Nueva reflexión sobre las playas

María Luisa Cabral Bowling

El 21 de octubre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación que el Congreso federal emitió un decreto para agregar nuevas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales para garantizar el libre acceso y tránsito en las playas de México.

Se agrega el Artículo 154 que establece que: “Se sancionará con multa de entre tres mil y hasta doce mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente a los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre o los titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino respecto del aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre que por cualquier medio o acto impidan, inhiban, restrinjan, obstaculicen o condicionen el acceso a la zona federal marítimo terrestre y a las playas marítimas.”

Agrega también que: “Para el caso de titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino respecto del aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, en caso de reincidencia, además de la sanción señalada en el párrafo anterior, se revocará la concesión, autorización o permiso, observando en lo conducente, lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley”.

Aunque ya anteriormente el reglamento de la Ley de Bienes Nacionales establecía que se debía permitir el libre acceso a las playas, ahora las adiciones al propio articulado de la ley lo establecen de manera más clara y contundente y también se incluyen en la propia ley las sanciones correspondientes al incumplimiento.

Es desde luego una buena noticia que detiene y ojalá empiece a revertir el proceso de privatización de las playas en nuestro país. La llamada globalización, que en realidad fue la imposición del modelo capitalista neoliberal estadounidense a nivel global ha propiciado en todo el mundo la privatización de bienes públicos, entre ellos las playas. Esta situación en nuestro Estado tiene un agravante que es la extranjerización, aunque aún seguimos siendo zona prohibida. El artículo 27 constitucional, en su fracción primera, dice que: “En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas.” Este texto sigue vigente, se supone. En realidad, se crearon dos mecanismos para sacarle la vuelta a esta disposición constitucional, primero fue la creación de los fideicomisos para extranjeros desde la década de los setenta, con Echeverría, que en un principio permitía el uso y disfrute de propiedades en esta zona por 30 años y que en la década de los noventa permitió su renovación sin ningún límite de tiempo. Y después fue el cambio en la Ley de inversión extranjera permitió que los extranjeros adquirieran tierras en la zona prohibida, registrando empresas domiciliadas en México para que de esta manera no solo pudieran adquirir viviendas sino también hacer inversiones inmobiliarias de todo tipo, por lo que en muchos casos ya el fideicomiso no resultó necesario.

Es importante recordar que una de las justificaciones para aplicar la figura del fideicomiso para la adquisición de tierra en la zona prohibida fue que había mucho prestanombres, entonces era mejor legalizar esa situación…. También vale la pena recordar que ya en los noventa había mucha preocupación por la privatización de la zona costera en México y en Relaciones Exteriores decían que los estaban acusando de vender el país pero que en realidad la situación no era preocupante…. salvo en el caso de la península de Baja California.

Cuando se creó el fideicomiso, los bancos, que se convertían en los verdaderos dueños de los terrenos, eran nacionales, después con todo el proceso de privatización que culminó con la extranjerización de la banca, obviamente los datos y la supervisión de la situación de los fideicomisos quedaron fuera del control nacional. Ahora con toda la discusión sobre los fideicomisos en nuestro país, aunque en este caso son fideicomisos, privados y públicos, es un tipo de fideicomisos en los que impera la más absoluta falta de transparencia.

Luego, con la nueva ley de inversión extranjera, en la mayoría de los casos hubo mucha simulación para la adquisición de terrenos en la costa para particulares extranjeros, pues muchos registraban una empresa domiciliada en México que en realidad no existía, en muchos otros casos grandes grupos económicos y corporaciones hoteleras registraron empresas en México, lo que detonó el crecimiento de los grandes megadesarrollos turísticos.

Nada de esto es nuevo y ya ni siquiera nos sorprende o preocupa y el proceso de extranjerización de nuestro territorio bajo el modelo neoliberal basado en la desregulación, financierización y privatización sigue avanzando, con crisis económica y con pandemia, contribuyendo a la construcción de una sociedad cada vez más desigual y fragmentada. Ya no es solamente el corredor San José-Cabo San Lucas. En el municipio de La Paz este proceso ha avanzado de manera muy acelerada. Sobre esta problemática y sobre todos los temas relacionados con ella hay mucho sobre lo que deberíamos estar revisando y reflexionando.

Un dato que debería ser muy preocupante es que nuestro Estado, con cifras de septiembre de 2020, ocupa el tercer lugar entre las entidades con una mayor tasa de denuncias por delitos de despojo, solo después de Colima y de Morelos. Es un dato recurrente. Siempre estamos compitiendo con Morelos en los primeros lugares, siendo que Morelos es un Estado que desde la época porfirista se ha caracterizado por tener muchos conflictos por la tierra.

Desde el inicio de los noventas muchas de nuestras autoridades, de los tres niveles y de todos los partidos, han estado más interesadas en aliarse a los grandes intereses económicos extranjeros en el sector del turismo y del desarrollo inmobiliario que en atender las demandas y necesidades de la población sudcaliforniana y asegurar el futuro de las nuevas generaciones de sudcalifornianos.

Ojalá que el mencionado decreto sea el principio de un proceso que revierta la tendencia en la enajenación de nuestro territorio.

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