Ni carpetazo ni se solapará a nadie por la desaparición de los 337 mil pesos: APA

Por Bertoldo Velasco Silva

Para el gobierno del estado el combate a la corrupción, es fundamental, aseguró Álvaro de la Peña Angulo, Secretario General de Gobierno, tras afirmar tajante que, ni se va a dar carpetazo al asunto ni se va a solapar a aquel diputado que resulte responsable de la desaparición de los 337 mil pesos que se utilizaron para sufragar los gastos del Foro de Movilidad organizado por la Comisión de Transporte del Congreso del estado.

Entrevistado en el programa digital monitorbcs.com, sobre este particular, dijo que “todo lo que esto implique jurídicamente, la administración estatal actuará siempre apegado a la ley y de ninguna manera, aseguró, se negociará o se solapará, porque insisto, el gobierno del estado es muy respetuoso del estado de derecho y lo estamos fortaleciendo cada día y no podemos entrar en un tema de incongruencia”.

El Secretario General de gobierno aseguró que la actual administración estatal “jamás entrará una mecánica para solapar ni mucho menos se va a negociar un asunto de esta naturaleza. Todo lo que implique esto jurídicamente, si es que así es, se va a tener que hacer siempre apegados a la ley, de ninguna manera negociado, de ninguna manera solapado, porque insisto el gobierno del Estado es muy respetuoso con el estado de derecho y lo estamos fortaleciendo cada día y no podemos entrar en un tema de incongruencia, y lo hemos dicho, de la naturaleza que sea el hecho, se va a investigar y la Procuraduría General de Justicia del Estado, que ya investiga, lo dará a conocer en su momento”.

Como se recordará en marzo pasado se descubrió la falta de pago al empresario Guillermo Sánchez, luego de que este denunciara tal hecho, se encontró que el legislador y presidente de la Comisión de Transporte, negará haber recibido tal dinero para cubrirlo, a pesar de las firmas en sendos documentos donde así se comprobaba, derivó en una denuncia penal que ahora maneja el Ministerio Público, la cual lleva a cabo la investigación del caso.

Al respecto, el Secretario General de Gobierno, sostuvo que en su tiempo, pues se abrió una carpeta de investigación dentro de la PGJE, y si así lo determina el Ministerio Público, habrá situaciones que informar en su momento, por parte del Procurador, pero no le vamos a entrar al tema de solapar o de negociar, de ninguna manera, en ese caso, si es que así lo fuera de asumir una responsabilidad de acuerdo a lo que se logre esclarecer”.

Del mismo modo, aseguró que quien resulte responsable, deberá asumir las consecuencias, ya que, en el tema de corrupción, no se solapará a nadie, sea quien sea, dijo, por lo que deberá cargar con todo el peso de la ley y en su momento, reiteró, se estaría informando a la opinión pública.

Dejó muy en claro, que “en ningún momento haríamos un tema de esa naturaleza -de solapar o dar carpetazo al asunto- yo creo que no se presta para eso, hoy más que nunca estamos de acuerdo con lo que el Presidente de la Repúblicadice, que hay que reconocer temas y nosotros estamos enfocados en ello, el combate a la corrupción para nosotros es fundamental y lo estamos diciendo desde que iniciamos este gobierno, sea quien sea lo hemos dicho”, reiteró.

De la Peña Angulo fue más preciso cuando sentenció, que “de ninguna manera le vamos a dar carpetazo a ese asunto, ni mucho menos hemos dado instrucción para ello, el asunto camina conforme a derecho, pues en la aplicación de la ley, que es para todos los servidores públicos, todos los que estamos en los tres poderes, porque estamos dando un servicio público, y que no quepa duda alguna, porque somos empleados de la gente, debe ser totalmente honesto y transparente, por lo que a todos los servidores públicos los exhorto a que se conduzcan con toda legalidad, y si algún empresario o ciudadano interpone una denuncia sea cual sea, se procederá en consecuencia, como en este caso”.

Aseguró que cualquier acción que se tome jurídicamente se tendrá que hacer con estricto apego a la ley y negó que se pueda llegar a negociar un acuerdo para el funcionario que resulte culpable.

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