Micrópolis / Turbios manejos en el Congreso

Marzo 09 del 2020

Sin animo de comparar, algo similar o parecido sucedió en 1993, cuando en el proceso de integración de esa legislatura cuando por primera vez el Partido Acción Nacional contaba con 8 de 15 de diputados y el Partido Revolucionario Institucional 7, pero se encontraba ante el tribunal un distrito de los 15 en disputa, y posteriormente, en una elección extraordinaria da la vuelta y quedan 7-8 a favor del PRI. En ese entonces la lucha era por el control político, y probablemente por el financiero, pero no era el fondo. Debemos reconocer que, en ese tiempo, se podían construir consensos entre los disensos, pero esto se logró, gracias a la labor de la subsecretaría de asuntos jurídicos y legislativos, que cabildeó para llegar a acuerdos. Pero hoy en día, observamos que la actual legislatura, inició con el pie izquierdo en el primer periodo del primer año legislativo. Posteriormente viene una etapa de negociaciones a través del cabildeo y se logran algunos consensos, no los necesarios, pero si los suficientes para darle viabilidad legislativa el congreso.

Es cierto que se lograron avances, pero la ley de Movilidad quedó trunca. Y no fue por falta de cabildeo sino por intereses particulares y por la orden tajante que les dio a los diputados de Morena, el profesor Víctor Castro Cosío, so pena de que, si la llegasen a aprobar, serían expulsados del partido, como se pretendió con cuatro de ellos, lo que trajo como consecuencia que estos conformaran una fracción, hoy denominada “Juntos Haremos Historia por BCS”, con la cual se podía llegar a consensos sin traicionar sus principios.

Es importante resaltar que ante los acontecimientos del pasado viernes 6 de marzo, cuando 13 diputados llevan a cabo una reunión legal o no, en la que tomaron acuerdos de movimientos administrativos al interior del congreso, no vamos a discutir si son legales o no, porque al parecer, fue señalado por la aún presidente del periodo de receso, Elizabeth Rocha Torres, donde señaló, que había esa sesión extraordinaria, en donde deberían tratar asuntos internos, no la cancelaba sino la difería de fecha, pero, los 13 legisladores tomaron su decisión bajo una argumentación jurídica, probablemente, que justificó su actuar. Porque en este caso, se está ante dos posicionamientos, que ambos grupos (el otro grupo integrado por 8 legisladores) consideran que su actuar fue legal.

Lo que llama la atención, que esta integración de 8, estén apoyando a dos de los diputados señalados por supuestos actos de corrupción en el manejo discrecional de los recursos financieros del congreso, porque, curiosamente uno de estos diputados, no abrió para nade ni emitió comentario alguno en relación a una supuesta malversación de recursos en la compra de boletos de avión fuera del país. Para empezar, los congresos estatales, salvo alguna excepción, sus diputados podrían hacer uso de ellos para asistir a una plenaria en equis estado o país, siempre y cuando, lo apruebe el pleno del congreso y justifique el gasto, que no es menos.

Lo ridículo de la justificación al respecto, que se ofreció ayer, fue la vertida por el diputado y Presidente -supuestamente- de la Comisión de Cuenta y Administración del Congreso, manifestó, que “como no existe reglamentación alguna en materia del uso de los recursos del congreso, esa compra de boletos de avión, no está tipificado como un desvío de recursos, porque todos -los diputados- tenemos derecho a usarlos”, quiere decir que existe un dispendió de recursos financieros para fines no legislativos, sino para disfrute personal de los diputados. Qué vergüenza que diga esto, porque finalmente, hay un mal uso del dinero del pueblo, como pretendiendo justificar aquellos 337 mil pesos que “extraviaron” o se “esfumaron” para cubrir el pago a un empresario para organizar la logística de los foros para tratar lo relativo a la Ley de Movilidad. Es decir, quieren ver cara de tontos a los ciudadanos con esta estúpida justificación. ¡No se vale!

Con ello, nos quieren engañar pretendiendo que los actos sometidos cometidos por el grupo de los 13, posiblemente se pudiera constituir en un delito, como lo expresara la diputada Daniela Rubio Avilés. Sin conceder ni dar la razón ni a uno ni a otro grupo de legisladores, la ciudadanía no quiere si quitaron a fulano o pusieron a zutano, lo que demanda es que en una institución o en un poder como es el Congreso, que debe ser ejemplo en el manejo transparente de los recursos, este, esté sumido en un sinnúmero de probables actos de corrupción. Es ahí, donde el papel del llamado Auditor superior del estado, que lo nombraron por mayoría calificada los integrantes de esta legislatura, para que procediera en la revisión de cada una de las cuentas, tanto de este poder como de los otros, situación que pone en entredicho la calidad moral de este auditor, para revisar las cuentas de los otros poderes del estado.

Como comunicador y analista político, tengo la obligación de señalar, criticar y hasta proponer, en todo momento y en toda acción, que responda a los intereses del conglomerado, probablemente escribo cosas imposibles, pero hasta hoy, no han sido equivocados los conceptos que he manejado a través de diversas publicaciones como la presente, y lo seguiré haciendo muy a pesar de a quién le duela o lastime sus intereses particulares.

Siguiendo con el tema que nos ocupa, nadie en su sano juicio, cuando se intenta o se lleva a cabo un acto de corrupción, nadie puede decirse “me obligaron”, más aún, si quien lo afirma, es un hacedor de leyes, bien o mal, como ha logrado la curul, así haya recorrido, como lo dijo, “miles de kilómetros”, cuando bien sabemos que él es un diputado de un distrito local, y su obligación primordial es para con ellos, para los electores de ese distrito, pero resulta que junto muchos de ellos, llegaron por una circunstancia ajena a un trabajo político de convencimiento a la ciudadanía, nos referimos al voto inercial con la que llegó el diputado Rigoberto Murillo Aguilar.

En la conferencia de ayer, resaltaron dos posicionamientos de los diputados unitarios, Anita Beltrán Peralta, quien pintó su raya, como se dice en el argot popular, “a mi que me esculquen”, exigiendo se practique una verdadera auditoría a cada uno de los legisladores, a la que se sumó la diputada Daniel Rubio Avilés.

Pero estando en entredicho el auditor superior del estado, por no advertir a tiempo acerca de esos malos manejos, porque vamos para dos años de trabajo legislativo, y no sabemos absolutamente nada de los probables actos de corrupción, como el caso también de la cuñada incómoda del diputado Esteban Ojeda Ramírez, asunto totalmente documentado al igual que el caso del diputado Rigoberto Murillo Aguilar, que a la fecha no existe resolución alguna.

Por cierto, fuimos en esa conferencia de prensa de ayer domingo, que el diputado Esteban Ojeda Ramírez, pretendió ingresar a las oficinas que albergan la tesorería del Congreso con su gente, cuando esta oficina estaba custodiada por elementos de la Policía Estatal, que si somos mal pensados, quiso sustraer información que lo involucre en el asunto que le concierne, respecto de esas compras que hizo el Congreso, cuando contó con el apoyo de la entonces presidente de la Junta de Coordinación Política y de Gobierno, la diputada Milena Quiroga Romero, a quien también, se le mencionó de probables actos de corrupción, inducida por los diputados Esteban Ojeda Ramírez y Homero González Medrano.

Por el bien del congreso y de la población sudcaliforniana, urge que a cada diputado le sea practicada una auditoría para transparentar el uso y manejo de los recursos que vía impuestos la ciudadanía aporta para mantener dicho poder. Ellos están más comprometidos a responder a esta demanda, porque no se pueden hacer leyes a modo para favorecer a unos y descobijar a otros, porque precisamente, son los diputados quienes hacen las leyes, y deben de ser los primeros en respetarlas.

En conclusión, se observa que falta alguien que pueda cabildear y armonizar los intereses legales para la buena marcha que requiere un órgano tan importante, como lo es el Congreso del estado, por una simple y llana razón, esta división el que sale perdiendo, no es el diputado 1 o el diputado 21, sino toda una sociedad que demanda leyes que vayan en beneficio general y no se tergiverse, en aprobar leyes a modo.

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