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Milena en una encrucijada. En su responsabilidad como titular de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, la diputada Milena Quiroga Romero, ya que con bombo y platillo al inicio de este primer periodo legislativo en su calidad de la Comisión de la cuenta pública al señalar que se tendría un ahorro en estos primeros cuatro meses de 7.5 millones de pesos, mismos que señaló serían para ejercitar obra pública en cada uno de los 16 distritos, pero a la fecha no se ha vuelto a tocar el tema referente a esta supuesta austeridad republicana y no se sabe si ese recurso ya fue aplicado o no, olvidándose que el Congreso local no es un ejecutor de obra sino un cuerpo colegiado normativo para hacer o reformar leyes. Bien claro lo señaló cuando el Presidente López Obrador manifestó que en el Congreso de la Unión se terminaron “los chayotes” y aclaró “cuando me refiero a eso”, textual, “el Congreso es para hacer leyes no para andar ejecutando obra, pues eso es responsabilidad del gobierno de la república”, y por qué matizó en este punto. En las anteriores legislaturas a cada diputado de su distrito respectivo se les asignaba un recurso de 50 millones de pesos para promover obra social, y en esta legislatura actuante –la federal-, ya no tendrán ese recurso, un promedio de 2,500 millones de pesos.

A la buena entendedora, que explique ahora la posición de su jefe político porque en estos casos cuando hay economías en un ente de la administración pública federal, si el recurso no se aplica o quedan remanente, tienen la obligación de hacer sus enteros a la tesorería de la federación, y en el caso particular de este congreso local, el recurso que “se ahorró” deberá reintegrarse a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado, porque es de ahí, de donde salió ese recurso con el cual se sostiene el congreso local.

Independientemente de lo anterior, existe un malestar generalizado con su actuación tratando de dividir a los integrantes de la fracción morenista, ya que ella piensa y ve un futuro alagüeño para ella, porque quiere ser presidenta municipal de La Paz, olvidándose que es circunstancial el hecho de que ella esté donde está.

Se está impulsando una actualización a la Ley Orgánica del Congreso local aplaudible la misma, porque era urgente ajustarla a los nuevos tiempos, mas no se vale que pretenda hacer una Ley Orgánica a modo para su beneficio personal. Esta acción es con el fin de debilitar a un grupo de legisladores afines a Leonel Cota Montaño y otro, para beneficiar a diputados locales a fines al ex senador y hoy Coordinador general de Delegaciones Federales, Víctor Castro Cosío.

¿Cómo habrá de resolver la Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local para poder dar cumplimiento a la expectativa que levantó cuando inició su gestión en esta responsabilidad? Para muchos, como que le quedó muy grande la responsabilidad porque cuando no puede imponer su voluntad algunos dices que se suelta llorando.

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Sin pena ni gloria las comparecencias. Ha llamado la atención que en las comparecencias de los encargados de los despachos del Ejecutivo, en la glosa del III Informe la ausencia de preguntas sobre el contenido del documento que con antelación se hizo entrega para su análisis por los señores legisladores la poca o nula revisión del mismo, ya que en la etapa de preguntas y respuestas para conocer a fondo el destino de los recursos aplicados a los diversos programas ya sea de obra o de servicios, han quedado a deber en su cuestionamiento toda vez que ha habido comparecencias que más de análisis de glosa han sido de complacencias y de peticiones personales para supuestamente sus distritos electorales. Por ejemplo, en la comparecencia del secretario de salud, George Flores, esta parecía más una comparecencia de un delegado del ISSSTE o del IMSS, independientemente que se sabe, debe existir una coordinación entre estas dependencias para el mejoramiento de la salud de los sudcalifornianos, pero el titular de salud estatal no puede responder si al ISSSTE  o el IMSS carecen de medicamentos o de doctores cuando ello es responsabilidad de cada una de esas instituciones que además, son federales. Ya que el diputado local, Humberto Arce, estuvo más de 20 minutos haciendo preguntas fuera de contexto de la glosa del informe.

Otro caso particular es en la comparecencia del titular del SEPUIM, Genaro Ruiz, donde el diputado Héctor Manuel Ortega Pillado pretendió descarrilar la participación del funcionario estatal cuando haciendo uso de voz manifiesta el asunto de la obra del malecón, y con el conocimiento y destreza del secretario señala puntualmente, “esta obra se cubrieron todos los requisitos considerando aspecto ambiental, presupuestaria, y la misma, fue presentada ante la Secretaría de Hacienda para la asignación del recurso, y en cuanto a las licitaciones, se cubrió cada uno de los aspectos en su materia, de ahí, la comparecencia de Genaro Ruiz se volvió más repetitivo para construcción de pavimentos, colocación que solicitó puntualmente el diputado Carlos Van Wormer, y fue preciso, al contabilizar ocho lámparas que faltan en su distrito de la zona rural, “son ocho, eh, yo las conté”.

La diputada Sandra Guadalupe Moreno Vázquez, le solicita al secretario que “juntos vayan a caminar su distrito para ver la planeación de la obra pública”. Lo que causó un  poco de chascarrillo al público asistente, fue la pregunta “¿qué acaso el Chaky no tendrá dinero suficiente para adquirir esas ocho lámparas?” o en su defecto, de la llamada austeridad republicana que pregona la diputada Milena Quiroga, “no le podrá financiar de esos 7.5 millones de pesos que se ahorraron estos cuatro meses, para comprar esas ocho lámparas?

La misma diputada Sandra en lugar de cuestionar los asuntos de salud en la glosa del Informe, exigió al titular de salud en el estado, el traslado de un paciente fuera del estado en la avioneta que es exclusivo para traslados de paciente en extrema urgencia, cuando ello lo quería para un amigo suyo. No cabe duda que los diputados querían sacar provecho personal de cada uno de los titulares de despacho del Ejecutivo estatal. ¿Qué acaso no pudo solicitar recursos de esos 75 millones de pesos de ahorro para cubrir ese traslado?

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A tejer finito rumbo al 2021. Una papa caliente es la que tiene entre manos el nuevo dirigente del Partido Acción Nacional, Carlos Amed Rochín Álvarez, ya que en él recae la responsabilidad, primero de llevar a cabo la reestructuración de los comités municipales de su partido en el 2019; luego, empezar a armar los acuerdos políticos con otras fuerzas no afines pero si necesarias para enfrentar el proceso electoral del 2021, en donde habrán de renovarse la Gubernatura, las cinco alcaldías y el Congreso del Estado, tarea nada fácil.

En el primer punto, Acción Nacional se debe ponderar las fortalezas que tiene dicho partido en los municipios de Mulegé, Los Cabos, Loreto y La Paz -en Comondú, la situación está un poco confusa- dado los resultados que en la última elección ha registrado el PAN, ya que quedó en tercer lugar muy por debajo de Morena como del PRI, y en lo que corresponde a Los Cabos aunque quedó en tercer lugar, se observa que es competitivo.

En Loreto ganaron, y en la Paz, registró la segunda posición electoral, y en Mulegé, fue segundo, al perder por menos de 400 votos. Este es el escenario en donde el dirigente debe avocarse para evitar divisiones internas que en lugar de fortalecer lo que aún se tiene, y fortalecer a esas estructuras de partido para llevar al triunfo a los candidatos azules.

En esta primera etapa si sale airoso en la renovación de los Comités Municipales sin quebrantos, la segunda etapa es sostener reuniones con sus homólogos para encontrar las coincidencias, que son muchas, hay que aclarar, por bien del electorado sudcaliforniano y es aquí donde debe imperar no la soberbia sino el oficio político, tarea fácil pero compleja, pues no cualquiera asume posición de reconocer en dónde tiene fortalezas y en dónde, tiene debilidades electorales y no sentirse “chingones” cuando no lo son. Si logra salir avente en estas dos tareas, se tendría un escenario positivo para enfrentar las elecciones del 2021 con mejores posibilidades de triunfo y dar continuidad a los programas de gobierno.

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Maritza, mal influenciada. Maritza Muñoz Vargas tiene el reconocimiento con panistas de cepa ya que su tránsito en el Partido Acción Nacional es de aproximadamente 25 años y con esa trayectoria se inscribe en el proceso de renovación de su dirigencia, donde la apoyan  con 287 firmas de militantes, y curiosamente obtiene la misma votación el domingo 11 de noviembre. Tuvo el reconocimiento de sus afines más sin embargo, Carlos Rochín obtiene 1187 votos, triunfo inobjetable de su contendiente, pero esta, no es la historia. Concluido el proceso interno Maritza debió como una buena perdedora en un proceso democrático, es ir a hacerse presente y levantarle la mano al ahora dirigente estatal de su partido y con altura política sumarse. Es ahí en donde aparece la figura de la doctora Alicia Uribe, que influye en no hacer que Maritza acepte su derrota, y el papel que jugó la doctora era en el cargo de Secretaria General, lo que indica que no buscaba la unión de la militancia.

Conociendo la trayectoria de la doctora en el gobierno perredista de Leonel Cota Montaño, una de las característica de esta etapa era divide y vencerás, y como no venció pretende influenciar en toda de decisiones a la ex diputada local. Aquí lo importante es que las malas influencias perjudican la unidad que debe prevalecer siempre en un proceso democrático, porque quien entra a jugar sabe dos cosas, que va a ganar o va a perder, y si no tienes esa madurez mejor ni te metas.

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Los diputados “de oposición”. ¿Cuál oposición? En el Congreso del Estado PRD tiene una diputada, Maricela Pineda García; el Humanista la legisladora Daniela Viviana Rubio Flores; PRS, un partido que ya no existe, con José Luis Perpuli Drew, el PRI a Anita Beltrán Peralta y la panista Elizabeth Rocha Torres; se han dado asuntos en el Congreso que esta llamada “oposición” dista mucho de serlo, ya que sus planteamientos carecen en mucho de los casos de sustento, porque lo más representativo que ha hecho Perpuli, es presentar en estos casi 4 meses, es los productos naturales nativos de Loreto, cuenten con una patente. Es todo. En el caso de Anita Beltrán, nada relevante a excepción de sus foros en cuestión de género para poner ante la legislatura el análisis y discusión los temas de matrimonio igualitario o convivencia social, temas que por su naturaleza tienen un alto grado de no aceptación de la sociedad sudcaliforniana. Elizabeth Rocha no ha presentado nada relevante. La diputada Rubio, y el restos, solo se la pasan lo levantando el dedo y cobrar puntualmente sus quincenas.

Lastimoso que no se tenga una oposición crítica y propositiva, vaya en el caso de los diputados José Luis Perpuli y Elizabeth Rocha Torres, ni para apoyar a su gobernador hacen algo.

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Gobernadores panistas rechazan a superdelegados. Los gobernadores Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes; Francisco Arturo Vega de Lamadrid, de Baja California; Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur; Javier Corral Jurado, de Chihuahua; José Rosas Aispuro Torres, de Durango; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; Antonio Echevarría García, de Nayarit; José Antonio Gali Fayad, de Puebla; Francisco Domínguez Servién, de Querétaro; Carlos Joaquín González, Quintana Roo; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y Mauricio Vila Dosal, de Yucatán, presentaron a finales de noviembre pasado, un desplegado donde solicitaron al entonces presidente electo y ahora en funciones Andrés Manuel López Obrador, no haya imposición en los estados, de los llamados “superdelegados” en el tema de seguridad.

En dicho desplegado, los 12 gobernadores de origen panista, señalaron que “el país se construye de abajo hacia arriba, desde el espacio local. Resolver los problemas requiere conocimiento del territorio, cercanía con la población y atención a las peculiaridades de cada región. Las prioridades regionales deben definirse de manera conjunta, considerando las condiciones particulares de cada entidad federativa. No se imponen desde el centro”.

Advirtieron que la colaboración en materia de seguridad debe ser abordada bajo una óptica estrictamente institucional, blindarla de componentes y fines político electorales, para hacerla un campo de neutralidad política que eleve la mirada por encima de diferencias ideológicas; piden que se consideren factores de responsabilidad legal y representatividad entre autoridades, así como de eficiencia, secrecía y profesionalismo.

“Nuestros gobiernos colaborarán, en el ámbito de su competencia, con las autoridades federales. Pero la colaboración no debe ser entendida como sometimiento de los órdenes locales incluyendo a las autoridades legítima y legalmente elegidas para gobernar, como es nuestro caso”.

En síntesis, los gobernadores exigen la no interferencia de los mal llamados “Virreyes”, “Vicegobernadores”, en temas de seguridad, sobre todo porque quien para el caso de Baja California Sur, es el profesor y ex senador Víctor Castro Cosío, desconocen la labores de inteligencia, pero sobre todo de coordinación que ha instituido el gobernador Carlos Mendoza, para reducir al máximo, los niveles de criminalidad en el estado, como sucedió en este año, y que la población ahora egrese a su estatus de seguridad y tranquilidad.

La intromisión de personas ajenas a esta coordinación, solo vendrá a trastocar un trabajo que se ha hecho en base a la buna colaboración y disposición de los cuerpos de seguridad, entre ellos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina, de la Policía Federal como de los cuerpos de seguridad estatal y municipales.

Al respecto y tomando atribuciones que no le corresponden, el senador morenista y ex perredista, Félix Salgado Macedonio, advirtió que “el senado usará su facultad de desaparecer los poderes de los estados, donde sus gobernadores no se ajusten o acaten las leyes y políticas públicas que impulsa la administración del presidente López Obrador”.

Acusado por sus actitudes tiránicas y antidemocráticas y de total falta de respecto e ignorancia de lo que significan los estados federados, el legislador federal se atrevió a advertir que “ningún gobernador de ningún estado de la república podrá oponerse al mandato constitucional todo eso está por ley. Aquí hay que recordarle a los gobernadores que aquí, en el Senado, es donde se discute, se analiza la viabilidad de estas leyes y que somos garantes del cumplimiento de ellas. Aquel gobernador que no se ajuste al lineamiento constitucional, aquí se puede dictar la desaparición de poderes”.

¿Por qué salió esta respuesta absurda y fuera de toda lógica federalista del senador Salgado macedonio? Porque los gobernadores panistas pidieron al Presidente “respetar el federalismo por considerar que debe ser punto de partida para que el estado mexicano construya capacidades suficientes y eficaces para garantizar los derechos de las personas”, ello porque se oponen a la figura del “superdelegado federal” en los estados de la República que solo viene a trastocar las labores ejecutivas de los gobernantes electos por el pueblo, y que no se puede dejar en manos de un “representante federal” para disponer lo que sea su voluntad o mal interprete las decisiones del presidente de la República, como en el caso particular de Baja California Sur, operen los programas federales con fines políticos y rumbo a las elecciones del 2021.

Ante la propuesta de los gobernadores panistas, legisladores tanto de este partido como del Revolucionario Institucional, durante la discusión de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, anunciaron que promoverán acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, por considerar que la figura de “superdelegado” atenta contra el federalismo y convierte a los gobernadores en figuras decorativas.  Consideramos que el exabrupto del legislador de Morena en el Senado, fue eso, dado su escaso conocimiento del régimen federalista que tiene nuestro país, y que su fortaleza radica precisamente en esa unión de los estados federados que conforman esta gran nación que es México.

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Leonel Efraín Cota Montaño, subsecretario de Planeación, Información, Protección Civil y Coordinación, de la Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana

Leonel Cota, nuevo encargo federal. El ex gobernador y ex dirigente nacional del PRD, Leonel Efraín Cota Montaño, recibió el nombramiento de subsecretario de Planeación, Información, Protección Civil y Coordinación, de la Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cuyo titular es Alfonso Durazo, quien a nombra del presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo el nombramiento. Con este encargo, Cota Montaño se integra al equipo de trabajo del presidente de la República. No olvidamos la relación existente entre López Obrador y Cota Montaño, desde que el primero fue dirigente nacional del PRD, y después formó parte del equipo de la campaña presidencial del ahora Jefe del Ejecutivo Federal.

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