EQUILIBRIOS / LOS CABOS ¡MAFIA INVASORA!

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Pirotecnia Política: El poder no corrompe. El miedo corrompe, tal vez el miedo a perder el poder. (John Steinbeck)

Parecía que el problema de las invasiones habría sido erradicado, luego de que varios bandidos fueron encarcelados y que las autoridades federales definieron la legítima propiedad de grandes extensiones de tierras en la zona de Los Cabos; las mafias que lucran con las necesidades de la gente, nuevamente están operando, utilizando las mismas fórmulas de siempre, causando con ello un problema no dimensionado, generando una inestabilidad social y en los propietarios de la tierra y en la gente verdaderamente de negocios e inversiones, un ambiente nada favorable, que termina afectando considerablemente la imagen de este destino turístico de clase mundial.

invasion los cabos

En la zona de Los Cabos, confluyen un sin número de intereses, fundamentalmente económicos y políticos; las invasiones como las que se están registrando en esta nueva oleada, tiene un fin específico que termina siendo un negocio para los especuladores propietarios de importantes extensiones de tierra,  no necesariamente gente que adquiere latifundios para realizar desarrollos o actividades productivas licitas de origen.

La fórmula diseñada por mentes perversas y por los operadores mañosos de siempre, es simple; invaden terrenos utilizando a la gente y sus necesidades como “carne de cañón” con asentamientos humanos irregulares en zonas –incluso- de alto riesgo con un valor trivial; los especuladores y dueños de los predios, quienes en su mayoría son privados o están en manos de los Bancos, no hacen nada para impedir que este fenómeno se asiente en sus tierras; una vez generado el problema social, se derivan las exigencias de servicios públicos, agua, seguridad, entre otros y teniendo como bandera dichas necesidades, el tema lo vuelven municipal y buscan venderle los predios al Gobierno de Los Cabos o a los “invasores” para que se regularicen, solo que el costo es alto, infinitamente superior al costo real.

Ante este problema, considerado grave y de altísimo riesgo para la imagen –en todos los sentidos- de Los Cabos, el Gobierno Municipal y la propia Alcaldesa ARMIDA CASTRO GÚZMAN están literalmente atados de manos, pues su labor y acción al respecto legalmente tiene acotaciones serias, ya que es un problema entre particulares y una jauría de bandidos.

El inconveniente social de las invasiones que debe ser atendido por todos los niveles de Gobierno, termina siendo un asunto casi exclusivo del Ayuntamiento, que al final tiene la obligación de resolver los inconvenientes extraordinarios que se producen de esta actividad ilícita, que enriquece a los especuladores complacientes, quienes  sospechosamente no defienden sus propiedades como normalmente un ciudadano común lo haría.

ARMIDA CASTRO GUZMÁN Presidente Municipal de Los Cabos –igual que sus antecesores- está impedida para atacar está complicada situación, pero queda claro que se hace lo que se puede, desde el ámbito de su competencia y hasta donde se puede constitucionalmente hablando.

Las invasiones en Los Cabos, particularmente no se entenderían sin una larga cadena de corrupción y complicidades, que provoca simulación aunada a la doble moral de funcionarios públicos del orden federal, que con desdén atienden el problema o simplemente se hacen de la “vista gorda”, provocando que conforme pasan los días, las invasiones se hagan grandes, incluso de mayores dimensiones que las ganancias económicas que esta actividad ilícita les genera y que forja riqueza inexplicable en algunos.

En el pasado reciente las invasiones y los invasores, eran una extensión de los intereses políticos de los Gobiernos Estatal y Municipales en turno, sobre todo en la primera década de este siglo, situación que concluyó con algunos personajes de negro historial, privados de su libertad en centros penitenciarios; solo habría que recordar –un ejemplo- lo sucedido en el predio “la ballena” en San José del Cabo; la gente apostada en terrenos de forma ilegal, fue la parte electoral de este gravísimo problema que afectó intereses de todo tipo en este destino turístico.

Si en esta transformación que se ofrece en el discurso por parte del Gobierno de México, se atienden de fondo este tipo de problemas, la situación podría cambiar positivamente para Los Cabos, que a pesar del crecimiento y desarrollo económico derivado principalmente de la actividad turística,  representa un sinfín de retos de índole social.

Por el futuro y estabilidad de Los Cabos, bien valdría la pena la acción puntual de la justicia federal y local para erradicar estas prácticas de la zona austral de esta media península; de las invasiones se benefician un puñado de corruptos  especuladores confabulados con funcionarios del Gobierno Federal, sobre todo de áreas que tienen que ver con asuntos de tenencia de la tierra de particulares o concesionarios. Ya veremos qué pasa.

Comentarios, dudas o críticas, favor de dirigirlas al correo electrónico jlpuga@radarpolitico.com

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