A dos meses del cambio

María Luisa Cabral Bowling

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En estos tres primeros meses del nuevo régimen, todavía el panorama futuro no está muy claro. Se han hecho algunas cosas muy importantes y muy impactantes como el combate al huachicoleo, que son muy positivas y se han llevado a cabo en un tiempo récord. O como el acuerdo final sobre el difícil tema de la Guardia Nacional, mucho más lento de lo esperado, pero que fue un auténtico ejercicio democrático incluso al interior de Morena, en donde la decisión que se tomó, si bien no es la deseable, nadie quiere al ejército en las calles en funciones de policía, parece que fue el mejor acuerdo posible que además estará muy vigilado desde el exterior y al interior de nuestro país. Sin embargo, hay muchos otros aspectos de la nueva política en donde todavía no hay claridad y en algunos en donde hay serios cuestionamientos con mucho sustento.

Creo que los dos aspectos más negativos de los cambios que hemos visto son por un lado el retroceso en la búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres y en la no atención debida a la descontrolada violencia contra las mujeres (en donde por cierto vemos diferencias notables en la reacción a nivel federal y con la atención que se le está dando a este problema en la Ciudad de México), y por otro lado, la descalificación a todas las organizaciones de la sociedad civil. En el primer tema, a nivel federal, hemos visto que algo se ha logrado para que por lo menos no haya retrocesos en lo que ya se había logrado, como es el que se recuperara el presupuesto para las mujeres que se había eliminado, pero de todos modos sigue siendo uno de los aspectos del nuevo gobierno que despiertan mayor preocupación.

Por otro lado, la descalificación a las organizaciones de la sociedad civil me parece muy desacertada y peligrosa, incluso reconociendo o aceptando que sea cierto lo que se ha dicho sobre un nivel de corrupción muy alto en el uso de los recursos destinados a ellas. Había mucha corrupción en PEMEX y nunca se planteó acabar con PEMEX, sino acabar con la corrupción en PEMEX. Si hay corrupción en un sindicato, no debe acabarse con el sindicato sino con la corrupción y de igual manera por difícil que esté la situación, debe acabarse con la corrupción en el uso de recursos para las organizaciones de la sociedad civil, pero no desconocerlas y dejarlas a todas sin recursos. Es muy claro que hay todo tipo de organizaciones de la sociedad civil, que hay algunas que funcionan como despachos para bajar recursos sin importar el impacto social de sus acciones, o incluso muchas que dicen buscar un objetivo social o medioambiental cuando en realidad buscan todo lo contrario o hacen algunas acciones para lavar su imagen pero su acción principal va totalmente en contra del interés común de la sociedad y en muchos casos desgraciadamente ni siquiera son intereses privados nacionales sino extranjeros.

Muchas de estas organizaciones que, como sucede con otros muchos mecanismos, privatizan las ganancias o los beneficios que se generan en los organismos públicos o utilizan la infraestructura y los recursos públicos de todo tipo para privatizar ganancias. Por supuesto que todas las organizaciones sociales deberían estar reguladas y estar sujetas a una transparencia integral y a una rendición de cuentas y desde luego que lo más sano es que no reciban ningún respaldo de las entidades públicas aquellas que hacen uso indebido de recursos públicos.

Pero no se puede tratar a todas las organizaciones sociales con el mismo rasero. Hay muchas, muchas, que surgen justamente por la urgencia de atender problemas que los gobiernos no atendían o por el contrario que ellos mismos provocaban y los ejemplos abundan, organizaciones defensoras de derechos humanos, contra la violencia hacia las mujeres, contra la trata de personas, de defensa del medio ambiente, de defensa de los recursos naturales, por la defensa de grupos vulnerables, organizaciones para la defensa de las comunidades indígenas o por el derecho a la ciudad en sus múltiples aspectos y problemáticas.

Esas organizaciones no solo son necesarias, sino que hacen una labor que complementa la que desarrollan los servidores públicos. Pero además ayudan a lograr la famosa gobernabilidad porque vinculan a los distintos sectores de la sociedad con los gobiernos. También es importante señalar que por otro lado es altamente riesgoso apostarle solo a la entrega de recursos directa a los beneficiarios. Nada garantiza que algunos funcionarios de Morena, al viejo estilo y a contracorriente con lo que busca el nuevo gobierno federal, lo utilicen para hacer campaña y por otro lado también es muy riesgoso para las propias familias beneficiadas porque que con el alto nivel de precariedad que tienen amplios grupos de la sociedad, el bajo nivel educativo y el clima de violencia, no es nada difícil imaginar que puedan provocar mayor violencia al interior de las familias y mal uso de los recursos, como ya se ha constatado en casos pasados en administraciones anteriores con recursos dados supuestamente de manera directa a las mujeres de los grupos más vulnerables que acababan siendo usados para otras cosas agudizando su vulnerabilidad y sometimiento.

Todos estos son problemas nacionales, pero además tenemos también una dinámica diferente en cada una de las entidades. En muchos casos, como en muchas entidades, no llegaron con Morena, funcionarios con una visión de atención a los grupos más vulnerables, de atención al interés común, sino que buscan promover y apoyar otro tipo de intereses nada diferentes a favorecer a los grupos económicos más poderosos, como en las administraciones anteriores y que aprovechan la revoltura que todavía ha dejado el tsunami del 1o de julio y de la llegada del nuevo régimen que pretende una cuarta transformación del país, pero que no será nada fácil de lograr.

En Baja California Sur parece claro que, por lo menos hasta ahora, hay un acuerdo en todos los sectores para evitar el establecimiento de más explotaciones mineras altamente depredadoras y contaminantes, pero nada se ha dicho sobre detener la especulación inmobiliaria, al contrario, hasta se presume que somos el Estado con mayor crecimiento industrial que es justo a causa de la construcción de megadesarrollos inmobiliarios, pero no se habla sobre las denuncias por delitos de despojo o sobre la gentrificación que afecta a los grupos más vulnerables y solo beneficia a los inversionistas inmobiliarios mal llamados desarrolladores. En este rubro habría mucho que retomar del nuevo gobierno de la Ciudad de México que está llevando a cabo varias medidas para detener la especulación inmobiliaria, los megaproyectos que solo son grandes negocios, que hacen un mal uso de la poca agua disponible para todos, privatizan las ganancias y multiplican para el resto de la población las afectaciones.

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