Diputados de Morena y PT, se niegan a acatar lo ordenado por la SCJN

En grave riesgo la desaladora de Los Cabos, por desacato del congreso al Poder Judicial de la Federación. El tiempo legal para licitar la construcción de la nueva desaladora de Los Cabos vence este 30 de septiembre. También corren peligro de no cristalizarse, acciones importantes para el desarrollo y bienestar de las y los sudcalifornianos, señala el gobernador Carlos Mendoza Davis.

Septiembre 28 del 2020

El Gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, llamó nuevamente a los integrantes del Congreso del Estado, a cumplir con lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y reintegrar en sus funciones a los diputados destituidos.

El mandatario solicitó a los legisladores, aprobar de nueva cuenta, con base en la legislación vigente, el proyecto de la desaladora de Los Cabos, pues la sesión en la que fue aprobado el decreto, fue declarada inválida por la Corte.

El ejecutivo estatal recordó que en los últimos días tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un Juzgado Federal de Distrito, se pronunciaron sobre el conflicto que vive el Poder Legislativo local; sin embargo, los diputados de Morena y del PT, se han negado a acatar lo ordenado por el Poder Judicial.

 “Resulta por demás inexplicable que quienes tienen el mandato popular de crear y reformar las leyes, hoy se nieguen a hacer valer el Estado de Derecho previsto en el orden constitucional”, agregó.

Desafortunadamente, comentó, los más afectados de esta crisis interna son los ciudadanos, ya que, como la Corte lo determinó, no hay seguridad ni certidumbre jurídica en los actos que emanan del Congreso del Estado.

El gobernador mostró la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde concede la suspensión de los efectos y consecuencias de las sesiones, cuya invalidez se solicitó y que incluye a aquella donde ilegalmente se autorizó el financiamiento de la desaladora de Los Cabos.

“Dicha negativa para cumplir lo ordenado, es un franco desacato a la ley y transgrede el Estado de Derecho”, expresó Mendoza Davis. “Resulta por demás inexplicable que quienes tienen el mandato popular de crear y reformar las leyes, hoy se nieguen a hacer valer el Estado de Derecho previsto en el orden constitucional”, agregó.

De igual manera, dio a conocer el resolutivo donde la Corte suspende la ejecución del Juicio Político que se realizó contra 8 diputados de oposición. Se trata, sostuvo Mendoza Davis, de medidas cautelares que ha dispuesto el Poder Judicial Federal y que deben ser cumplidas, acatadas.

El gobernante sudcaliforniano aseguró que, si no hay desaladora, no habrá resultados, y, por tanto, no habrán servido los esfuerzos que se realizaron en conjunto. “Digámoslo como es: será un fracaso. Será fallarle a las y los cabeños”, reiteró.

De acuerdo a lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que en atención a la Controversia Constitucional que como titular del Ejecutivo interpuso en relación al conflicto en el Congreso local de Baja California Sur, en resolución de fecha 8 de septiembre, señala textualmente que ante la falta de seguridad y certeza jurídica en relación con la legitimación de los representantes del poder legislativo en el estado de Baja California Sur, ha lugar a conceder la medida cautelar para que se suspendan los efectos y consecuencias de las sesiones del Congreso cuya invalidez se solicitó y que incluye a aquella donde ilegalmente se autorizó el proyecto de financiamiento de la desaladora para el municipio de Los Cabos.

De la misma manera, el máximo tribunal nacional, con relación a los efectos jurídicos del juicio político que concluyó con la separación de 5 y amonestación de 3 diputadas y diputados de minorías opositoras, expresamente instruyó al Congreso para que suspendiera la ejecución de la resolución emitida y, por ende, reintegre a las y los diputados en sus funciones.

Por su parte, el Juzgado Segundo de Distrito en Baja California Sur, con fecha 17 de septiembre, determinó que el Congreso del Estado, en un plazo máximo de 24 horas, debía realizar las gestiones necesarias para que se revocara la resolución emitida en el juicio político que concluyó con la separación de 5 y amonestación de 3, diputadas y diputados de minorías opositoras, y se dejara dicho procedimiento hasta el estado que guardaba antes de resolverse el mismo, absteniéndose de emitir resolución. Con esta resolución, es claro que las y los diputados sancionados y expulsados indebidamente también debieron de haber sido reintegrados a sus funciones.

Cabe aclarar, como lo afirmó el mandatario sudcaliforniano en el video mensaje, que la Corte ha suspendido ya en dos ocasiones los efectos y consecuencias de las sesiones a partir del 17 de marzo cuando se originó el problema en el Congreso. Esto quiere decir que todo, absolutamente todo lo aprobado a partir de esa sesión, carece de validez legal, lo que incluye, la aprobación del proyecto y financiamiento para la nueva desaladora de Los Cabos. Se trata de medidas cautelares que ha dispuesto el poder judicial federal y que deben, deben ser cumplidas, acatadas.

La decisión, está en manos de los diputados titulares (no los suplentes) el que proceda la aprobación del gobierno federal al proyecto para la construcción de la desaladora de Cabo San Lucas, en la cual se prevé una inversión superior a los 5,200 millones de pesos.

Al respecto, la diputada Anita Beltrán, dijo que los 8 diputados (minoría en el Congreso), que ellos están dispuestos y están conscientes de la urgente necesidad de aprobar este decreto, solo que falta la voluntad del grupo del bloque de los 13 diputados de Morena, PT y los 3 sin partido, para legalizar la institucionalidad legislativa, es decir, reintegran como lo señala la SCJN, a los diputados destituidos, bajo un juicio político absurdo e ilegal.

De no concretarse el proyecto de la desaladora de Cabo San Lucas, será responsabilidad del Congreso del estado, de nadie más, aseguró la diputada por el PRI, Anita Beltrán.

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