¡Otra vez la misma burra!

Lo más prudente y sensato, para un gobierno sea este federal o estatal, pero sobre todo para la sociedad y los padres de familia, es que las Universidades Públicas -independientemente del respeto a sus autonomías-, es que se mantengan trabajando y generando los futuros profesionistas que el país requiere, pero en paz, en armonía y sobre todo tranquilidad en lo laboral tanto con sus trabajadores administrativos como en su personal docente. Y en el caso de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, así ha sucedido en los últimos 8 años.

Señalamos lo anterior, porque otra vez, personas totalmente ajenas a la Universidad, pretenden trastocar su autonomía bajo oscuros intereses políticos, y vulnerar su autonomía, pero sobre todo, romper esa estabilidad existente, y peor aún, que algunos diputados, ahora la legisladora Milena Quiroga Romero de Morena, que insisten, en darle entrada a una iniciativa ciudadana para reformar la ley orgánica de la UABCS, en momentos en que pasa por un proceso normal de elección del candidato a rector, de la cual se busca, se haga en completa tranquilidad y en paz política, y en la que por supuesto que quieren desestabilizarla para que en río revuelto, imponer a sus amistades, comadres o compadres en ese cargo de alta responsabilidad educativa, que por cierto, exige títulos, como maestrías o doctorados, experiencia y antigüedad laboral en la docencia.

MILENA QUIROGA

Ahora, la diputada en cuestión, dio entrada a la iniciativa ciudadana que presentó quien fuera maestro de la UABCS, Rodolfo Moreno Garibay, quien se acogió al Artículo Fracción III de la Ley de Participación Ciudadana, en la que supuestamente expone que “la Asociación de Académicos Jubilados y Pensionados de la UABCS, promovió iniciativa de ley a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, por lo que es mi deseo como ciudadano, suscribir la misma y la diversa iniciativa a la que hace referencia el escrito de la asociación en comento…”, por lo que suponemos, con base en nuestra experiencia, que quien se dice representar a una asociación civil, está o como cualquier otra, debe contar con el respaldo y autorización de la Asamblea, como máximo órgano de gobierno, por lo que salta la pregunta: ¿contó con esa autorización?, porque tenemos entendido que muchos de los integrantes de esa Agrupación, no están de acuerdo en que se trastoque y se violente la autonomía universitaria, máxime cuando estos elementos, ya cumplieron su ciclo como académicos de la institución, y si en su momento no lo hicieron, como lo exponen, ¿por qué ahora?

Baste decir, que quienes se encuentran encuadrados en esta Asociación, si hablamos de honestidad y transparencia, ¿por qué siguen recibiendo los servicios medico asistenciales del sector privado, como sucede con los actuales docentes y personal administrativo de la UABCS a través del Seguro Social? ¿Qué, se consideran ciudadanos de primera? Cuando por esos servicios el estado mexicano paga una fortuna por los servicios médicos que se le otorga a estos jubilados, cuando todo aquel tanto de instancias gubernamentales de los tres niveles lo hace a través del ISSSTE y los de la iniciativa privada por parte del IMSS. Es observación.

Pero no vayamos muy lejos, es precisamente cuando fue catedrático este maestro -quien insertó esa propuesta de iniciativa al Congreso el pasado 23 de abril y que “diligentemente” aceptaron los diputados de Morena-, en su época, fue uno de los principales generadores o auspiciadores de tantas huelgas y paros laborales a la máxima casa de estudios del estado, y para eso, solo es cuestión de remitirse a los medios de comunicación que dieron cuenta de tantas y tantas historias de este tipo, que afectaron a estudiantes como a los padres de familia de estos.

En la primera ocasión, cuando dos ciudadanos presentaron la iniciativa “en comento”, recibió el repudio total de la ciudadanía como de los principales actores políticos, porque todos se dieron cuenta, que atrás de esa “iniciativa ciudadana” estaban inmiscuidos personajes de la vida política que buscaban asaltar a la UABCS, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no incluyó a BCS en su programa prometido en campaña, de construir 100 Universidades Públicas en el país. Que, de haberse incluido, tendrían un filón electoral. Pero también acomodar e imponer como rector a un pariente de quien busca ser candidato a la gubernatura por ese partido político.

Maestro Carlos Mendoza Davis

Sobre la situación de vulnerabilidad en que se enfrentaba a principios de abril la Universidad, Al respecto, el gobernador Carlos Mendoza Davis, vía twuitter, escribió el 10 de abril: “La autonomía universitaria es intocable. No avalaré en #BCS ningún intento por vulnerarla en la @UABCSoficial. Como universitario que soy, estoy convencido que las decisiones de la Universidad corresponden exclusivamente a la comunidad universitaria.

“En #BCS damos todo por la autonomía universitaria. La libertad de una sociedad comienza con la libertad de cátedra, de expresión y de pensamiento. #MejorFuturo para la @UABCSoficial”.

Y uno de los principales personajes del morenismo en la entidad y quien ocupa la cartera de la Subsecretaría de Protección Civil federal, el ex gobernador Leonel Cota Montaño, advirtió, también a través de redes sociales, el pasado 9 de abril, que: “Mi opinión sobre la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la UABCS, es que es una ocurrencia, no pueden dos personas o un diputado suplantar a la comunidad universitaria. No se olvide que la Universidad tiene autonomía y si en verdad se quiere hacer algo con seriedad que se convoque a la comunidad universitaria y se haga una verdadera propuesta. Es un desacierto mandar una iniciativa unas semanas antes de la elección de nuevo rector porque esa iniciativa va marcada por intereses de grupos que ni universitarios son. No se olvide que así se le ocurrió al grupo de Peña Nieto la famosa reforma educativa a espaldas de los maestros y ya sabemos los resultados. Tengan todos, un excelente día”.

Leonel Cota Montaño

La UABCS, como la Universidad Autónoma del Estado de México, pasaron por la misma situación, y ante ello, varios rectores de diversas Universidad Públicas del país, patentizaron su rechazo a esa intromisión que grupos políticos escudados en Morena, pretendieron vulnerar la autonomía de ambas universidades, así, los rectores de las Universidades de Aguascalientes, Estado de México, de Querétaro, de Sonora, de Chihuahua, de Ciudad Juárez, de Sinaloa y Autónoma de Occidente, hicieron público su rechazo y su solidaridad a las universidades afectadas.

Pero el asunto fue más allá, cuando el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), maestro Luis González Pérez, se pronunció en favor de que se respete la autonomía de las universidades, particularmente refiriéndose a los casos señalados al precisar que “Requerimos un compromiso por la vigencia de la ley y los derechos humanos, que nos consolide hacia el interior y nos fortalezca hacia el exterior. Compromiso y consolidación que pasa, necesariamente, por el reconocimiento, vigencia y respeto de la autonomía universitaria, misma que en fechas recientes se ha visto cuestionada en los estados de México y BCS.

El pasado 10 de abril, en el marco de la firma de convenio para la inclusión de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) a la Red Interinstitucional en materia de Derechos Humanos, el Ombudsman declaró que la universidad debe conservar, en todo momento, su capacidad de ser un entorno donde la reflexión y el entendimiento sean posibles mediante la pluralidad, la tolerancia, así como el respeto hacia las personas y las ideas. Para ello, el reconocimiento de su autonomía resulta de primordial relevancia, en tanto constituye los cimientos de sus actividades, pero también la mejor garantía de que las mismas se podrán llevar a cabo en los términos debidos y que le son pertinentes.

LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ

Por ello aseguró que la autonomía es sinónimo de la libre autodeterminación de los universitarios para decidir sobre el rumbo institucional, tanto en la forma de gobierno y en la designación de las autoridades, como en los contenidos académicos, por lo que fue enfático al afirmar que la educación superior y la universidad no pueden, bajo ningún supuesto, depender o subordinarse académica, pedagógica o institucionalmente a intereses individuales o de grupos políticos, más aún, la autoridad que violenta la autonomía universitaria, directa o indirectamente, incurre en una violación a los derechos humanos, pues afecta el derecho a la educación y la formación de nuestra juventud, así como el derecho a la cultura.

Y finalizó señalando que “en el ámbito universitario, la legitimidad de las autoridades y de los actos que inciden en el mismo no se logra o determina por decretos o imposiciones oficiales o de cualquier otra índole; corresponde a la comunidad universitaria fijar sus normas y procedimientos internos de manera autónoma y libre”.

Más claro, ni el agua.

Pero como afirmó la diputada Milena Quiroga, “no se dejará de lado la iniciativa de Ley Orgánica para la Universidad Autónoma de Baja California Surpromovida por un alumno de la máxima casa de estudios y un profesor jubilado”. Lo que dio pie a esta entrega.

Sin embargo, John Mill Ackerman Rose, doctor en sociología política y en derecho constitucional, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro Nivel III del Sistema Nacional del Sistema Nacional de Investigadores, nacido en Estados Unidos, pero ciudadano mexicano por naturalización, es presidente Adjunto de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo y director de la revista académica Mexican Law Review, que por su afinidad política, es considerado uno de los personajes cercanos al Presidente Andrés López Obrador, y al escribir sobre este tema en la Revista Proceso del 20 de mayo pasado, señala que “las reformas propuestas a las leyes orgánicas de las universidades públicas estatales parecieran tener buenas intenciones. En principio, buscan fortalecer la transparencia, la institucionalidad y la participación democrática de las casas de estudio”.

(FOTO 6 JOHN ACKERMAN)


LUIS GONZÁLEZ PEREZ

Y coincidimos con él, cuando señala que estas iniciativas carecen de legitimidad, porque fueron presentadas de manera unilateral y al margen de las comunidades universitarias. Y en por supuesto que tiene fines políticos, cuando afirma en su entrega a Proceso, que “La lucha partidista por el poder gubernamental es perfectamente legítima y las mayorías legislativas cuentan desde luego con mandato popular para actuar y cumplir con sus promesas y compromisos. Sin embargo, las universidades también cuentan con sus propios procesos deliberativos y de participación que deben ser respetados”.

Por eso, los grupos de poder locales, en este caso algunos personajes de la política incrustados en Morena, intentan imponer una visión particular “de democracia universitaria unilateral” desde fuera y a partir de una visión de una sola expresión política”, por ello Ackerman, afirma que “los poderes legislativos deben respetar la autonomía universitaria, porque es un grave error confundir esta facultad constitucional con un poder de autoridad jerárquica de los congresos sobre las universidades”.

Y coincide con quienes respetan la autonomía universitaria, que cualesquier reforma, esta debe emanar de los universitarios, no de la gente de fuera, como sucede en Baja California Sur, donde gente externa a la vida universitaria, pretende violentar, como lo afirma el Ombusdman Nacional, violentar sus derechos, y en definitiva, violentar su autonomía.

¡Ya basta de intromisiones señores diputados! ¡Respeten la Autonomía, la paz y la tranquilidad que impera en la Universidad! Pónganse a trabajar señores diputados, que para eso les paga el pueblo, para hacer o reformar las leyes que la ciudadanía demanda, y van dos ejemplos, eliminar el fuero del que gozan, y aprobar la tan necesitada ley de Movilidad.

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