Movilidad Colectiva Sudcaliforniana

Por Aurelio Ortiz Zambrano

A propósito de las recientes manifestaciones de los concesionarios de transporte urbano en la Ciudad de México -quienes presionan al gobierno morenista por incrementos tarifarios- que generaron caos vial y los consecuentes atrasos para trabajadores, estudiantes y automovilistas capitalinos, me permito presentar a Usted estimado lector una reflexión sobre el estado de las cosas del transporte colectivo en nuestro querido Baja California Sur.

Las proyecciones en la CDMX, indican que el transporte colectivo será un frente más de batalla en los meses subsecuentes para la Jefa de Gobierno -quien por cierto se puede colocar en la ruta presidenciable de la 4T-, pero para eso falta un tiempo importante y una larga lista de problemas por resolver.

La movilidad colectiva de pasajeros urbanos y suburbanos en BCS se estima en más de 120 mil usuarios al día, quienes realizan poco más de dos recorridos en promedio de días laborales en forma precaria por las condiciones de las unidades de transporte. Gran parte de los autobuses y peseros están en malas condiciones, las rutas no son eficientes y los transportistas se quejan de la baja rentabilidad del negocio. ¿Será posible solucionar este círculo negativo? No es un problema menor cuando analizamos que esto afecta un gran porcentaje de habitantes en La Paz y Los Cabos, dado que, en el resto de las poblaciones del estado, de plano no se cuenta con transporte colectivo.

La lista de complicaciones sigue aumentando cuando el resto del mundo avanza; si consideramos la carencia de agua potable, los constantes apagones de CFE, el precio más alto en combustibles, electricidad y de transportación (bienes y personas) en todo el país y el pésimo modelo de movilidad existente. Sólo nivelan el panorama los aceptables niveles de empleo, salarios, educación y seguridad persistentes.

Este modelo de movilidad colectiva pervive desde finales de los ochentas cuando a agrupaciones de taxistas en La Paz, la autoridad municipal les convirtió las concesiones de taxi a colectivos y por falta de opciones de vehículos nacionales, se les permitió usar camiones chatarra de procedencia extranjera, muy al estilo de lo que se usaba en las ciudades maquiladoras de la frontera norte. Después de La Paz, en Los Cabos se gestó lo mismo copiando la “solución”.

El modelo tiene más de 30 años y no ha evolucionado. El centro de la atención es la Concesión y su respectivo concesionario agrupado en centrales corporativistas y nunca por inverosímil que parezca, nunca ha sido el usuario. Las cifras no mienten; casi 800 concesiones de transporte urbano colectivo agrupadas en menos de 30 agrupaciones y tres organizaciones sindicales existentes y que dan servicio a la base de trabajadores y estudiantes, paradójicamente no son el negocio rentable que se esperaría al tener un carácter de mercado protegido. La mayoría de los concesionarios se quejan de pérdidas o mínimas utilidades y por ello no están en condiciones de mejorar las unidades. Es difícil explicar la situación que prevalece y donde todos se quejan, usuarios, prestadores del servicio y autoridades. El valor agregado de este servicio en BCS, representa más de 1,100 millones de pesos al año en esta modalidad, que puntualmente y antes de recibir el servicio pagan en efectivo los usuarios.

A principios de los años noventa ante la negociación de TLC, México liberalizó el transporte federal de carga y pasaje permitiendo a cualquier empresario nacional operar concesiones en carreteras federales en condiciones de libertad de empresa y libertad de mercado. Esa modificación ha permitido que el transporte foráneo de pasajeros siga evolucionando con el foco de atención centrado en el usuario, donde constantemente se pueden ver las mejoras en la calidad de servicio. No sucedió lo mismo en el transporte urbano bajo la regulación de leyes estatales y municipales con administraciones más interesadas en temas políticos y desinteresados totalmente de los sufridos usuarios. Evidentemente la libre competencia de prestadores de servicios de este sector no se da en Baja California Sur por la obsolescencia del marco legal.

Esto también resta competitividad a la base productiva del estado, donde el 95% de las empresas formales e informales son de tamaño micro y sus colaboradores y clientes son usuarios de este servicio público. Claramente es un verdadero sacrificio para los usuarios tomar más de una ruta para llegar al destino, caminar largos tramos en verano y sufrir la falta de capacitación de los conductores. Más de la mitad del parque vehicular cuenta con 18 años o más de antigüedad y para rematar, las rutas están diseñadas por los mismos transportistas y no en base a los destinos que demandan los pasajeros, llegando al extremo de obsolescencia al no existir ninguna guía informativa impresa o digital donde se publiquen las rutas y los horarios de servicio.

El 3 de octubre del 2018, el Ejecutivo estatal envió al Congreso la propuesta de la Ley de Movilidad que subsana muchas de estas deficiencias y considera además los servicios de transportación privada por plataformas digitales. La propuesta está en manos de los legisladores locales quienes han pospuesto su discusión y eventual promulgación. Justo en manos de los diputados está la primera fase de la gran posibilidad de dignificar la manera de llegar a los destinos de los poco más de 120 mil usuarios diarios del transporte urbano colectivo en BCS. Por primera vez tendríamos la posibilidad las familias de estar como centro de atención de este servicio público y mejorar la calidad de vida, considerando que la transportación representa en promedio 2 horas al día por pasajero y un importante desembolso para la economía familiar.

Si bien la iniciativa presentada tiene un cierto grado de interés recaudatorio y mantiene al Ejecutivo como ente regulador de la actividad, si plantea la creación de un Instituto de Movilidad con facultades y funciones que vigilan la prestación del servicio en favor del usuario. Esto sería sin duda un gran paso para poner al día esta importante actividad. Recordemos que la economía de BCS se basa en servicios turísticos principalmente y estos servicios son intensivos en mano de obra, por eso resulta doblemente paradójico que no tengamos servicios públicos al mismo nivel que los servicios turísticos que tanto distinguen a BCS en el mundo. Valdrá mucho la pena que todos los interesados participen en el análisis y mejora de la iniciativa.

Lo que resta de esta historia son varias etapas todavía inciertas; saber si la legislatura actual buscará una solución enfocada en mejorar la competitividad productiva y las condiciones de los usuarios o seguirán postergando la necesaria discusión del tema. Una vez salvado esta etapa, se requieren recursos del orden de los 400 millones de pesos para operar el Instituto de Movilidad y crear un instrumento fiduciario que garantice las condiciones financieras para la modernización de por lo menos 500 autobuses urbanos y las rutas, tal como los usuarios se merecen. No olvidemos que también se requiere tiempo para poner en funcionamiento las soluciones planteadas y la actual administración estatal terminará sus funciones en poco menos de 24 meses. La literatura clásica de políticas públicas dice que el 20% es una brillante idea, pero el 80% del éxito radica en la implementación y para eso se requiere marco legal, talento, dinero y tiempo. Habría que pensar positivo y actuar en consecuencia asegurando la no derogación de la ley en caso de cambios de proyectos políticos en la administración estatal en un horizonte de mediano plazo.

El aspecto político de estas decisiones marcará sin duda los resultados en percepción ciudadana de los diferentes proyectos políticos que compiten actualmente en todo el país y donde BCS no es la excepción. Parece ser un escenario político de ganar-ganar, pero también parece ser que los actores no se han percatado de ello.

¿Se imagina Usted amable lector todas y cada una de las ciudades sudcalifornianas con un transporte colectivo con aire acondicionado, servicio de internet y puntualidad a la par con ciclovías a todos rumbos, semáforos sincronizados y taxis competitivos? ¿Será tan difícil de implementar?  

Gracias por sus comentarios a aoz_aguila@hotmail.com

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