A respetar resoluciones de la SCJN y la legalidad, exige gobernador a diputados

El Máximo Órgano Judicial de México suspendió la resolución de legisladores de Morena y PT de expulsar a sus homólogos de minoría. Pidió a los representantes del Poder Legislativo, respetar a la autoridad judicial, la legalidad y lleguen a acuerdos en bien de BCS. El Poder Judicial invalidó todas las sesiones, iniciativas, dictámenes, leyes, decretos, puntos de acuerdo o cualquier acto legislativo realizado desde que se expulsó a los legisladores.

Septiembre 24 del 2020

“La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Congreso del Estado reinstale de inmediato a los cinco diputados destituidos por la fracción de MORENA y PT, debe ser observada para que se respete la legalidad y se retome el compromiso de trabajar por Baja California Sur”, exigió el gobernador Carlos Mendoza Davis.

El mandatario sudcaliforniano expresó su confianza en que se solucione este conflicto, y recordó la doble obligación de los servidores públicos con los ciudadanos, la legal para cumplir y hacer cumplir las leyes y, la moral, para trabajar y darle resultados a la gente.

Cabe recordar que ante la destitución de cinco diputados y la amonestación de 3 más, por parte de un grupo mayoritario de legisladores de Morena y PT, el gobernador amplió la demanda de controversia constitucional que mantiene ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es así, que el Máximo Tribunal en materia de justicia en el país ordenó que los diputados depuestos se reincorporen a sus funciones con sus respectivos derechos y obligaciones en el Poder Legislativo.

 “Derivado de la ampliación de la controversia que presenté, la Suprema Corte de Justicia de la Nación extendió la suspensión de los efectos y consecuencias de las sesiones que el Congreso de BCS ha realizado desde el 17 de marzo a la fecha y suspendió también la resolución del juicio político en contra de ocho diputados”.

El ejecutivo estatal subrayó que el Poder Judicial invalidó todas las sesiones, iniciativas, dictámenes, leyes, decretos, puntos de acuerdo o cualquier acto legislativo realizado desde que se expulsó a las y los legisladores de fuerzas políticas minoritarias, hasta en tanto se pronuncie en la sentencia de fondo sobre la constitucionalidad de dicho juicio político.

Mendoza Davis reiteró su postura de que el Congreso del Estado respete la legalidad, se reinstale a los ya señalados congresistas y se someta de nuevo la autorización de la planta desaladora para el municipio de Los Cabos, entre otras acciones importantes para el desarrollo de la entidad, apegados a la ley vigente.

“Estamos ante un tema de interés público que afecta nuestra vida democrática, pero, sobre todo, el destino y bienestar de miles de hogares. Cerremos filas, estamos a tiempo, la gente espera nuestra sensatez, nuestra solidaridad”, concluyó.

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