Micrópolis / Un congreso en llamas

Agosto 31 del 2020

En tanto la población sudcaliforniana lucha por salir adelante a pesar del Covid-19 Y aparejada la crisis económica que ya provocó el desempleo de casi 20 mil personas, los diputados locales han incendiado el recinto donde se supone, converge la democracia, donde la ciudadanía llevó a 21 hombres y mujeres para que los representarán y fueran no solo un contrapeso al gobierno estatal, sino para reformar o crear leyes que permitieran y consolidarán ese crecimiento económico que se venía registrando. Pero hicieron todo lo contrario. Las acusaciones mutuas de corrupción, de despilfarro de recursos financieros, la pugna por el poder, la ambición por el control de los dineros y avasallar a las minorías, han sido la constante hasta cerrar con broche de oro con la ilegalidad que mostraron 13 legisladores para destituir a 5 de sus pares y “amonestar” a otros 3, bajo argumentos endebles y legaloides, lo que nunca en la historia política de esta entidad cuando fue elevada a rango de Estado Libre y soberano en 1975, por lo que el pueblo ha manifestado no solo su rechazo sino un repudio total a esos legisladores de Morena.

Es un caos político e ilegal lo que sucede en el seno del congreso del estado, a tal grado que ya trascendió la frontera sudcaliforniana y los medios de comunicación nacionales, han dado cuenta de ese atropello mayoritario, como lo han calificado, puesto que han pasado por encima de un mandato judicial emanado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por un Juzgado de distrito, de quienes no solo desoyeron sino también hicieron caso omiso, aunque esta desobediencia, tenga sus consecuencias que entendemos, no serán políticas sino punitivas.

A este rechazo social, se han unido los empresarios del sur, quienes, a través de un manifiesto, prácticamente les da tremendo jalón de orejas a los diputados de Morena, al señalarlos de que por esas acciones, han puesto en riesgo la vida pública y política del estado. “Conocemos de las controversias constitucionales y suspensiones provisionales que ha acordado el Poder Judicial, incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor del Ejecutivo del Estado y de un grupo de diputados de minoría en el Congreso, por lo que la pretendida destitución de legisladores de oposición, nos supone también un atentado a la democracia en el estado y las decisiones expresadas por los sudcalifornianos en las urnas en el próximo pasado proceso electoral del 2018”.

Sin lugar a dudas, los empresarios a través del Consejo Coordinador Empresarial, los licenciados, Julio Castillo Gómez, presidente Ejecutivo del CC Los Cabos; Mauricio Pérez Salicrup, Presidente de la Asociación de Hoteles; Francisco Olivares Velázquez, presidente ejecutivo de la Asociación Sudcaliforniana de desarrolladores de tiempo compartido; de Gonzalo Franyuti de la Parra, Presidente de la Asociación de Promotores y Desarrolladores inmobiliarios; de José Labandeira Villanueva, Presidente de Canaco Servitur, Roberto Joimémez Moreno, presidente de Canariac; Ing. Francisco Campas Duarte, Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del estado y del arquitecto Alberto Medina Chavarain, presidente del Colegio de Arquitectos, todos ellos de Los Cabos, enviaron un mensaje contundente a los legisladores; que “este conflicto de carácter político e institucional que priva en el Congreso del Estado, no sólo afecta el propio trabajo legislativo en cuanto a la reforma o propuesta de nuevas leyes, si no a otras atribuciones del Poder Legislativo, como la aprobación de obras en financiamiento que presenta el Poder Ejecutivo en su nivel estatal o municipal, por lo que tal situación, “no puede ni debe un conflicto de naturaleza política, estar por encima del desarrollo social de las familias de los sudcalifornianos”.

Por si fuera poco, la fracción parlamentaria federal del Partido Acción Nacional, también fijó su postura sobre la destitución de cinco diputados de minoría y amonestados otros tres, manifestando su enérgica protesta por el atropello cometido por los diputados locales de morena, y se suma a la denuncia de ilegalidad de esta acción, que pasó por encima de una resolución del máximo órgano de justicia del país y también advierte, del riesgo de que, a nivel nacional, estos hechos pretendan replicarse en otras entidades en las que Morena tenga mayoría para, de manera burda e ilegal, eliminar a los diputados de las fracciones de oposición.

Y por lo realizado por los diputados de morena y su aliado el PT, afirman los legisladores federales panistas; “hacer de esto una práctica común, implicaría un golpe a los principios de representación

proporcional, en una palabra de la democracia en nuestro país al más puro estilo autoritario de regímenes tiránicos”.

A estos diputados federales, se sumó la senadora por BCS, Guadalupe Saldaña Cisneros, quien consideró lo hecho por los diputados de Morena, como “un golpe duro a la democracia. Los diputados de Morena, en lugar de estar trabajando en acciones que reactiven la economía, el turismo, fortalezcan al sector salud, pues hoy viven en pleitos, divisiones que han llevado incluso a retar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a no atender una suspensión que dictó una juez federal”. Y remató, “la ley es letra muerta para estos 13 diputados, para estas 13 personas, que sin ningún rubor, bajo el argumento de ser mayoría, violan las leyes y amanecen con la ocurrencia de destituir a quienes le son incómodos para lograr sus objetivos”.

Mientras que el diputado federal por el PAN, Rigoberto Mares Ramírez, acusó que esos legisladores de Morena y PT, los acusó de tener secuestrado, “lo han convertido en un poder espurio que viola la ley y desafía el mandato de autoridades judiciales, como resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de una juez de distrito de Baja California Sur”.“Lo que quieren pues, es claro, es tener la vía libre para la aprobación de leyes y reformas a su antojo y esto por supuesto que nos parece gravísimo, porque es un atentado contra la democracia”.

Vaya, hasta la Barra Mexicana de Abogados, no solo fijó también su postura con respecto a la irregularidad que priva en el Congreso local, al afirmar que “la suspensión dictada en un juicio de amparo debe ser observada de manera escrupulosa, no hacerlo implica no sólo una violación a los derechos de las personas, sino a la obligación de toda autoridad de ajustar su actuación a la Ley y a la resolución de una autoridad jurisdiccional federal”, pero también, la BMA por conducto de su capítulo en el Estado de Baja California Sur ofrece su intervención apartidista y desinteresada para efectos de generar una opinión independiente sobre el tema o en su caso, la participación de sus agremiados con experiencia en conciliación, a fin de coadyuvar al restablecimiento del orden legislativo. Por aquello de que “no se entendieran los resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Y así como estás instancias se han manifestado en contra, también las hay organizaciones de pescadores, de la sociedad civil como la Red 360 que encabeza Alejandro Rojas Tirado, quien lanzó un enérgico llamado a los diputados locales, “para que resuelvan sus problemas personales sin afectar a la sociedad, y en caso de no ser así, la semana próxima haré un llamado a la sociedad organizada para procedencia de juicio político en contra de los diputados de BCS”.

Como ciudadano, afirmó, demanda que se pongan a trabajar y a respetar al pueblo, pues a él se deben y a él, hay que cumplirle, sentenció, para luego afirmar que el juicio político contra esos diputados, es procedente por los actos u omisiones de los servidores públicos señalados en el Artículo 110 de la Constitución que redunden en perjuicio de los intereses políticos fundamentales o de su buen despacho”

Rojas Tirado sostuvo que “los diputados nos deben mucho a BCS y si siguen con una conducta errónea que sólo lacera los intereses de los sudcalifornianos; de no corregir su conducta, haré el llamado a todos los medios impresos y electrónicos para convocar una petición masiva de su renuncia y procedimientos de juicio político”.

Y así como ellos, muchos ciudadanos siguen repudiando las acciones de inconstitucionalidad en la que incurrieron los diputados de Morena y la del PT, por lo que en el transcurso de esa semana, se sabrá la determinación del Juez de Distrito como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y entonces si, sabremos a ciencia cierta quién tiene la razón, si el grupo ocho diputados afectados o el grupo de los 13 legisladores que destituyeron a los 5 diputados y amonestaron a los otros 3. Que de ser cierto que cometieron un desacato, hasta la cárcel podrían ir a parar. Y mientras, el Congreso, sigue en llamas.

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