Su éxito es marcar agenda

 

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Andrés Manuel López Obrador como presidente electo, ha venido marcando desde hace muchos años atrás, la agenda política que da substancia al debate formal y a la discusión cotidiana, centrando el tema en lo que mejor domina: Erradicación de la Pobreza y Combate a la Corrupción, que al final mezclados con el hartazgo ciudadano y la insensibilidad de quienes forman los círculos de poder en los tres órdenes de gobierno, lo llevaron a una contundente victoria electoral.

Desde la campaña fueron altamente cuestionadas las propuestas del candidato de MORENA, en donde con análisis de expertos en diferentes materias eran inalcanzables, pero que también López Obrador y su grupo de especialistas electorales, prefirieron no discutir con unos pocos para darles certeza, pero si eligieron seguir con el discurso sencillo y entendible de la mayoría de los mexicanos, que optaron por creerlas para vislumbrar un poco de esperanza.

Propósitos de campaña inalcanzables que ahora se discuten si lo son o no, porque aunque hoy las empezamos a observar transformadas en irrefutables realidades semánticas; como esa promesa de campaña de bajar la gasolina, que hoy no va a ser posible por lo pronto, pero realizable en algún momento del gobierno de Andrés Manuel, quien sigue definiendo la agenda nacional antes de tomar posesión de la Presidencia de la República, al anunciar los lineamientos generales de su futuro gobierno para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad, comprendidos en 50 puntos.

Los 50 puntos abarcan cuestiones de ahorro, transparencia y limitaciones en la administración pública, así como eventuales reformas legales que tendrán que ser aprobadas por el Congreso de la Unión, por cierto en su mayoría afín, necesario para consolidar por la vía pacífica la llamada Cuarta Transformación de la vida pública de México, después de la Independencia, la Reforma y la Revolución.

Donde se destacan algunas líneas que si se consolidan, significaran un éxito al derrumbar paradigmas al ser bien evaluadas por la ciudadanía, porque como no estar de acuerdo con:

Que el presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por delitos de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción.

Que se suspendan por completo fueros y privilegios para funcionarios públicos; considerándose delitos graves el tráfico de influencia, la corrupción, la asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la hacienda pública, el robo de combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades, sin que las penas permitan al inculpado la obtención de la libertad bajo fianza.

Que el Presidente de la República gane menos de la mitad de lo que recibe actualmente, sin ningún tipo de compensaciones, así como que se bajen los sueldos de los altos funcionarios públicos y que no haya partida para gastos médicos privados.

Que se cancelen fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad así como la transparencia.

Y particularmente que se trate con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas públicas y en cualquier lugar, aceptándose con humildad que los servidores públicos son los mandantes de los servidores públicos.

Sin embargo, con este anuncio se han presentado elogios pero también  decepción anticipada en algunos sectores, entre ellos los servidores públicos de confianza que no ostentan privilegios como el de las altas esferas del poder y que si ven en peligro su fuente de ingresos.

Asimismo, esta agenda está resultando incompleta porque dejó en el aire a los partidos políticos al no considerar apretarles el cinturón, que es un alto factor de inconformidad social

Tengo el legítimo deseo de que cuando menos la mitad de la lista resulten bien ejecutados por quienes tengan la encomienda de hacerlo.

Una vez más  la realidad política nos lleva a considerar dos aspectos importantes del futuro de Baja California Sur.

Primero, contrastar las capacidades en la administración pública, pues ahora están los del gobierno estatal en un equipo y el gobierno federal así como ayuntamientos en otro, a pesar de que en el discurso pretendan ser uno solo debidamente coordinado.

Segundo, la evaluación ciudadana espera mucho de las primeras acciones del gobierno federal y ayuntamientos, frente a las que seguirán desarrollando del gobierno local y que en su mayoría no le contaron favorablemente, a juzgar por los resultados electorales.

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