Justicia Cívica un nuevo modelo materia de seguridad
Vladimir Torres Navarro
Con la implementación del nuevo modelo de justicia, pasamos de la presunción de culpabilidad a la presunción de inocencia, principio sobre el cual se ha edificado un nuevo sistema para impartir justicia. Sin embargo, esta construcción ha iniciado en los niveles federal y estatal, lo que nos anima a preguntarnos, ¿Qué papel pueden jugar los gobiernos municipales en esta nueva concepción?
La respuesta se ha venido gestando desde el 2014, cuando se planteó la necesidad de construir un nuevo sistema, que entienda y atienda los conflictos más inmediatos al ciudadano, los que surgen, por ejemplo, a partir de su convivencia con sus vecinos. Los cuales, en muchas ocasiones, pueden derivar en conflictos mayores con consecuencias impredecibles.
Es decir, una nueva forma de concebir la impartición de justicia tendría que significar una menor reincidencia, a partir de entender el origen de sus delitos y atender sus causas, algo que ya hemos escuchado, pero que aún nos preguntamos cómo el Estado lograría la instrumentación debida para afectar esa génesis.
Para atender este vacío que se generó con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se ha construido el Modelo de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad para los Municipios de México, que tiene como objetivo atender institucionalmente la raíz del problema de la delincuencia, buscando entender y atender algunas de sus causas.
El Modelo referido, tiene como objetivo facilitar y mejorar la convivencia en una comunidad y evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia. Esto, a través de diferentes acciones tales como: fomento y difusión de reglas de convivencia, utilización de mecanismos alternativos de solución de controversias, y atención y sanción de faltas administrativas; todo lo anterior sin perjuicio de los usos y costumbres de los pueblos indígenas y de sus comunidades.
El Modelo busca guiar a los Municipios para que contribuyan a los principios que dieron origen al Nuevo Sistema de Justicia Acusatorio, con el que se pretende pasar del proceso actual de calificación y sanción de faltas administrativas a la incorporación de una visión que procura facilitar y mejorar la convivencia en una comunidad y evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia.
Este Sistema tiene cinco características distintivas: una visión sistémica que involucra al juzgado cívico como el articulador de un conjunto de actores; la incorporación de audiencias públicas; la actuación policial in situ con enfoque de proximidad; la incorporación de las Medidas para mejorar la convivencia cotidiana como un nuevo tipo de trabajo a favor de la comunidad que busca contribuir a la atención de las causas subyacentes que originan las conductas conflictivas de los infractores; y la implementación de mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC).
En este sentido, el Municipio de Los Cabos es el primero de Baja California Sur y uno de los diez primeros en México en implementar el Modelo de Justicia Cívica, con lo cual, ha dado un paso importante para promover un cambio cultural, que tiene su centro en la construcción de ciudadanos más informados, con más derechos y que ha realizado una serie de arreglos institucionales para atender las causas de los conflictos.
Justicia Cívica representa no sólo la adaptación del modelo de juicios orales al ámbito municipal, sino fomentar la Cultura de la Legalidad y a dar solución de forma pronta, transparente y expedita a conflictos comunitarios que genera la convivencia cotidiana en una sociedad democrática.
En ese sentido, Los Cabos se ha propuesto como objetivo prioritario facilitar y mejorar la convivencia en una de las comunidades más diversas del país, con el propósito de evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia y sobre todo evitar reincidencias en faltas administrativas, las cuales, en muchos de los casos son el primer paso que da una persona para la configuración de delitos más complejos y que generan mayores prejuicios.
Ahora en Los Cabos, están en funcionamiento dos salas en las que se celebran audiencias públicas, en el que concurren las partes involucradas en un conflicto, comparecen ante un Juez Cívico, quién ayuda a conciliar las quejas para proponer medidas para aminorar efectos y evitar que se reproduzca una conducta.
La incorporación de estas audiencias públicas, es relevante porque responde al principio de la publicidad, pues la actuación del juez cívico es constantemente expuesta al escrutinio público, lo que implica seguir adecuadamente una serie de lineamientos mínimos sobre el debido proceso, la dirección de audiencias y la emisión de sus resoluciones. Esto representa un gran paso en materia de transparencia y gobierno abierto en el ámbito municipal.
La publicidad de las audiencias, es un asunto relevante, en términos de práctica de buen gobierno, pues con ello se pretende incrementar la confianza en los juzgados cívicos por parte de los usuarios de sus servicios; transparenta el proceso de impartición de Justicia Cívica. Además, permite cumplir con dos de los objetivos que son prioridad en nuestro país en materia de Justicia que es, por una parte, dar solución de manera ágil, transparente y eficiente a los conflictos comunitarios; y por otra, mejorar la percepción del orden público y de la seguridad.
Uno de los aspectos más trascendentes, como mencioné, es que se busca atender causas y evitar reincidencias, por ejemplo, cuando una persona se introduce a un domicilio con el objetivo de robar, motivado por la necesidad de dinero para adquirir drogas; el juez cívico puede determinar el internamiento del infractor en un centro especializado de rehabilitación.
Así, el Nuevo Modelo de Justicia Cívica está siendo implementado en Los Cabos, lo que representa un caso digno de prestar atención, especialmente, en este momento donde la política nacional le apuesta a atender las causas, como eje rector de la promoción de seguridad.