Micrópolis / Diputadas Vs. Diputadas

Marzo 17 del 2020

Negros nubarrones se ciernen sobre la actividad legislativa en el estado. Todo ello derivado del empecinamiento de una diputada que queriendo cubrir sus actos de un probable acto de corrupción, pretenda involucrar a los trabajadores en un problema que es de pares. Y esto inicia cuando pomposamente ésta diputada anuncia casi cuarenta “empleados” basificados, generando una inestabilidad laboral, ya que algunos de ellos no estaban de acuerdo con esta supuesta bondad política de la legisladora.

Pero algo olió mal antes de hacer esta maniobra “humanista” que con esta acción, se le iba a resarcir un beneficio político. Lejos estuvo de lograrlo, por el contrario, como se dice en el argot, a los trabajadores del congreso les dio atole con el dedo, por una simple y llana razón, que dicho documento y reconocimiento laboral va empezar a aplicar hasta el primero de enero del 2021, sin considerar el techo financiero que para ese tiempo y esperemos no, más que ampliarlo, se puede reducir, principalmente, por factores de orden económico no solo del estado sino del país.

Ante su incapacidad de tapar el sol con un dedo, también involucra a sus compañeras diputadas en un afán de librarse del escarnio social como consecuencia de esos ostentosos gastos que si bien es cierto cada diputado, a lo que se ha dicho, tiene una asignación anual de 200 mil pesos para viajes de orden legislativo, mismos que deben de ser aprobados por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, cuando estos son para llevar la representación del Congreso a otras instancias similares o en su defecto a una comisión especial, previamente autorizada.

Independientemente de esto, también se puede apoyar a los electores de su respectivo distrito electoral, cuando estos presentan el expediente médico que justifique la salida del recurso para la compra de boletos, no para adquirir boletos de avión y sobre todo en clase premier, para favorecer a familiares directos con cargo al erario del Congreso y con fines meramente vacacionales, lo que es, no tener ni tantita dignidad, porque bien pudo haber hecho esos gastos con sus propios recursos.

Para prueba de lo que aquí se señala, está la cédula de gastos para la adquisición de dichos boletos.

No contenta con esta acción, por la crítica recibida y más que justificada, pretenda llevar ante una autoridad aquellos medios “legales” que han hecho asertivamente, la denuncia sobre el mal manejo de los recursos del Congreso local. Y no hay justificación, cuando rimbombantemente dice que para este tipo de gastos no existe reglamentación alguna, pero el hecho de que no exista, no significa que puede utilizar al libre albedrío el recurso financiero producto del pago de los impuestos de los contribuyentes, porque se aclara, el congreso no produce dinero.

En su afán de querer justificar ese ostentoso gasto “como digo una cosa digo otra”, ya que en algunas entrevistas con algunos medios de comunicación, ha dicho que ese gasto “no es inmoral”, ya que supuestamente ella lo “está pagando de su tarjeta de crédito en abonos a 12 meses de plazo y sin intereses” a la empresa donde “los adquirió”, pero se recalca, la cédula del Congreso, dice otra cosa, que ese recurso sí salió del Congreso del estado. Lo que nos hace ver esta diputada, Perla Flores Leyva, es que va de mentira tras mentira.

Para colmo, esta legisladora busca el apoyo en otras legisladoras para que actuando de buena fe -queremos entenderlo así-, las involucra cuando en un acto de gobierno interno de cambio de mandos, aprovecha ese nublado para martirizarse, pretendiendo encubrir ese dispendio de recursos, aclarando no podemos definir si es legal o ilegal la acción de sus pares, pues ya serán los mismos diputados, cuando se tome dentro de este periodo legislativo, la acción que tenga soporte jurídico-legislativo.

Basta aclarar, a lo que entendemos que un asunto de esta envergadura, solo lo pueden definir los mismos diputados, partiendo de la base fundamental que este, es un poder autónomo y no debe ser sujeto a una instancia menor, no queriendo decir con ello, que el Tribunal Estatal Electoral sea de menor envergadura, sino cada uno en su justa dimensión, porque bien sabemos que son los diputados los responsables de emitir leyes y reglamentos que rijan su vida interna, y más allá, este asunto de a quién le corresponde el reconocimiento, no es la instancia del Tribunal Estatal Electoral, porque este, está para resolver controversias tanto de orden jurídico electoral, sean de protección de derechos políticos y no de asuntos legislativos.

En este asunto, que es el que tiene sumido al congreso, es la remoción de algunos funcionarios y personal administrativo en donde llama la atención, es que el auditor superior del estado Julio César López Márquez, presentó un amparo, mismo que le fue negado en el Juzgado de Distrito, declarándole que no es la instancia para ello, lo mismo deberá suceder en el Tribunal Estatal Electoral para resolver esta controversia, que es de carácter de la vida interna del poder legislativo.

Ante este escenario, se observa que en un grupo existen cinco legisladoras y en otros seis, y quienes acusen de “violencia de género” -las segundas-, primeramente, con respeto se señala, deben de poner el ejemplo en su carácter de legisladoras para invocar este precepto, ¿en dónde está la violencia de género? ¿Entre ellas mismas?

¿O no será acaso que la diputada Perla Flores Leyva este llevando a un baile a sus compañeras con la denuncia que presentaron ante el TEEBCS, en donde no son seis sino cinco? Ya que la diputada Anita Beltrán Peralta, no acudió a este tribunal, por lo que probablemente no esté de acuerdo en esta acción.

Mañosamente, la legisladora en ciernes está “bien asesorada” por alguien externo a este poder legislativo, quien por cierto, ya cruzó este camino para invocar la violencia de género, cuando cierto medio de comunicación. le señaló sus yerros. Pero este asunto, nada en absoluto, se equipara a lo que se vive al interior del Congreso, porque, se recalca, el Congreso del estado ES UNA SOBERANÍA POPULAR, y no puede estar sujeto a una autoridad electoral.

Para ripley, ¿hasta dónde llegó el asunto de los boletos de avión a París, Francia? Ocasionándole un descrédito a la labor legislativa y un enfrentamiento entre aquellos asesores de larga vida laboral y quienes no lo son. Y peor aún, a un enfrentamiento entre las pares de un mismo género.

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