Micrópolis / Agosto

¡Urge el cable submarino! / El problema de fondo del Cendi

¡Urge el cable submarino! El 28 de junio del 2017 -cuando aún era Corresponsal del Diario El Financiero, al cual renuncié en enero del 2018-, se podría decir que con júbilo, daba una excelente noticia para los baja californianos (ambos estados Baja California y Baja California Sur), sobre el anuncio que hacía la Comisión Federal de Electricidad, de que ese mismo año se empezaría a construir el cable submarino  que atravesaría el Mar de Cortés, que interconectaría a nuestros estados al Sistema Eléctrico Nacional y que entraría en operación en el 2021, con lo cual permitiría además, reducir los costos en la generación de energía y mejorar la prestación de este vital servicio. La CFE invertiría en este proyecto, mil 100 millones de dólares.

Este proyecto, consistiría en 1,400 kilómetros de circuito con tecnología HVDC para conectar con una capacidad de transmisión de 1,500 megawatts a la Península de Baja California, que tiene un sistema aislado del resto del país desde su construcción.

En ese entonces, Jaime Hernández Martínez, director general de la CFE, daba a conocer al gobernador Carlos Mendoza Davis, el inicio del proyecto a partir de este año y el cual empezará a operar a partir del año 2021. “Esta interconexión submarina, destacó Hernández Martínez, fue considerada como la mejor opción para la entidad, a fin de garantizar un servicio de energía de mejor calidad, precios más competitivos y procesos amigables con el medio ambiente”.

“Por lo que cumpliremos todas las normas ambientales que lejos de generar un perjuicio al medio ambiente contribuirá al desarrollo más armónico del estado alrededor de procesos de generación de energía eléctrica más limpios, ya que una de las ventajas de este proyecto, es que abre las puertas al desarrollo de nuevas centrales de generación limpia y renovable tanto fotovoltaica como eólica”.
Respecto a las centrales actuales, Hernández Martínez, se convertirán en “centrales de respaldo” en el periodos de alta demanda ante temperaturas extremas o ante fenómenos meteorológicos, con lo cual se asegura que en momentos como esos, se necesita asegurar la capacidad instalada para satisfacer esa demanda y que esta, sea robusta y suficiente.

Sin embargo, el 30 de enero pasado (2019), los medios informativos nacionales difundían la triste realidad,Las dos megalíneas de transmisión de corriente directa en alta tensión (HVDC, por su sigla en inglés) más importantes en la historia de los proyectos eléctricos del país, con inversiones conjuntas estimadas de 3,300 millones de dólares -del Istmo de Tehuantepec al centro y de interconexión de Baja California con el resto del país, fueron canceladas, según la confirmación de Proyectos México del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

Para ser precisos, en uno de los párrafos de dicha información que publicó el 30 de enero pasado el Diario El Economista, nos dice “el pasado lunes 28, los inscritos para dar seguimiento a la licitación convocada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recibieron la actualización de la etapa del proyecto: cancelado. Para esta licitación, siete participantes, entre empresas individuales como Iberdrola y China Electric Power Equipment and Technology, además de IEnova, el fondo Riverstone y ATCO, precalificaron para la licitación.

En términos llanos, el proyecto del cable submarino, quedó cancelado con el nuevo gobierno federal, y ahora nos damos cuenta de la gran importancia, que en su momento los gobiernos federal de Enrique Peña Nieto y de Carlos Mendoza Davis, habían acordado para que la población sudcaliforniana, recibir los beneficios de un fluido eléctrico sin cortes, más económico y sobre todo, menos contaminante.

Pero más lo hemos resentido todos quienes habitamos Baja California Sur, cuando a partir del día 29 de julio pasado, en los municipios de Los Cabos, La Paz, Comondú y Loreto, resintieron constantes apagones o suspensión del suministro eléctrico, y como si fuera una burla, de manera “tandeada”, perjudicando gravemente a las familias, con daños severos en los aparatos electrodomésticos por las descargas, y que la CFE, a pesar de que está obligada a repararlos o reponerlos, nunca lo hace, de perjudicar gravemente la economía de los sectores productivos del estado como la industria, el comercio y la hotelería.

El pretexto o la justificación de la Comisión Federal de Electricidad, fue que los apagones o suspensión “tandeada” del fluido eléctrico, se debido a “una sobredemanda en este verano, pues en todos los hogares y negocios, están funcionando los aparatos de aire acondicionado”, ello como consecuencia de las altas temperaturas ambientales, que se han estado registrando.

Es decir, en esta temporada de verano, CFE tiene una producción de 433 MegaWatts, sin embargo, la demanda en horas pico (por la tarde/noche) es de 445, por lo que se tienen que aplicar los cortes programados por zonas (circuitos).

En su oportunidad el subsecretario de Protección Civil, Carlos Godínez León, coincidió que no hay suficiente producción de energía eléctrica en Baja California Sur, por lo que hizo un llamado a la población a estar atentos porque continuarán la suspensión del servicio en cortes programados.

Ante este grave problema que padecemos los sudcalifornianos, que suponemos y mucho se ha especulado, que no es tanto la baja producción de energía eléctrica por parte de la CFE, sino por su equipo además de deficiente, no se ha surtido del combustible para generarlo (combustóleo), debido a los programas de austeridad implementados por el gobierno federal.

Por ello, el 30 de julio pasado, luego de presentarse esta serie de apagones, el gobernador Carlos Mendoza Davis retomó el tema del cable submarino y lanzó un enérgico llamado al Presidente de la República, y en un mensaje vía twitter expresa ese sentir de los sudcalifornianos, “pidió a la Comisión Federal de Electricidad que se retome la inversión en un cable submarino, para conectar a la entidad con la red nacional y de esa forma tener garantizado el abasto. Esta inversión de mil millones de dólares se debió iniciar este año, pero por las políticas de austeridad, fue suspendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

¿Seguiremos sufriendo por esos programas de austeridad republicana impuestos por el presidente López Obrador, aun y cuando los sudcalifornianos padezcamos de las deficiencias de la paraestatal considerada hasta antes de este nuevo gobierno federal, una “empresa de calidad mundial”?

¿Será este, el resultado y las consecuencias de la llamada cuarta transformación?

Manuel Bartlet, Director General de la CFE, ¿será la persona idónea y calificada para seguir al frente de esta paraestatal?, cuando fue él quien en 1989, en las elecciones presidenciales “se le cayó el sistema”, perjudicando gravemente a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y favoreciendo en el resultado electoral a Carlos Salinas de Gortari. Y ahora, no solo es Baja California Sur, donde “se le cayó el sistema”, sino también en otros estados de la República. ¡Vamos requetebién!

El problema de fondo del Cendi. Todo problema tiene un origen y este se da al inicio de la actual administración federal de AMLO, cuando a rajatabla y sin ningún análisis y diagnostico real de la situación que guardaban a nivel nacional las estancias infantiles, entre ellas los Cendis (del Partido del Trabajo) suspende dichos programas y recursos financieros afectando gravemente a miles de trabajadoras que aún siguen sufriendo en donde dejar a sus hijos. Quién no se acuerda del entonces Secretario de Hacienda Carlos Urzúa, cuando salió a los medios e informó al igual que AMLO, que el recurso se lo iban a entregar directamente a las madres.

En la entidad se operan en el caso particular, dos Cendis, en los cuales laboran 104 trabajadores quienes desde el año pasado fueron abandonados por el gobierno federal, al dejar de cubrir los salarios respectivos y el recurso de mantenimiento de dichas instalaciones como de atención a los menores de edad, pero el gobierno del estado con esa voluntad política y tomando en cuenta los días en donde se da la suspensión de recursos, les otorga un apoyo financiero para salvar la situación tan delicada de los empleados, porque fue en diciembre cuando dejaron de percibir sus emolumentos.

¿Qué han hecho los flamantes diputados federales del PT al respecto? El común de la sociedad señala que nada, al igual que su trabajo legislativo es igual de nulo, porque tanto Alfredo Porras Domínguez como Ana Ruth García Grande -por si desconocían los nombres de estos diputados federales-, poco o nada les importó la situación de estos trabajadores -¿qué acaso el PT no es el partido de los trabajadores?, como de las madres de familia afectadas por esta decisión unilateral que se tomó, como dijo Luis Donaldo Colosio Murrieta, “Veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales”, en claro ejemplo de lo que está haciendo el actual gobierno federal.

Ante la gestión que ha realizado incansablemente la diputada Mercedes Maciel y con el apoyo del gobierno del estado, se logró concretar el envío de recursos por el orden de 22 de pesos, mismos que se encuentran a disposición de los empleados de estos Cendis. Pero, para poder liberar los recursos a los trabajadores, estos requieren realizar sus trámites fiscales. ¿Qué significa esto?, darse de alta en el Sistema de Administración tributario, contar con su Registro federal de contribuyentes, porque como son recursos del erario federal, deben ser entregados a personas que no estén inhabilitados del servicio públicos, y cubierto este trámite burocrático, se procederá al pago respectivo y de manera directa a los trabajadores como sucede en cualquier empresa.

Y no es responsabilidad del gobierno del estado, la operación y mantenimiento de estos Cendis, y la normatividad para el pago de los trabajadores la fija la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por tanto, la Secretaría de Educación Pública en el estado debe ser cuidadosa de que se cumpla la normatividad federal.

Razón por la cual la SEP no ha liberado los pagos respectivos, pero lo que no se vale, es que el diputado que aún preside la Comisión de Educación en el Congreso, como lo es Esteban Ojeda Ramírez, quiera sacar raja política de esta situación, a sabiendas de este diputado que, la normatividad es clara y precisa, y pretenda manipular y ser “el salvador”, de este movimiento, como diciendo gracias a “su intervención se resolvió este asunto”, y quiera llevar agua a su molino, pues sus momios andan por los suelos.

Aquí, lo único que se reconoce, aparte de las insistentes gestiones para solucionar este asunto, por parte de la Diputada Mercedes Maciel, es la voluntad del Gobierno de Carlos Mendoza Davis, para que esos 104 trabajadores pudieran contar con el sustento para sus respectivas familias.

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