Investigan probable comisión del delito de peculado del Dip. Rigoberto Murillo Aguilar

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Por Jesús Leyva Murillo

Legisladores locales encabezados por el diputado Ramiro Ruiz Flores presidente de la comisión permanente de Cuenta Pública y Administración del Poder legislativo, presentaron una denuncia pública ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la cual exhiben que el diputado del PES Rigoberto Murillo Aguilar habría cobrado 337 mil pesos para la realización de los foros de movilidad, pero presuntamente este recurso jamás llegó al proveedor.01

Con fecha 13 de marzo del 2019, quedó interpuesta la denuncia de hechos posiblemente constitutivas de un delito cometido en agravio del Congreso del Estado de Baja California Sur en contra de quién o quiénes resulten responsables, derivado de una acción que promoviera el diputado del Partido Encuentro Social (PES) de la candidatura “Juntos Haremos Historia” Rigoberto Murillo Aguilar, toda vez que instruyó se cobrara un cheque que era destinado para la realización foros de movilidad en el estado por la cantidad de 337 mil pesos.

03En la denuncia interpuesta por el presidente de la comisión permanente de Cuenta Pública y Administración del Poder legislativo, Ramiro Ruiz Flores, se establece en la relativa de los hechos, que el diputado Rigoberto Murillo Aguilar como presidente de la Comisión de Comunicación y Transportes de la Décimo Quinta Legislatura, solicitó a la comisión que preside la cantidad de 337 mil pesos (trescientos treinta y siete mil pesos), con la finalidad de llevar a cabo una serie de foros y talleres de consulta y análisis sobre la iniciativa de Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Baja California Sur.

En la denuncia se especifica que con fecha 5 de noviembre del 2018, el diputado del PES mediante el oficio HCEBCS-RMA/030/2018 remitió una factura a nombre de Guillermo Sánchez Flores, por la cantidad de $337,000.00 por concepto de asesoría profesional en relación con la iniciativa de Ley de Movilidad del Estado de Baja California Sur mediante el cual el diputado Murillo Aguilar pretendía acreditar el gasto erogado por el Congreso del Estado, pero el proveedor jamás recibió el pago de dicho servicio.

En este documento, se aclara que este recurso fue entregado al Diputado Rigoberto Murillo como gasto a comprobar, pero al entregar la factura, ésta ya había sido cancelada, derivado de la falta de pago al proveedor, mientras que el recurso se emitió a través del cheque 0194945 de Banco Mercantil del Norte (BANORTE) que salió a nombre de Rigoberto Murillo Aguilar, mismo que firmó el recibo de caja correspondiente con fecha 7 de noviembre del 2018.

02Posteriormente, con fecha 5 de marzo del 2019, al realizar una revisión de diversos asuntos que tiene injerencia con la comisión Permanente de Cuenta Pública y Administración y al estar verificando la validez de algunas facturas (comprobantes digitales) en el sistema que tiene el SAT, se determinó que la factura del citado proveedor había sido cancelada.

En ese sentido, se llamó al proveedor para determinar las causas de la cancelación de una factura que había sido presentada como comprobante de un gasto a comprobar del diputado Rigoberto Murillo Aguilar, siendo el propio Guillermo Sánchez Flores, quien manifestó que la cancelación se dio derivado a que como proveedor nunca se le cubrió el monto de esta factura, por lo que optó por esta acción hacendaria.

De tal manera, el presidente de la Comisión Permanente de Cuenta Pública y Administración del Poder legislativo, Ramiro Ruiz Flores, acompañado de integrantes del Congreso del Estado acudió a levantar esta denuncia de hechos que podrían constituir un delito en agravio del Congreso del Estado, toda vez que el recurso salió de parte del congreso en cheque y recibido por el diputado Rigoberto Murillo Aguilar, quien a decir del proveedor no se le pagó el servicio profesional que se le contrató, lo que además podría constituir una falta administrativa sancionable como servidor público, lo que deberá ahora ser investigado por la Procuraduría General de Justicia del Estado y por el órgano de fiscalización interno del poder legislativo.

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