La SCJN declaró infundado el recurso reclamación de diputados de Morena y PT

Confirman suspensión del Juicio Político iniciado por el Congreso del Estado contra funcionarios de la Secretaria de Finanzas del Estado y la suspensión de las reformas por las que se establecían reglas para enjuiciar de manera fast-trac a ocho diputados de minorías legislativas.

Diciembre 10 del 2020

Por unanimidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el martes 09 de diciembre del presente año, declaró infundado el recurso de reclamación 73/2020-CA, interpuesto por los diputados de Morena y PT del Congreso del Estado, por el que solicitaban la revocación del acuerdo emitido por el Ministro Alberto Pérez Dayán, en el que ordena la suspensión del juicio político 03/2020 iniciado en contra del Secretario, Subsecretario y Director de Política y Control Presupuestal, de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; y por el que suspendió también todos los actos celebrados en la sesión pública virtual de fecha lunes 29 de junio de 2020, en la que se reformó una ley inexistente denominada, Ley Orgánica del Poder Legislativo de B.C.S, que tenía como propósito agilizar los juicios políticos en contra de 8 diputados locales del PAN, PES, PRI, PRDS y HUMANISTA, a través de sesiones virtuales, por lo que al no haber sido publicada dicha ley, nunca ha cobrado vigencia y con mayor razón no podría ser objeto de reformas.

Con esta resolución, quedan suspendidos esos actos hasta la emisión de la sentencia de fondo de la Controversia Constitucional 84/2020 misma que puede dictarse el próximo año 2021.

Cabe recordar que la incoación del juicio político 03/2020 contra funcionarios de la Secretaria de Finanzas por los Diputados de Morena y PT, buscaba presionar el Poder Ejecutivo del Estado, para que les depositara recursos económicos a las cuentas que de manera ilegal aperturaron en institución bancaria diversa a la que ha utilizado el Congreso del Estado en los últimas décadas, las cuales pretendían que fueran manejadas por el encargado de Finanzas que no tiene nombramiento legal para desempeñar el cargo. 

La demanda del juicio político 03/2020, que dejó en suspenso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la interpuso Julián Galindo Hernández, quien de manera ilegal se ostenta como Auditor Superior de Estado.

Cabe hacer mención que por la urgencia de enjuiciar políticamente a 8 diputados de las minorías legislativas, los Diputados de Morena y PT pretendieron darle vigencias a reformas  de una ley que nunca ha existido jurídicamente denominada Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California Sur, misma que por dictados de la SCJN, se ordenó su no publicación en el incidente de suspensión de la controversia Constitucional 854/2020 el 29 de mayo de 2020. Por ello, al pretender los diputados de Morena y PT, darle vigencia a un decreto antes de su publicación, contravino la división de poderes, debido a que al Poder Ejecutivo le corresponde la publicación de los decretos que le envíe el legislativo a fin de darle publicidad y obligatoriedad hacia los gobernados y frente a los demás órganos del Estado. De las disposiciones de esa inconstitucional reforma, estaban por ejemplo la celebración sesiones virtuales, la convocatoria a diputados a sesionar ocho horas antes de celebrarse, convocar a periodo extraordinario y sesionar fuera del recinto legislativo sin publicarlo en el boletín oficial, entre otras disposiciones apartadas de los derechos humanos.

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