Editorial

Febrero 2020

No es lo mismo encabezar un movimiento feminista a ser presidente de una institución, que por el solo hecho de encabezarla, debe estar alejada de tentaciones que vulneren la credibilidad, y sobre todo, la imparcialidad como lo es el Instituto Estatal Electoral, el cual, se está siendo utilizado no solo para promover la mayor cantidad de candidaturas para mujeres, sino ubicarlas en donde indique “la señora presidente”, lo que viene a vulnerar la independencia de los partidos políticos en la toma de decisiones para lanzar a sus abanderados (as) a la competencia electoral este 2021.

El término de imparcialidad, uno de los principios básicos del órgano electoral, se está perdiendo, y cuando este elemento ético se pierde, se pierde toda confianza, factor determinante para que la ciudadanía le crea a un órgano facultado para organizar un proceso electoral, como debe ser, un árbitro, que no se incline para ninguno de los lados, ni a favor de los varones, ni de las mujeres, debe obligar, eso sí, a los partidos políticos, a respetar la equidad de género, más no a imponer ni en que candidatura a distrito electoral o candidatura a la alcaldía.

Aunque no lo quiera reconocer, la Consejera presidente del Instituto Estatal Electoral, Rebeca Barrera Amador, está cometiendo un gravísimo error, al tratar imponer sus condiciones por encima de la ley en materia electoral, y lo peor, está tratando de incidir en el otro órgano electoral, el federal, y trata de imponerse ante los organismos feministas, apoyándose en diputadas locales que buscan afanosamente ser las beneficiadas con estas imposiciones desde el IEEBCS.

Para nadie es extraño que las fuertes relaciones que mantiene Rebeca Barrera con ciertas diputadas locales lleva implícito el modificar la ley electoral rumbo al 2021, con tal de imponer el famosos criterio de la “acción afirmativa”, primero, en “indicarles” a los partidos políticos, donde deben poner a candidata mujer, es decir, tienen que ser en aquellos distritos “no perdedores” o de “baja votación”; o en el peor de los casos, crear tres bloques o grupos de candidaturas, de las cuales los 5 primeros distritos con mayor rentabilidad deben ser para mujeres, otros cinco, de menor rentabilidad sea para varones; y un tercer bloque de seis, en donde habrá de aplicarse que los primeros tres sean para mujeres y los otros para varones.

¿A esto le llama equidad la señora Rebeca?  Como lo explicó en mi columna Micrópolis, ni somos misóginos (machistas, para ser más claros), ni mucho menos nos oponemos al empoderamiento de la mujer en los diversos cargos públicos, pero lo que si observamos, es que lo que pretende Barrera Amador, es demeritar la capacidad de la mujer para imponerse en situaciones “difíciles”, precisamente en esos “distritos de baja votación” y ganar, como no lo podría hacer un varón.

Si se trata de equidad de género, solo recordemos que son 16 diputaciones de mayoría relativa en disputa, así como cinco ayuntamientos. En las primeras, van, como debe ser, por ley, 8 mujeres y 8 varones, y les corresponderá, a cada partido político, elegir, de acuerdo a sus intereses y pretensiones, dónde ubicar a cada quién. Ya las dirigencias de los partidos políticos sabrán a qué la apuestan, a perder y a ganar, y lo más lógico, es que todos envíen a su gente a obtener al triunfo, y para ello mandarán a sus mejores alfiles, sean hombres o mujeres, pero no tienen por qué recibir instrucciones o imposiciones, desde el órgano electoral, porque este´, debe actuar como árbitro, es decir, como en el fútbol, el juez central (árbitro), no le puede dar indicaciones al técnico de cualquier de los dos equipos, a quién pondrá de portero, en la defensa, la media o la delantera. ¡Es ilógico!, y por demás, ilegal. ¿Es lo que pretende Rebeca Barrera, en vez de ser el árbitro, quiere ser quien decida las candidaturas? ¡Vaya, solo falta que le quiera imponer a los partidos políticos, al candidato a la gubernatura!

La señora Rebeca, debe ubicarse, entender que está ahí, junto con otros seis consejeros electorales, que por cierto no eligió la ciudadanía, sino que fueron impuestos desde el centro del país (INE), y aplicar lo que dice la Ley Estatal Electoral, y no tratar de modificarla como ya lo hizo en otras elecciones, por lo que se hace un llamado a los diputados locales, si van a hacer reformas a esta ley, hacerlas respetando la equidad de género, cambiando esas lagunas donde se han entrometido los consejeros electoral para imponer su criterio, pero sobre todo, sancionar a los consejeros electorales, (si su comportamiento es parcial) si estos, no cumplen su función de ser quienes organicen y lleven a cabo un proceso electoral, confiable, imparcial, transparente y limpio.

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