Micrópolis / ¡Un atentado a la Ciudadanía!

Creo que los diputados locales de Morena, no dimensionaron el grave daño que le provocaron a toda la sociedad sudcaliforniana, al boicotear primero y después rechazar, la aprobación de la Ley de Movilidad.

Enfocaron sus baterías solo en la movilidad de las personas, no en los demás beneficios que ella pudiera acarrear. Uberizaron desde un inicio el asunto, ni siquiera tuvieron la voluntad de atender el reclamo social, buscaron enfrentar a los taxistas con los servicios entre particulares que ofrecen las plataformas digitales.

Perjudicaron de manera severa, a todos los estudiantes de todos los niveles que se trasladan de sus hogares a sus centros educativos.

Afectaron seriamente a todo el personal que labora en todo tipo de empresas, como de instituciones gubernamentales que cada mañana, tarde, noche y en la madrugada, requieren de un buen servicio de un transporte confortable después del trabajo diario, y sobre todo, que fueran con tarifas económicas.

Dañaron y esto es lo peor, a todas aquellas personas con alguna discapacidad para salir a buscar un medio de transporte, porque no es lo mismo salir de sus hogares a que este transporte, llegue al lugar donde se encuentre para trasladarse a su destino.

Se mofaron de la población a la que engañaron de manera vil, porque mientras a unos les decían que las plataformas digitales eran “empresas transnacionales y que se llevarían el recurso financiero a otros países”, los trabajadores de esas plataformas, son primero, mexicanos y sudcalifornianos que se ganan honestamente un sustento diario.

Engañaron a los taxistas y a todos los choferes o conductores de los concesionarios de este transporte urbano, que esa “ley de Movilidad”, los afectaría seriamente.

Esos diputados de Morena, todavía se ufanaron de un triunfo, al haber rechazado la Ley de Movilidad, como si hubieran hecho una gracia, cual niño cuando hace una travesura, pero a un plebe -palabra choyera-, se le perdona, pero… ¿a estos legisladores, los perdonará la ciudadanía afectada por esa decisión?

Veamos. La mayor parte de los usuarios actuales del transporte colectivo urbano, o sea los camiones o peseras en los cinco municipios, sufren esperando que pase su medio de transporte en sus distintas rutas casi, porque la mayor de las veces, tardan hasta una hora. Con la consecuente pérdida de tiempo para ir a su centro laboral o educativo, y de regreso a sus hogares o a sus destinos, cuando ese tiempo, pudieran aprovecharlo con sus familias, o para disfrutar de esa sana convivencia que les diera si se ahorran esas horas.

La ley de Movilidad se haberse aprobado, traía muchas ventajas para los usuarios, ya que contemplaba mayores unidades de transporte, una mayor competencia en cada ruta o ampliando estas para cubrir más destinos, lo que le permitiría al pasajero, una mayor comodidad, y menos pérdida de tiempo, el cual disfrutaría, como ya lo escribimos, en lo que más le convenga, ya que la unidad, estaría pasando cada 10 o 15 minutos, con la ventaja de que al existir más unidades, habría más rutas y por ende, muchos de ellos pasarían más cerca de sus destinos y no como sucede actualmente, que los dejan alejados.

Pero viene lo peor, y de esto, esos diputados de Morena no se dieron cuenta, y por eso decimos que traicionaron al 90 por ciento de la población sudcaliforniana, y aquí lo vamos a explicar.

De acuerdo a la Ley del Transporte, que data de 1977, específica claramente, que ninguna unidad de transporte de pasajeros (sobre todo camiones y peseras), con una antigüedad mayor de 10 años ¡NO DEBE PRESTAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO! ¿Pero qué creen? ¿Han visto o se han transportado en algunas de ellas? Pues sí, el 75 por ciento sobrepasan esos años circulando, y muchas de ellas, tienen ¡HASTA 20 AÑOS! Con el consecuente riesgo y peligro para los usuarios que se movilizan en estos medios en las ciudades de Baja California Sur.

¿Por qué sucede esto? Porque las autoridades municipales encargadas de hacer respetar esa ley, son omisos y han permitido que esas unidades, que podemos considerar CHATARRAS O VEHÍCULOS DESTARTALADOS, SIGAN CIRULANDO por las ciudades, porque a la hora de las revisiones, pues simplemente las dejan pasar, o se hacen los occisos o de plano, están cobrando una mochada. Usted Estimado Lector, ¿qué piensa? Es decir, la autoridad municipal no cumple y permite que esas unidades en vez de enviarlas al yonque, les revalidan el permiso para seguir operando de manera ilegal.

Igual sucede con los automóviles que son utilizados como taxis, muchos de los cuales, de acuerdo a la Ley estatal de Transporte vigente, ya no deberían estar prestando ese servicio, porque ya rebasaron con mucho, los años permitidos para circular.

Ahí, hay corrupción, Uno, por parte de la autoridad municipal que debe hacer respetar la ley y el otro, el permisionario o concesionario de las placas de alquiler (taxis, peseras o camiones urbanos), se puede pensar que estos, COHECHAN a las autoridades. Porque como bien dice el dicho, “piensa mal y acertarás”. Pero también, igual sucede con los camiones de transporte de carga de materiales. Y ahí, como en las peseras, taxis y camiones urbanos, los sindicatos tienen mucho qué ver, porque siempre salen con la amenaza y el chantaje, de que “en las elecciones nos vemos”. Es decir, son utilizados por los políticos de todos los colores para las campañas electorales.

Aquí, ya señalamos los pros y contras, pero nos falta un pequeño detalle. Precisamente esa Ley Estatal de Transporte, que está vigente, y por lo que vemos no ha sido respetada y hecho respetar, no contempla en articulado alguno el servicio de plataformas digitales. Es decir, no las regula, y por lo tanto, como bien dicen los expertos en derecho “LO QUE NO ESTÁ PROHIBIDO ESTÁ PERMITIDO”, pues simplemente no pueden ser objeto de sanción alguna por la prestación de un servicio entre particulares, tal y como lo señala y afirmó la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 28 de agosto del 2018. Luego entonces, si la Ley estatal de Transporte no contempla y no regula los servicios de transporte de Plataformas digitales, tampoco lo prohíbe.

Por eso señalamos que, ninguna autoridad municipal, como sucede en Los Cabos, puede sancionar a ningún prestador de servicio UBER, DIDI, INDRIVER, CABIFY, y los que surjan. Y si lo hacen, estarían violando esa ley vigente.

Pero vamos más allá, el servicio de transporte de alquiler público, como se le llama a los taxis, pesaras y camiones urbanos, no pagan impuestos. Cubren eso, las revisiones periódicas a las que todo propietario de un vehículo motor está obligado, las licencias, los permisos de circulación sin placas, anteriormente la tenencia, que, a diferencia de esas plataformas digitales si pagan contribuciones hacendarias, y para más señas, en el presupuesto 2020 del gobierno federal, contempló ingresos del 1.5 por ciento aplicables a las plataformas digitales de transporte entre particulares.

La iniciativa de Ley de Movilidad que debió ser aprobada por todos los legisladores del Congreso local, contemplaba el mismo impuesto y por la misma cantidad del 1.5 por ciento de los ingresos de esas plataformas en Baja California Sur. Es decir, estas plataformas, SI PAGARÍAN IMPUESTOS, LOS TAXIS, PESERAS Y CAMIONES URBANOS DE TRANSPORTE PÚBLICO, NO PAGAN IMPUESTOS. Y ese dinero, en el caso de Baja California Sur, se destinaría principalmente, para mejorar las vías de comunicación. ¿Algún taxista pagaría ese impuesto?

Para rematar, y aquí viene lo fundamental. En caso de algún accidente -que no se quiere, pero en el supuesto de que sucediera-, esos transportistas, no cubren un seguro de vida para los accidentados, aun y cuando están obligados por la Ley Estatal de Transporte. En cambio, los servicios de transporte mediante plataformas digitales como Uber, Didi, Indriver, Cabify y otros, están obligados y sí cubren estos seguros de vida, en caso de un accidente que afectara a uno de sus clientes.

Pero… ¿Qué pasó? Que los diputados de Morena recibieron instrucciones y fueron coaccionados a rechazar esa Ley de Movilidad, so pena de acusarlos de traición y expulsarlos de su partido, tal y como lo evidenciaron en su momento el coordinador de programas federales en la entidad Víctor Castro Cosío y Leonel Cota Montaño, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Estimado Lector, Usted… Tiene la última palabra.