Se hace porque se hace

Por Olgafreda Cota ofcota@prodigy.net.mx

Junio 18 del 2020

¿Hasta qué punto es democracia someter los más importantes proyectos del sexenio al voto popular y hasta qué punto es una forma de llevar a cabo lo que desde antes de cualquier votación, hemos decidido llevar a cabo?

En el proyecto de la construcción del Tren Maya participaron el 70% de las 1078 comunidades indígenas; el 92.3% votó por el SI y el 7.4% por el NO. La consulta se hizo a comunidades mayas, choles, tzotziles y tseltales, a las que se les dio la información en su propia lengua.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), señaló que el proceso de consulta no cumplió con los estándares internacionales. La convocatoria y el protocolo de la consulta señala como uno de sus objetivos, acuerdos de participación en la implementación y distribución de los beneficios. La información presentada sólo hizo referencia a los posibles aspectos favorables del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar. Los estudios de impacto no fueron dados a conocer a las comunidades.

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), reconoció (según la revista Proceso) que los cuatro tramos del Tren Maya adjudicados, no se han sometido a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA); es decir, a un estudio técnico-científico que indique los efectos que la obra puede tener sobre el medio ambiente y además, señalaría cómo minimizar dichos efectos negativos.

Este requisito se aplica desde hace 32 años para cualquier obra de infraestructura.

Para los tres primeros tramos se consiguió que la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), hiciera una exención diciendo que se trata de “mantenimiento para rehabilitación y mejoramiento de la vía de tren actual” y que como se construyó antes de 1988, no está sujeta a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente. Es decir, es solamente un servicio de mantenimiento a las vías. Interpretado de otra manera: se hace porque se hace.

El director general de FONATUR, Rogelio Jiménez Pons ha reiterado que la prioridad del tren Maya es otorgar beneficios sociales, y que con esto “compensan el impacto ambiental”.  Lo cual es muy difícil saber, porque no se han hecho los estudios pertinentes.

Es algo así como si la junta de cirujanos de un hospital, para tomar decisiones sobre una cirugía a un paciente, convoca también a todas las enfermeras, a las trabajadoras sociales, al personal de limpieza, a los guardias de seguridad y a los que cuidan el estacionamiento, para que voten si se interviene o no quirúrgicamente al enfermo.

Deben ser consultados ecólogos, arqueólogos, biólogos, ambientalistas, sociólogos, economistas; es decir, todos aquellos especialistas cuya opinión es importante para la realización correcta de un proyecto de esa magnitud. No quiero decir que no se consulte a los habitantes de esas comunidades, sino que las opiniones de los especialistas deben ser dados a conocer con anticipación y tomarse en cuenta. ¿Qué importancia tendrá su opinión, si ya se tomó la decisión?

¿Cuál? Pues que se hace porque se hace.

El Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), con sede en Nairobi y fundado en 1978, es el que proporciona apoyo técnico a Fonatur.

México pagará a ONU-Hábitat cinco y medio millones de dólares para ejecutar el proyecto del Tren Maya; cantidad que en el tipo de cambio del pasado día 8 del presente mes, equivaldría a 118. 772 170 millones de pesos; mediante un contrato llamado “Acuerdo de contribución” y que abarca los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas. Esta suma será pagadera en tres partes, de las cuales ya se liquidó la primera en 2019.

¿Realmente la construcción del tren va a reducir significativamente la pobreza y la desigualdad de esas comunidades?

¿Dada la situación del país, con la terrible pandemia que estamos viviendo, no sería mejor utilizar de otra manera ese dinero?

La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que Fonatur proporcionó información parcial e incompleta, dando a conocer solamente los supuestos beneficios sin mencionar los potenciales negativos. También indicó que el gobierno, no cuenta o no ha dado a conocer los estudios sobre los impactos.

Las personas de las comunidades consultadas están conformes ante la promesa de recibir atención a sus necesidades básicas como agua, salud, trabajo, educación, vivienda, medio ambiente sano y cultura. Pero no conocen los impactos del proyecto inclinando así el carácter libre de la consulta. En Campeche, lugar donde actualmente hay actividad de la ONU-Hábitat no conocen aún qué casas o cuales barrios tendrán que ser reubicados ni cuántos metros son de derecho de vía.

Para el tramo 2 del Tren Maya se otorgó la licitación a CICSA, S.A. de C.V. del Grupo Carso de Carlos Slim, en convenio con la empresa española FCC Construcción S.A. de la cual el señor Slim es accionista; esta empresa estuvo involucrada con corrupción de Odebrecht en Panamá. Algo muy curioso, que pone a pensar, es que Carlos Slim era uno de los contratistas del Aeropuerto de Texcoco, ¡extraña coincidencia!

Otra cosa que llama la atención, es que al parecer el Tren maya funcionará con diésel, dado que es 6.8% más económico que utilizar energía eléctrica, a pesar de que esta última es mucho mejor para el medio ambiente.

Yo pienso que lo más importante aquí, es que se hace porque se hace… y punto.

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