Ante los hechos violentos, ¡Urge la Ley de Movilidad!: Carlos Mendoza

Gilberto Bonilla Rodríguez

En mayo pasado, en las redes sociales se retransmitieron dos videos, ambos con la misma temática, en ellos, se mostraban las agresiones de supuestos grupos de taxistas a conductores de Uber. En el primero, se pudo dar cuenta de cómo los mismos operadores de este servicio no permitieron que un par de turistas abordaran una unidad de Uber, que previamente habían solicitado vía la plataforma digital, cansados y tratando de evitar salir lastimados por lo que amedrentaban al chofer de Uber, los turistas se retiraron del lugar a pie, todo esto a las afueras del Hotel Riu en Cabo San Lucas.

En un segundo video, se puede apreciar a un automóvil, el cual, se presume que prestaba el servicio de Uber, rodeado de varios sujetos que intentaban violentamente sacar de la unidad a quien estaba al volante, en los primeros segundos de dicho video, se puede ver como emprende la marcha, con lo que alcanza a tirar a uno de los que ahí se encontraba, después, en el minuto 2:26 se ve como entre al menos unos 5 sujetos a base de patadas y puñetazos doblegan fácilmente a una persona, quien se piensa fue quien salió huyendo al principio del mismo video, a partir del minuto 2:45 se escucha decir muy valientemente a uno de los golpeadores “te vamos a matar hijo de tu pu… ma…”, posteriormente se van.

En los días posteriores a estas dos vergonzosas situaciones, en las mismas redes sociales, se podía ver una captura de pantalla del reconocido portal turístico TripAdvisor, en la cual, un turista que recientemente había visitado el Hotel Riu en Los Cabos, exhibía públicamente la disputa que mantienen hasta hoy grupos de taxistas en contra de los trabajadores de la plataforma digital Uber; “El hotel está en complicidad y es quien avisa a los taxistas para que te bajen de las unidades y literalmente te secuestren. Pésima experiencia, busquen otro hotel y más si vas con tu familia”, se puede leer en la captura de pantalla.

Como una vergüenza podemos calificar que, actualmente se diga en redes sociales que no existen las condiciones de seguridad para quienes eligen entre otras opciones al destino de Los Cabos y todo por una disputa a la que no se la ha puesto fin, se debe ser claro al respecto, se está poniendo en peligro la estabilidad de un destino turístico del que no solo dependen las familias de los taxistas que han protagonizado este tipo de encuentros y agresiones, sino la de un sinfín de prestadores de servicios.

Basta recordar también como es que hace meses, un taxista embistió a un chofer de Uber en plena carretera, sin que afortunadamente hubiera situaciones que lamentar, ya que la unidad de Uber iba tripulada. ¿Qué va a pasar? ¿Hasta cuándo se van a seguir viviendo este tipo agresiones? ¿Es necesario que ocurra algo realmente grave como la muerte de una persona?

Hoy lunes 20 de mayo, el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, a través de las redes sociales y de los medios tradicionales difundió el contenido de un video en el que dio un manotazo fuerte a la mesa y pidió respetuosa pero firmemente que el actual Congreso del Estado, dictamine y resuelva la propuesta de Ley de Movilidad, la misma que tienen desde el 3 de octubre de 2018, si, así es, la misma Ley que tiene 8 meses y que los actuales diputados no han tenido la sensibilidad de discutir y aprobar.

Sobre los actos violentos, el gobernador ha sido claro, “la violencia nos perjudica a todos, no nos equivoquemos, nuestro estado vive del turismo, los turistas resienten la violencia y los excesos de un grupo de transportistas, la imagen de nuestros destinos se deteriora por estos hechos”, señalaba el gobernador.

Por otro lado, la petición fue clara “hago un llamado respetuoso y urgente a la acción, pido a las y los diputados locales, dictaminar y aprobar la Ley de Movilidad que propuse en octubre del año pasado al Congreso del Estado; 7 meses es tiempo suficiente. Ya se ha discutido a profundidad”. Dijo Mendoza Davis.

Y es que, sin lugar a dudas, el tema ha sido platicado con diversos sectores de la población, ya el gobierno del estado había desarrollado sendos foros de discusión a lo largo y ancho del estado, foros en los que se registró la participación de las asociaciones civiles, taxistas y transportistas de diversos ramos, también de la ciudadanía.

No obstante lo anterior, el actual Congreso del Estado, informó una vez que recibió la propuesta de ley, que también ellos desarrollarían otros foros de discusión, si esos mismos por los que se cobró 337 mil pesos y que no fueron realizados, ¿para qué volver a discutir aquello que ya está de sobra discutido?

Ni la ciudadanía ni el turismo pueden ser presas de intereses políticos, la misma ciudadanía ha utilizado los canales a su alcance para mostrar su descontento por el pésimo servicio de transporte con el que cuenta, no se puede seguir soslayando un tema tan importante como lo es la movilidad, la gente quiere que se dejen de lado cualquier tipo de intereses y que se piense en ella, que se piense en el bienestar de la mayoría y no el de unos cuantos que tienen secuestrado el transporte en el estado, se necesita una Ley de Movilidad ¡YA!

Esos diputados, electos en un Distrito electoral, y los de representación proporcional, legislan  para todo el estado, no para una región en particular, y son quienes están frenando la aprobación de la Ley de Movilidad, deben dejar de lado -si es que así es-, el interés particular y de grupo, y voltear para acá, donde está el pueblo, el mismo pueblo que clama y exige mejores condiciones de movilidad, ese mismo que les dio la confianza y por el cual tras los sufragios del 1 de julio, hoy, detentan el poder.

Ante este enérgico llamado del Gobernador Carlos Mendoza, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Milena Quiroga Romero, quién no ha asumido su responsabilidad como legisladora, y por cierto, fue quien dijo en una de tantas declaraciones a los representantes de los medios de comunicación, que “no iban a aprobar una iniciativa proveniente de un gobernador proveniente de un partido diferente al suyo”, y también que “la ley de movilidad no llevaba prisa”, respondió sobre su mea culpa”, cuando afirma que“en estos momentos las comisiones responsables de elaborar el dictamen de la Ley de Movilidad para el Estado se encuentran en un intenso periodo de análisis y mejora de los temas trascendentes para la conformación de este ordenamiento legal”.

En este punto, el mandatario sudcaliforniano también fue claro, “quedan escasos días en este periodo de sesiones, suficientes para cumplirle a las y los sudcalifornianos, ningún interés privado está por encima del interés público, el de todas y todos. Ningún acuerdo político puede lastimar nuestro acuerdo social, nuestra economía, nuestro bienestar, primero y siempre debe de estar Baja California Sur”, sentenció el ejecutivo.

Después de ocho meses, en la cual mantuvieron en la “congeladora” dicha iniciativa, Quiroga Romero dijo que durante “estos meses, en el Congreso del Estado se ha logrado una real inclusión de los diversos sectores sociales y de servicios, quienes formarán parte importante de la toma de decisiones en este tema de gran relevancia y urgente para la sociedad sudcaliforniana”, y aquí, tácitamente está aceptando y reconociendo que “URGE” esta Ley de Movilidad.

Y dijo algo que ya conocemos, puesto que antes de llegar al Congreso del estado en octubre del año pasado, cuando ya se había socializado en los foros pertinentes para elaborarla con casi 40 mil personas, ahora señala que, “hoy más que nunca los ciudadanos se han sumado al proceso de elaboración de esta norma y han sido escuchados por las distintas comisiones dictaminadoras que trabajan en la elaboración del documento de lo que será la Ley de Movilidad para la entidad”.

No cabe duda que el Ejecutivo Estatal hizo un fuerte jalón de orejas a los diputados, y sobre todo a los de la fracción de Morena, para que se pongan a trabajar en esta Ley, que como observamos, es de una exigencia ciudadana y que no puede tardar hasta el siguiente periodo legislativo que inicia en septiembre -como lo han señalado estos diputados-, para discutirla, analizarla, reformarla si así es su caso, y en su momento aprobarla.

Tres días les de plazo la SCJN a diputados para dictaminar la Ley de Movilidad. Posteriormente, hubieron de pasar 10 días de que el gobernador del estado de Baja California Sur, enviara un enérgico pero respetuoso llamado a través de las redes sociales y los medios tradicionales para que los diputados despertaran de su letargo legislativo y voltearan a ver la Ley de Movilidad, propuesta por el titular del Gobierno del Estado desde el pasado 3 de octubre de 2018.

Sin embargo, este duro revés a los diputados de Morena que se han negado a revisarla, analizarla y en su caso aprobarla, no fue el llamado del mandatario sudcaliforniano el que los puso en alerta, sino la orden que enviara la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que un juez federal diera entrada al amparo que interpuso el ciudadano con discapacidad, Juan Manuel Higuera Olachea, en el que se les pone un plazo definitivo de tres días para que dicha ley sea dictaminada.

Lo anterior, tomó por sorpresa a los diputados, quienes rápidamente llamaron a un receso para revisar dicho documento emitido por un juez federal, lo que en un principio hizo suponer que la Ley sería incluida en el próximo orden del día.

Sin embargo, trascendió que los diputados interpondrán un recurso llamado vías de cumplimiento, con el cual solicitaron a la autoridad federal, una prórroga para cumplir con lo que mandata el juez, lo anterior dicho por el propio presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Rigoberto Murillo Aguilar.

Los actuales diputados están en encrucijada, ya que, después de más de 8 meses de que fue entregada dicha iniciativa de ley, han hecho todo por postergar su dictaminación y hasta la fecha lo han logrado; sin embargo, se señala que, si no llevan a cabo el proceso de dictaminación, su puesto en las curules estaría en peligro, con lo cual, quienes entrarían a ocupar dichos espacios serían los suplentes.

De ahí la urgencia de los diputados de Morena, por buscar se agoten todas las argucias legaloides para alargar lo más que puedan la dictaminación de una ley que reclama y exige la ciudadanía en general.

En sus redes sociales, el ciudadano Juan Manuel Higuera Olachea, mostró los documentos emitidos por el juez federal y a su vez se congratula de haber ganado dicho amparo y deja en claro el descontento con los diputados, quienes han hecho caso omiso al derecho que tienen los discapacitados para utilizar el transporte público.

Una cosa es cierta, ha pasado demasiado tiempo en el que han llevado y traído una ley que necesita la sociedad sudcaliforniana, sin embargo, el que una instancia como la Suprema Corte de Justicia de la Nación avale un derecho que tenemos todos, es un gran avance, por lo tanto, no hay motivos para echar las campanas al vuelo, ya que la dictaminación que exige dicho amparo, no significa que se vaya a aprobar; habrá que ver qué viene después, pero sobre todo, habrá que tener en la mira el actuar de estos diputados -morenistas- quienes siguen haciendo lo mismo que con los llamados a misa, pero nomás no se les ve nada de acción.

¡Basta ya de defender los intereses de grupos, basta ya de postergar una Ley por demás necesaria, basta ya de seguir en el limbo jurídico en cuanto al tema de movilidad, basta ya señores diputados, es hora de voltear a su alrededor y dejar de ser insensibles ante el reclamo de los ciudadanos que día con día utilizamos un transporte inseguro, caro y obsoleto!

¿Cuántos reclamos más están dispuestos a escuchar? ¿De cuántas maneras la ciudadanía tiene que pedir mejores condiciones de transporte y de movilidad? ¿Cuántos episodios más se tienen que ver como los ocurridos en el municipio de Los Cabos para que se pongan las pilas y legislen de una vez por todas este tema?

Estas y otras preguntas están sobre la mesa, ¿cuándo habrán de darles respuesta, señores diputados?

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