Las batallas perdidas de la lucha anticorrupción

Logotipo de El Rincón del ChamánJesús Sánchez

Como dicen los yucatecos, lo busco, lo busco y no lo busco.

La verdad es que no encontramos la cuadratura al círculo en la decisión casi presidencial de optar por el “borrón y cuenta nueva” en el tema de la lucha contra la corrupción en México.

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Ilustración de Portada, Abel Quezada, tomado de Internet.

Sin duda que a muchos analistas queda claro que al presidente electo no le importa que decepcione a mucha gente que votó por él, “no le hace, no importa”, como le respondió al periodista Ciro Gómez Leyva, pues ya tomó la decisión de no investigar ni proceder contra actos de corrupción que se hubieran realizado antes de su gobierno.

Con todo respeto a la alta investidura, pero la decisión de que el punto final a la corrupción se convierta en decisión de Estado no es entenderá de otra manera que como un cheque en blanco a la impunidad.

La bisabuela Toya (que en gloria esté), sabiamente decía que cuando no hay gato en casa, los ratones hacen fiesta. Y seguro que hay muchos ratones de cuello blanco y uno que otro panteonero, festejando por anticipado.

Y claro que todo aquel que le dio un pellizco a los dineros públicos o hizo aquellas del famoso personaje “el cucharón”, tendrán en el político de Macuspana al santo patrono que les hizo el milagro. El mensaje es bastante ambiguo: A los que robaron en el pasado podrán dormir tranquilos, y los que roben hoy, mañana esperarán que los perdonen. ¿Qué no?

Y no, por más que le buscamos la congruencia en la decisión del “borrón y cuenta nueva”, simplemente no encontramos la lógica. Vamos, ni el amlover más curtido ha sido capaz de darle una explicación que sea irrebatible y que lo justifique.

En su reaparición en entrevistas durante la última semana (con todos menos contigo… digo, con Proceso), el presidente electo compartió consternado un diagnóstico terrible, que la corrupción ha sido más grave de lo que imaginaba. ¿Ton´s?

Pero la solución que encontró no fue reforzar las instituciones como el Sistema Nacional Anticorrupción, como muchos esperábamos, sino que salió con que para acabar con esa etapa de terror, de pesadilla, lo mejor era el punto final, el borrón y cuenta nueva a los funcionarios corruptos.

Y lo peor de todo es que etiquetó al “Punto final” como decisión de Estado. A la politóloga Melita Peláez (Mela para sus detractores) se le salió un espontáneo. ¡Válgame!

Y ya encarrerados le dijo a Carmen Aristegui que juzgar a los grandes corruptos es el equivalente a conspirar contra la estabilidad del país. ¡En laa mauser! Exclamó otra vez doña Melita.

Y después se sacó de la manga aquello de que bueno, si siguen las presiones sometería a consulta si se investiga o no a los expresidentes desde Salinas a Peña.

La verdad es que todo parece más fruto de las ocurrencias que de decisiones bien pensadas. Dicho con todo respeto.

Abrazos y olvido

La lucha anticorrupción siempre se ha destacado como el patito feo de la administración pública.

Y parece que esta vez no será la excepción. Porque el Punto final de AMLO es también un golpe seco contra el Sistema Nacional Anticorrupción que no acaba de aterrizar, pues es un organismo a medio gas, sin presupuesto y sin cabeza, es decir, sin fiscal especial.

La historia de la lucha anticorrupción es de golpes bajos, zancadillas, la institución burocrática nunca ha tenido dientes, hubo dos intentonas de desaparecer a la Secretaría de la Función Pública y de milagro se ha salvado, tiene el récord de nunca haber pescado ni procesado un pez gordo y, en diferentes etapas se ha convertido en un fantasma de la burocracia.

La tapadera

Hace 35 años, en el arranque del sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado y como para honrar el eslogan de campaña de la “renovación moral”, se creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación.

A lo largo de este tiempo han pasado 12 secretarios y un encargado de despacho. Ah y cambió dos veces de nombre.

Pero lejos de convertirse en el instrumento para dar paso a una administración pública que pudiera presumirse como un castillo de la pureza, las sanciones han sido aplicadas a la chiquillería, a funcionarios menores pues.

En una situación peor está la Auditoría Superior de la Federación, organismo dependiente de la Cámara de Diputados y encargada de auditar las cuentas públicas del gobierno federal, también sin pena ni gloria, pues se trata de otro organismo desdentado,  ya que casi el 98 por ciento de las denuncias presentadas ante la PGR se han olvidado en la congeladora. Mucho ruido pero no ocurre nada.

Destacan entre los titulares de la Función Pública, Germán Martínez Cázares, ex dirigente nacional del PAN y titular de la SFP entre 2006 y 2007 en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, hoy en el gabinete del presidente electo López Obrador y virtual director general del IMSS.

Los dos episodios que casi hicieron desaparecer a la SFP. En septiembre de 2009, a mediados del sexenio de Felipe Calderón, se anunció la intención de desaparecer las Secretarías de la Reforma Agraria, Turismo y la Función Pública (cuando Salvador Vega Casillas era su titular). Todo quedó en meras intenciones y de ahí no pasó.

A la SFP le metieron otro tremendo susto cuando comenzó el gobierno de Enrique Peña Nieto pues en enero de 2013 propuso disolver la Secretaría de la Función Pública para convertirla en un departamento de fiscalía interna.

El Congreso decidió no derogar el artículo 37 Constitucional y la SFP quedó convertida en una entidad fantasma, pues mientras se decidía la suerte de la dependencia, se nombró un encargado de despacho que estuvo al frente durante dos largos años (de 2012 al 2105) sin pena ni gloria.

Que no quede huella

Fue en 2015 cuando presionado por el escándalo de la Casa Blanca, Peña Nieto rehabilitó la SFP y nombró a Virgilio Andrade como secretario para hacerse cargo de esa investigación que en realidad ha sido la única en la que se involucra a una familia presidencial.  Se aplicó entonces la estrategia Bronco, “que no quede huella, que no, que no”.

Pero también derivado de estos escándalos se establecieron las bases para encaminarse a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que luego de mil golpes bajos y zancadillas de los candidatos presidenciales y los partidos y políticos, se aprobó en el Congreso y se dispuso su arranque en julio de 2017.

Un año y tres meses después, el Sistema Nacional Anticorrupción está a medio gas, sin fiscal especial, sin presupuesto, sin instalaciones. Y lo peor es que en febrero de 2018, apenas cuatro estados en el país disponen de sistemas para combatir la corrupción.

¿Oda a la impunidad?

Sin que parezca exageración, la decisión del “punto final” o el perdón a los servidores públicos corruptos del pasado no será otra cosa que la puntilla al Sistema Nacional Anticorrupción.

Lo grave es que estamos hablando de recursos públicos cuyo origen en buena medida son los impuestos que pagamos los contribuyentes y parte de la riqueza misma del país.

Las sanciones a los malos servidores públicos han sido simbólicas, por ejemplo en el sexenio de Peña Nieto –sin contar 2018- las sanciones económicas a los ratones de la burocracia sumaron 8 mil 500 millones de pesos. ¿Y los 500 mil millones de pesos que recuperarían de la corrupción?

De seguir la ruta de estas decisiones por demás ambiguas del “punto final” o del “borrón y cuenta nueva”, lejos de abonar al cambio verdadero, en los hechos se estará actuando como una verdadera tapadera de la corrupción que la historia juzgará.

Contra lo expresado de que “no le hace, no importa”, a muchos mexicanos sí nos importa que la impunidad no se confunda con un remedio para acabar con la corrupción.

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