos posicionan, refiriéndome propiamente a la razón que debe de estar presente en el diálogo empático que a conciencia debe tener la autoridad con los pueblos indígenas, que son grupos especialmente ligado a una identidad étnico-cultural con instituciones sociales muy propias ya arraigadas en esa conciencia íntima y que aún siguen impregnando culturalmente a la sociedad dándonos una identidad nacional y un patrimonio cultural y artístico, porque siempre existe la tendencia del ser humano a señalar una diferenciación y que a ellos de forma cultural han marcado socialmente, siendo que al final del día son iguales a nosotros en cuanto a que somos personas, seres pensantes y sintientes, y que formamos parte de una diversidad global en cada una de las comunidades del mundo.

En nuestro país, a través del tiempo, se han creado instituciones encargadas de la defensa de los derechos humanos, en este caso, en la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

De tal manera que en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dentro de otros, cuenta con un programa de atención para este grupo vulnerable en el cual, esta institución brinda los servicios de defensa a los pueblos indígenas, a los afromexicanos y da seguimiento a las quejas, que en especifico, este grupo presenta ante la CNDH.

En Baja California Sur, sobretodo en el sur de la entidad, radican algunas comunidades indígenas, persona que son traídas a los campos agrícolas, muchas veces con engaños, a trabajar en la “pizca”.

Datos de Atlas de los Pueblos Indígenas en México en BCS, al 2015, habitan en esta tierra poco mas de veintitrés mil personas de diversos pueblos indígenas, de los cuales los mas representados son, le Huichol. Mazahua, Mazateco, Mixteco, etc; donde la población de estos son el 55% de ellos hombres y el 45% mujeres.

Es importante, sobremanera a raíz de la reforma Constitucional en materia de DDHH, conocer los instrumentos jurídicos para la defensa de los Derechos de estos grupos sociales, que indudablemente, están inmersos en nuestro día a día, desde tratados internacionales como la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, adoptada por la Organización de las Naciones Unidad en el 2007, hasta las leyes que protegen y garantizan los derechos, a la no discriminación, de las comunidades indígenas en muestro país y nuestro estado.

Dentro de nuestra legislatura, en el H. Congreso del Estado de BCS, existe la comisión de Derechos Humanos y Asuntos indígenas, que se encarga de legislar por el respeto a desde los derechos de estas personas, grupos y comunidades asentadas en la media península.

Se les ha reconocido la autodeterminación a estos pueblos y comunidades, respetando su derecho a los usos y costumbres de cada comunidad.

El concepto de autoadscripción o autodeterminación, inicialmente citado, fue construido en el primer foro de pueblos originarios y migrantes del Anáhuac en 1996, celebrado en San Mateo Tlaltenango, en la delegación Cuajimalpa, en el aquel entonces distrito federal, resultado de una lucha social y un reclamo de sus derechos, proceso en el cual han adoptado y difundido el término de “originario”, esto es así por la notoria desventaja social que se traduce en violación de esos derechos, y es así estimado lector, que me permito hacer un paréntesis para ubicarlo en el contexto de los famosos derechos humanos que están presentes de manera universal en la vida de las personas cuya génesis, estaba en el carácter iusnaturalista (derecho natural) de los mismos, es decir, que por el simple hecho de tener el carácter de personas todos nosotros tenemos derechos humanos, los cuales no están definidos plenamente dado el carácter progresista del derecho como fenómeno social objeto de estudio de la ciencia jurídica, y que una vez positivisados (derecho positivo), es decir impuestos o reconocido por el Estado según la situación jurídica.

Y ya para finalizar, a manera enunciativa, otro de los derechos de los pueblos indígenas que también han trascendido de manera pública, es el denominado como libertad de expresión, consagrado en el artículo 6º constitucional, estrechamente vinculado al derecho de usar su lengua, está en consideración aquel expresión y la difusión de los pensamientos e ideas son indivisibles, y sí se restringe el medio por el cual se expresa el mensaje en consecuencia también se convierte en una limitante la libertad de expresión de los pueblos indígenas, por lo tanto la protección jurisdiccional de la libertad de expresión y de los derechos lingüísticos de las comunidades indígenas fomentada en nuestra democracia una ciudadanía activa, pudiendo participar incluso en las decisiones de gobierno estando mayormente informados de lo que les conviene o bien de lo que les pudiera afectar he determinado momento y de igual forma pudiendo hacer uso del derecho consagrado en el artículo 8º Constitucional que es precisamente el del derecho de petición.

Esperando estimado lector que el conocimiento y el información vertida en las líneas que anteceden le sean de utilidad y bien tiendan a generar y estimular la conciencia social de estos temas relevantes y recurrentes que en realidad son una constante socialmente y que necesita ser trabajados para lograr una verdadera armonía y paz en la sociedad.

Queremos aprovechar para agradecer infinitamente a la Revista analisisbcs.com, la oportunidad de compartir con sus lectores tema relacionados con el derecho, cada semana estaremos llevando a ustedes algún tema, a nuestra consideración, de interés para la sociedad sudcaliforniana, sin embargo, nos gustaría que nos hicieran llegar sus dudas o sugerencias de temas jurídicos para realizar esta QUOD LEGIS y así satisfacer y cubrir los temas de interés de nuestra sociedad.

RS Abogados, Estudio jurídico, somos profesionales del Derecho, especializados en Derecho familiar y civil, así como en Derechos Humanos que esta compuesto por, el Lic. Jorge Iván Navarro Manríquez, egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, con diplomado en Derechos Humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Lic. Jesús Francisco Rubio Salgado, egresado de la licenciatura en Comunicación y de la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, con diplomado en Derechos Humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Datos de contacto rsabogados.bcs@gmail.com, con gusto recibiremos sus sugerencias y temas de interés.

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