Editorial

Las promesas de campaña, creemos, no se van a cumplir. Ni se aumentarán tarifas del servicio de transporte urbano (taxis y peseras), mucho menos, desaparecerá el servicio digital de transporte privado conocido como UBER. No se necesita ser un experto en cuestiones legales para saber cuál es el sentido de la mayor parte de la población que desde siempre, ha ocupado los servicios de taxis, peseras o camiones urbanos para el traslado a sus centros de trabajo, a centros comerciales o de recreo y de regreso a sus hogares, con tarifas, que hasta la fecha son consideradas las más altas del país.

Al llegar el servicio digital UBER, llegó no solo la comodidad, unidades en buen estado, con aire acondicionado, el buen servicio y sobre todo a costos casi al 50 por ciento de lo que le cuesta al usuario del servicio de taxi.

Muchas fueron las facilidades que las autoridades responsables les dieron a los concesionarios de las placas de taxi -si es una concesión propiedad del gobierno estatal-, cuando exigían un aumento. Créditos blandos y suficientes para renovar todo el parque vehicular que usábamos los ciudadanos -digo usábamos porque nos encontramos entre ellos-, para el traslado al trabajo, pero nunca lo hicieron, los pocos que aprovecharon esos créditos bancarios, lo hicieron para otras cosas, menos para lo que estaba destinado, o en su defecto, seguían adquiriendo unidades como se dice “de medio cachete”, y quedarse con el resto del dinero.

Los chantajes que hacen los concesionarios de placas, eran recurrentes. Si el cabildo en cuestión no les autorizaba el aumento de tarifas, realizaban paro de labores, frenando con ello la actividad de cientos o quizá miles de personas que se veían afectadas.

Tocamos este tema, por la iniciativa de ley de movilidad o mejor conocida como Ley de Transporte, que el gobernador Carlos Mendoza Davis envío al Congreso del Estado, ante la necesidad de regular y liberar este servicio, que como el mismo lo dice, son “cambios que han sido pospuestos por años, y ya no se puede esperar más”, porque las familias, empresas y visitantes, merecen tener una oferta amplia y competitiva de transporte, y que a partir de ahora, se busca tener un sistema eficiente, suficiente, amable, seguro, económico y menos contaminante.

Esta nueva ley, según explicó el propio Mendoza Davis en un mensaje que envío a la ciudadanía el pasado 5 de octubre, busca fundar un nuevo sistema que amplíe las opciones de transporte para los ciudadanos, reconoce la movilidad como un derecho humano, busca proteger nuestro medio ambiente, procura la igualdad de género y la inclusión de sectores vulnerables, promueve también el uso de vehículos no motorizados y sobre todo, fomenta la participación ciudadana en el tema.

En la misma ley, continúa, propone crear el Instituto de Movilidad, integrado por ciudadanos que de manera transparente y justificada, fijará las tarifas y otorgará las concesiones para transporte público de personas y los permisos respectivos en las otras modalidades, además, asegurará que todo el transporte se modernice y cumpla con las necesidades de la sociedad y del desarrollo del Estado.

¿Qué se busca con esta ley?, acabar con la discrecionalidad y los monopolios que se han dado en el otorgamiento de permisos y placas, ya que muchos de los concesionarios, cuentan no solo una, como es el derecho, sino hasta 10 de ellas, con la cual contratan personal para conducirlas y prestar el servicio, salvo que esos trabajadores del volante, no cuentan con un salario digno ni mucho menos prestación médico asistencial.

Al respecto, Carlos Mendoza informa que en lo que va de su mandato, no ha entregado una sola concesión de esta naturaleza y con la Ley, en un futuro los gobiernos tampoco lo harán, porque las concesiones de transporte público de personas deben entregar siempre de manera transparente y por necesidad justificada, por seguridad y en beneficio exclusivo de los usuarios, no por compadrazgos ni por favores políticos y menos por corrupción.

En esta administración que me toca encabezar no hemos entregado ni una sola concesión, y la ley busca que los gobiernos siguientes tampoco lo hagan sino que fomenten la competencia para que cada día los servicios de transporte se brinden con mayor calidad, cantidad y por supuesto, seguridad.

El anuncio de envío de esta ley para que los diputados locales la estudien, la analicen, la reforme o en su caso la aprueben, ha causado simpatías ciudadanas por el hecho mismo que ahora sí, bajo la legalidad, podrán utilizar el servicio de transporte que mejor le atienda, sea económico y le brinde un mejor servicio, sin que aquellos que se sientan afectados –como es el caso de los taxistas- puedan frenar o hacer escándalos afectando la imagen de las principales ciudades como La Paz y Los Cabos, esta última, donde se han dado connatos de violencia.

Las voces expresadas al tenor, son diversas y todas, están a favor de esta nueva ley de movilidad, pero principalmente los interesas en gozar de la libertad para decidir cuál es la forma que nos conviene para transportarnos.

La ley, llegó en el momento justo. Solo hay que esperar la decisión de los diputados locales para aprobarla, porque es una ley que beneficia a las mayorías, no a un solo grupo, que son los menos.

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