¡NUEVO ESCÁNDALO EN EL CONGRESO DEL ESTADO!

Tal parece que para algunos el Congreso del Estado es un negocio familiar, pues se han dado a conocer como algunos proveedores resultaron ser familiares de diputados.

Por Alejandro Barañano

De nueva cuenta el Congreso del Estado está bajo la mira de la sociedad al darse a conocer un posible fraude en el erario público junto con un conflicto de interés, ello al descubrirse a través de documentos obtenidos a través del órgano de Transparencia del Congreso del Estado documentos que precisan que la cuñada del diputado Esteban Ojeda Ramírez, secretario de la Comisión de Cuenta y Administración del Congreso del Estado, es la proveedora de artículos de cómputo y consumibles desde el inicio de la presente Legislatura.

Los documentos que obran en poder de varios medios de comunicación, muestran facturas a nombre de Proveedora de Cómputo y Suministro para Oficina, supuestamente propiedad de Jerusalén Ocampo Alameda y con domicilio fiscal en la calle de San Fernando 319 no interior A de la Colonia Misiones II de la ciudad de La Paz.

La indagatoria realizada permite ver que se han cobrado diversas facturas a nombre del Congreso del Estado, mismos que podrían representar un conflicto de interés toda vez que la proveedora en cuestión es cuñada del diputado Esteban Ojeda Ramírez, la cual se dice surte de materiales y suministros al Poder Legislativo.

Sin embargo, su cuñado, el diputado Esteban Ojeda Ramírez, forma parte de la Comisión de Cuenta y Administración del Congreso del Estado como secretario; instancia que es la encargada de instruir al Área de Administración y Finanzas de contratar proveedores y prestadores de servicios que requiere para su funcionamiento, tal y como lo indica la Ley Orgánica del Congreso del Estado.

Por sólo citar algunos ejemplos de este nuevo escándalo se puede demostrar que las facturas 000001, 00002, 00003 y 0004 fueron emitida por la persona física de nombre Jerusalén Ocampo Alameda en la fecha 03 de octubre del 2018, mismas que están certificadas y selladas por el SAT por la cantidad 10 mil 457; 20 mil 779; 33 mil 941 y 3 mil 350.08 pesos respectivamente, todas ellas pagadas por el Congreso del Estado desde la cuenta 0563579069 de Banorte con el cheque número 20230234 sumando la cantidad de 68 mil 528.88 de fecha 4 de octubre del 2018, pagadas casi de inmediato, o sea un día después de su emisión.

De la misma manera se obtuvieron las facturas de esta misma proveedora que bajo adjudicación directa hizo entrega de la factura 000046 de fecha 7 de noviembre del 2018 bajo el concepto de 21 computadoras laptops marca Dell con procesador Intel Core 5 de 8 gb de ram, cada una con un costo de 17 mil pesos, hizo un total de 414 mil 120 pesos que fueron liquidados en dos cheques, el primero de la cuenta Banorte con el folio 0194951 de fecha 9 de noviembre del 2018 por la cantidad de 207 mil 060 pesos, y al entregar los equipos físicamente se entregó el monto el restante el 16 de noviembre del 2018.

Lo curioso de esta situación es que, de acuerdo con un sondeo realizado, cada una de esas computadoras tiene un valor en el mercado a precio de menudeo de 13 mil 499 pesos, lo que indica claramente que hay un sobreprecio en el producto.

Con fundamento en el Artículo 3 fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se entiende por conflicto de interés “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”; y esta situación surge cuando una persona tiene la oportunidad de anteponer sus intereses privados a sus deberes profesionales, y por lo tanto puede incurrir en un acto de corrupción.

Además, esta impunidad y corrupción que impera en este caso pueden constituir y tipificar el delito de peculado y fraude en contra del erario público, lo que se debe investigar de inmediato de manera imparcial y ética por parte del Órgano de Fiscalización Interna del Congreso del Estado, a fin de explicarle a los sudcalifornianos este severo daño en el patrimonio público. De la misma manera se deberán de investigar los procedimientos que se establecieron para otorgar los contratos por cantidades elevadas adquiridas a un mismo proveedor, y que además, es familiar directo de un legislador, mismo que a la vez es secretario de la Comisión de Cuenta y Administración del Poder legislativo.

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