Trazos y retazos / ¿En dónde está el Congreso del Estado?

Por César de Jesús Ortega Salgado

Abril 01 del 2020

Desde la ventana de los medios de comunicación digitales, radio, televisión, redes sociales, telefonía y lo que observas directamente en tus limitados desplazamientos de y a casa, cuando tienes necesidad de ir a la oficina o al mercado, hasta ahora en mi caso, en estas dos semanas anteriores con motivo de la pandemia, como todo habitante de este mundo, nuestra prioridad es contribuir desde el espacio que nos corresponda a controlar y erradicar la pandemia provocada por el Covid-19.

Sin embargo, en plena contingencia de salud en Baja California Sur, el centro de la atención ciudadana la está desviando el irresponsable comportamiento de la mayoría de los diputados que integran la décima quinta legislatura al congreso del estado.

Sería muy penoso, largo, confuso e indignante explicar en detalle lo que ha sucedido al interior de poder legislativo local, pero apunto que es:

Penoso, porque por la conducta individual de la mayoría de las diputadas y diputados locales, no han correspondido plenamente a la investidura legislativa, para convertirse en fieles servidores públicos que no solo integran uno de los tres Poderes, junto al Ejecutivo y Judicial, para integrar el gobierno sudcaliforniano, ya que por lo que hemos conocido, su ambición se ha reducido a una desmedida aspiración económica, derivado de lo que entre ellos indistintamente se han acusado y mostrado suficientemente documentos oficiales.

Largo, porque la depredación económica apareció desde que inició el ejercicio constitucional de la legislatura e ir explicando cada una de las irregularidades en estos meses son innumerables, agravado por el total desapego a toda normatividad que rige los trabajos del Poder Legislativo.

Confuso, porque las múltiples y enredadas declaraciones, de quienes han protagonizado escándalos financieros y acciones descalificatorias en contra del propio Congreso del Estado, ya no siquiera es un tema de resolverse por autoridad judicial alguna, porque no los han respetado cuando han existido mandamientos jurisdiccionales.

Indignante, porque los ciudadanos hemos llegado al límite del enojo que un desempeño ineficaz e irresponsable de los diputados locales, pueden habernos llevado.

Así es que cuando actualmente ninguno de los integrantes del Congreso del Estado, obedece mandamiento judicial alguno y es omiso en observar las disposiciones legales que rigen estrictamente su desempeño como servidores públicos, recordemos los dispuesto por el Artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace referencia al juicio político.

El Juicio Político es un proceso sumario de una sola instancia a cargo de un órgano formalmente legislativo, que México corresponde al Congreso de la Unión (Cámaras de Diputados y Senadores), juzgan y condenan a servidores públicos de alta jerarquía de cualquiera de los tres poderes públicos por acciones y omisiones graves, para que en caso de ser procedente se les destituya o se les inhabilite.

“Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político…

Los ejecutivos de las entidades federativas, DIPUTADOS LOCALES, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Las sanciones consistirán en la DESTITUCIÓN del servidor público y en su INHABILITACIÓN para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.

Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables.”

Los servidores públicos de los Estado y sus municipios que podrán ser sujetos a Juicio Político varían en función de las leyes estatales aprobadas al efecto. En el caso de Baja California Sur, por ejemplo, son entre muchos los Diputados al Congreso del Estado.

Desafortunadamente la conciliación de los dos bandos en que se han convertido los diputados locales, que incluye propietarios y suplentes, que están a punto de sumar 42 de 21 que integran formalmente la Asamblea, se vislumbra difícil acercarse para retomar formalmente, si alguna vez hubo, el trabajo legislativo.

Es oportuno conocer por nuestros legisladores federales, sus opiniones y determinaciones en este relevante tema al haber desaparecido en los hechos, el Poder Legislativo en Baja California Sur.

Sin embargo, estamos en medio de una contingencia sanitaria, con una inminente crisis económica y una cantidad innumerable de ciudadanos, con y sin responsabilidades públicas como observadores, cuando hemos visto como el Congreso del Estado se ha convertido en un centro de espectáculo deshonroso al no estar respondiendo a las circunstancias que la ocasión amerita.

Como ciudadano lo menos que espero es un arreglo entre los bandos que se han enquistado en el Congreso del Estado; lo que espero es una aplicación estricta de la ley que le de vigencia al Estado de Derecho, para que cada quien responda de sus actos en el imperio de la ley y el orden, que exige una sociedad harta de componendas políticas que encubra dispendio, corrupción e impunidad.

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