Micrópolis / Se reavivan los caprichos de Rebeca / Crédito bancario por 90 mdp al ayuntamiento de La Paz

Junio 06 del 2020

Hace 6 años, cuando Rebeca Barrera Amador asumió el cargo de consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, nominada desde el centro del país, no por un proceso democrático o ciudadanizado, y quedar al frente de un grupo de 7 colegiados, nos sorprendió sobremanera que precisamente días antes de este acto protocolario, en el congreso local se había aprobado la ley de equidad de género, y que por lo mismo cuestioné el por qué, de la conformación inequitativa del Instituto Estatal Electoral de 5 mujeres y dos hombres y precisamente la susodicha, resultó a la postre, consejera presidenta.

Desde ahí se vislumbró la ambición de esta consejera que iba por todas las canicas. Pasaron dos procesos electorales en los que impuso su criterio por sobre los derechos del resto de los consejeros, a quienes ninguneaba al entregarles las minutas del día para analizar, 10 o 15 minutos antes de las sesiones, cuando estas deberían entregarse 24 horas antes, de acuerdo a la ley. A tal grado fue este enfrentamiento del que pocos conocieron, que una queja llegada al Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral, en contra de la consejera presidenta, se apagó el asunto, bajo dos premisas, “o se calman o se destituye a todo el Consejo Estatal”, esa, fue la amenaza y por lo que se observó, así se quedaron.

Desde ese entonces, escribí en este mismo espacio de Micrópolis, todo ese proceso, y hace poco, el viernes 22 de mayo aquí en el programa en vivo de TITULARES, donde 7 medios de comunicación Digitales, presenté mi análisis respecto a lo que dos diputados del Congreso, habían presentado una propuesta para reformar la ley estatal electoral, en la cual, prácticamente le ataban las manos a los consejeros electorales para decidir el futuro de las elecciones del próximo año, y decidir estos, o sacarse de la chistera, que no de la ley, el definir candidatas mujeres y hombres y hasta en qué distritos o alcaldías, y hasta pujaban, para definir por sus fueros, que en el 2021, obligar a partidos políticos, que tiene que ser mujer, la candidata a la gubernatura.

Sin embargo, el conflicto existente en el congreso local por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que todo lo hecho en este tiempo, quedaba sin efecto, y por lo mismo, tal parece que los caprichos de la consejera presidenta, en un feminismo mal entendido, pueda imponer su criterio y pasarse por el arco del triunfo los derechos que tienen militantes y partidos políticos para definir o elegir según sean sus procedimientos, las candidaturas a diputados locales, a alcaldes y hasta la gubernatura, como su ya famosa “acción afirmativa”.

Si los integrantes del Congreso no se ponen de acuerdo para dirimir sus problemas internos, para cuando lo logren, ya no habrá tiempo suficiente para hacer las reformas electorales que sean las más adecuadas para los sudcalifornianos para el 2021, pero sobre todo, que se respete la autonomía que tienen militantes y partidos políticos, para definir a sus candidatos o candidatas a los distintos cargos de elección popular, y no se deje en manos del instituto estatal electoral, se abroguen este derecho, cuando su obligación es aplicar la ley y no interpretarla en base a caprichos personales como acostumbra su consejera presidente.

El crédito bancario al ayuntamiento de La Paz. La situación económica por la que atraviesan los Ayuntamientos en el estado, se puede decir que es caótica. Por una parte, sufren por los atrasos en la entrega de las participaciones federales desde el centro del país, y por la otra, la disminución en un 70 por ciento, en la captación de recursos propios, es decir, por concepto de los servicios de agua potable, del predial, justificados estos por la pandemia, que mantiene en confinamiento a la población y en muchos de los casos, por el desempleo ante el cierre de empresas.

Tan solo en el ayuntamiento de La Paz, que nos confirmó ayer el Secretario General, Alejandro Mota Trasviña, en la Charla, un programa de entrevistas vía ZOOM -respetando la sana distancia-con Jesús Leyva y quien esto escribe, el esfuerzo realizado para cumplirle a la población con los servicios fundamentales como son el alumbrado público, la seguridad, la recolección de basura y de agua potable, esta última, que se decidió no cortar el servicio, precisamente por la situación económica que atraviesan miles de familias paceñas.

La recaudación que realiza la administración municipal en estos tiempos de pandemia, va de los 100 mil a los 150 mil pesos diarios, una disminución de casi el 80 por ciento si se toma en cuenta que el promedio mensual de recuperación por cobertura de contribuciones que hacen los ciudadanos, es de un millón de pesos diarios.

Recaudación que es insuficiente para cubrir los pagos de nómina, alumbrado de la ciudad y electricidad en las instalaciones municipales. De esta última, el alcalde Rubén Muñoz Álvarez, logró el pasado viernes un acuerdo con la representación de la Comisión Federal de Electricidad para que no suspendiera el fluido eléctrico, tras comprometerse a cubrir los 25 millones de pesos del adeudo, en cómodas mensualidades.

En cuanto a la nómina, mal que bien, ahí la llevan, pero para cubrir la última quincena, el ayuntamiento hubo de recurrir a un crédito bancario autorizado por el pleno del cabildo, por un monto de 90 millones de pesos, con extensión hasta 110 millones.

Regularmente, las administraciones municipales tienen una baja recaudación en el verano, por los gastos que hacen los padres de familia por el término del ciclo escolar y el inicio de estos, pero lo lamentable que estas fechas se adelantaron, como consecuencia del coronavirus que nos obligó a acuartelarnos en nuestras moradas respetando la sana distancia y como consecuencia del nulo crecimiento económico en todo el país y la falta de apoyos del gobierno federal, para fortalecer a las empresas para que estas no quebrarán o despidieran a los trabajadores, como finalmente sucedió.

Pues en este sentido, el ayuntamiento de La Paz, hizo lo propio, anticipándose a esta crisis económica, y el cabildo, desde marzo pasado autorizó esta deuda prorrateada de 90 millones, a pagarse antes de finalizar la administración de Rubén Muñoz. Y como dice el dicho, hombre preparado, vale por dos.

Digno de reconocimiento. Es digno de reconocerse a lo largo de esta pandemia y la crisis económica que ha afectado a miles de sudcalifornianos, en el cual el gobierno estatal de Carlos Mendoza Davis y ciertos ayuntamientos como Los Cabos y La Paz, hayan acudido en apoyo a las familias que más lo resintieron, sobre todo a las más vulnerables. A ellos, se les hizo llegar hasta sus domicilios, apoyos alimentarios. También se incluye en estas acciones, a la Alianza Comunitaria por Baja California Sur, que unieron esfuerzos empresarios y gobiernos, para no dejar en el desamparo a esas familias.

Caso particular merecen ser citadas, aquellas personas en lo particular quienes realizan esa labor altruista para llevarles un poco de lo que tienen a esas personas que en estos momentos más lo necesitan, y en este sentido, de parte de quien esto escribe, valla ese reconocimiento a Alejandro Rojas Tirado, un empresario que como él, se han solidarizado con las familias que así lo necesitan. Ojalá y este ejemplo, se siguieran sumando más personas a esta labor social, reconocible, desde todos los puntos de vista, pero que entienden y comprenden que son tiempos de ver por los demás.

Bien por estas instituciones y personas que se acuerdan de los más necesitados.

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