Siguen extraviados los 337 mil ¡Debe desaparecer el fuero!

Ahora más que nunca, el fuero que gozan los diputados locales, debe desaparecer. El “extravío” de los 337 mil pesos destinados en noviembre pasado a un empresario de La Paz por el pago de los trabajos que con motivo del Foro de Movilidad realizados por la Comisión de Transporte del Congreso del Estado -cuyo presidente es el diputado Rigoberto Murillo Aguilar-, siguen sin aparecer, y por lo cual, tras denuncia ante el Ministerio Público, por el delito de peculado, sigue su curso. Y esto nos da pie para exigir que la actual legislatura inicie en lo inmediato, y reviva la iniciativa que el 14 de febrero de 2017 presentó en tribuna el entonces diputado Joel Vargas Aguiar, para acabar con este privilegio del fuero, el cual, como él mismo lo expresara, “se ha desvirtuado y se ha pervertido para la cual fue concebido”.

Como ciudadanos, esperamos que la investigación que al respecto lleva el Ministerio Público, dé con el responsable del “extravío” de esos recursos que los ciudadanos aportaron a través de los impuestos, y que estamos seguros no lo hizo para que personajes de la política lo utilicen para fines personales, sino para el que está etiquetado. Ya lo hemos dicho aquí como a través de otros medios de comunicación, el verdadero patrón de los funcionarios de elección popular o de la función pública de los tres niveles de gobierno, es el pueblo, y ante él, se deben rendir cuentas claras, transparentes y manejar los recursos con la honestidad que se demanda.

La iniciativa para desaparecer el fuero la presentó, como ya citamos, el ex diputado Joel Vargas, porque como lo afirma, “la figura del fuero es una herencia del pasado que se ha ido desprestigiando y que, lejos de ser útil, genera un daño a la sociedad”, por lo que creemos que la eliminación de este privilegio o canonjía de la cual gozan los actuales legisladores locales, debe desaparecer porque es una exigencia ciudadana.

Pero ante todo esto, lo sucedido en este negro hecho en el Congreso, como la falta de análisis, revisión o aprobación en su caso de la Ley de Movilidad que tanto urge a la ciudadanía, ¿qué han hecho los legisladores por atender las demandas ciudadanas? Y como éstas, otras. Lo que si es una verdad, es que el fuero, pasó de ser una garantía de libertad de expresión para los legisladores, a ser un camino libre para abusar del poder y cometer ilícitos, como el caso que nos ocupa, y no creemos, de ninguna manera, se de carpetazo al asunto como lo expresara el Secretario General de Gobierno Álvaro de la Peña Angulo, o se negociara con la fracción que cobija y protege a ese diputado, sino que, debe tener consecuencias penales, porque el hecho está tipificado como “delito de peculado”, y este, se persigue de oficio, por lo que no creemos que por “culpa” del fuero, el denunciado se acoja a esa ventaja, porque ésta, no es una franquicia, y el citado, debe responder por sus actos.

En este sentido, no puede ni debe existir impunidad, porque este, es un acto de corrupción, y el caso, ha demeritado el papel de los integrantes de esta legislatura, y este hecho, lo único que resalta, es la pérdida de la credibilidad no en la institución, sino quienes están en ella, porque lo que se hizo, fue un acto de deshonestidad, un acto reprochable y que debe ser castigado, porque vivimos en un estado de derecho, como bien lo dijo el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “nadie por encima de la ley”.

Bien lo dijo Joel Vargas, “la figura del fuero ha sido desnaturalizada a grado tal que su reconocimiento ha propiciado casos de impunidad que resultan a todas luces por demás indignantes y ofensivos para la sociedad”, nos queda claro, puesto que como representantes populares, deben basar su actividad bajo principios éticos como la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas, en virtud de que quienes sufragaron por ellos, les dieron la confianza y deben responder única y exclusivamente a los intereses de los sudcalifornianos, y tal parece, que no lo quieren hacer.

En dicha iniciativa presentada el 14 de febrero de 2017, se explica que con la desaparición del fuero -obvio, iniciativa que no tuvo el eco de los demás legisladores de ese momento, y que los actuales no han querido retomar, quién sabe por qué-, “el servidor público que haya cometido un delito, debe pagar como cualquier ciudadano”, y eso, es lo que esperamos los ciudadanos.

Por lo anterior, bien cabe la siguiente pregunta ¿la actual legislatura ha sido confiable para la sociedad sudcaliforniana, es decir, ha dado resultados? En algunos de ellos, permea aún, la jactancia, la arrogancia de un triunfo el pasado primero del año pasado, porque no ganaron ellos, ganó la marca Morena, la marca AMLO y la marca Andrés Manuel López Obrador, y eso, los ha hecho ejercer un poder que no merecen y que sin embargo, lo están mal utilizando.

Quienes vivimos en Baja California Sur, nativos, con arraigo o residentes, queremos que quienes nos representen en los cargos de elección popular, no utilicen el fuero para ser inmunes, para gozar de privilegios, para que sean soberbios. Queremos eso sí, instituciones públicas respetables, confiables y servidores públicos que respeten la ley, bajo el principio de que todos los ciudadanos deben tener igualdad de derechos, pero sobre todo, que sean honestos y transparentes en el manejo de los recursos, porque estos, los aporta el ciudadano, y por ello, no dudamos que esos 337 mil pesos deben aparecer, pero sobre todo, que se castigue al culpable de haberlos utilizado o desviado para el fin que estaban destinados, y que un delito de peculado, ¡no debe quedar impune!

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