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Desconcentración igual a desintegración familiar

La decisión que tomó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de julio, para desconcentrar que no “descentralizar” a varias secretarías de estado y dependencias federales a la provincia mexicana para “promover el desarrollo en todo el territorio nacional, a fin de estar en mejores condiciones de enfrentar el reto de la vulnerabilidad de la Ciudad de México ante sismos y problemas de abasto de agua y otros servicios”, puede tener justificación alguna pero también tiene muchos contras, y aquí les vamos a señalar solo una, la que nos tocará recibir en La Paz, que es el Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología).

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Primero, daremos a conocer, aunque muchos ya lo saben por la información que se generó ese día y publicado en todos los medios informativos del país, cuáles son las dependencias que “desalojarán” de la ciudad de México, otrora Distrito Federal y capital del país.

De acuerdo a información que publicó mi compañero y amigo Rivelino Rueda el pasado 6 de junio en el Diario El Financiero, estas son las instancias gubernamentales que tendrán que salir de la CDMX;

Secretaría de Turismo a Chetumal, Quintana Roo; del Medio Ambiente, a Mérida, Yucatán; Pemex, a Ciudad del Carmen, Campeche, y Energía, a Villahermosa, Tabasco; la CFE, a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; la Comisión Nacional del Agua, al puerto de Veracruz; Desarrollo Social, a la capital de Oaxaca; SEP, a la ciudad de Puebla, y la Secretaría de Cultura a Tlaxcala.

Banobras a Cuernavaca, Morelos; Infonavit, a Toluca, Estado de México; la Secretaría de Salud, a Acapulco, Guerrero; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a Morelia, Michoacán; la Ganadería a Guadalajara, Jalisco, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a la ciudad de Colima.

La Comisión Nacional del Deporte (Conade) a Aguascalientes; la Secretaría de la Función Pública (SFP) a Querétaro; del Trabajo, a León, Guanajuato; Desarrollo Urbano (Sedatu), a Pachuca, Hidalgo; Diconsa, a Zacatecas; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a San Luis Potosí; Economía, a Monterrey, Nuevo León, y Nacional Financiera (Nafin), a Torreón, Coahuila.

En tanto que la Comisión Forestal va a Durango; el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), a Bahía de Banderas, Nayarit; la Comisión Nacional de Acuacultura y el Instituto Nacional de la Pesca, a Mazatlán, Sinaloa; la Secretaría de Agricultura, a Ciudad Obregón, Sonora; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a La Paz, Baja California Sur, y el Instituto Nacional de Migración (INM), a Tijuana, Baja California, mientras que la eventual Secretaría de Minería, a Chihuahua, y Aduanas, a Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Por otro lado y de acuerdo a información fidedigna que publica nuestro compañero y Amigo, Jesús Sánchez Martínez, en su gustada Columna Política “El Rincón del Chamán”, que recientemente publicamos en nuestra página web, analisisbcs.com, bajo el título “Éxodo de la burocracia chilanga y los nuevos mirreyes”, nos aporta un dato muy importante, “la mudanza tendría un costo superior a los 150 mil millones de pesos, incluidos los estudios”.

2 Transbordador o ferry

Para continuar, primero es menester hacer un poco de historia, tratando de justificar lo que propone AMLO. Recordarán que tras el sismo de 1985 que azotó el Distrito Federal y que por desgracia cobró cientos de víctimas, el gobierno federal decidió “desconcentrar” entre otras dependencias y sobre todo a La Paz, la entonces Dirección General del Servicio de Transbordadores” a La Paz, mejor conocida por los connacionales como “los ferrys”, hubo de construir unos edificios tipo departamentos en las calles de Colosio y Margarita Maza de Juárez (la calle alta Tensión, como se le conoce regularmente en esta ciudad), para albergar a todos esos trabajadores y sus respectivas familias.

Sin embargo, esos edificios además de mal diseñados, pues los construyeron a base de puro concreto, lo que los hizo, tomando en cuenta las altas temperaturas que se registran aquí, resultaron ser muy calientes por dentro.

Además de la desconcentración de esta dependencia, fueron descentralizados, eso sí, trabajadores de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) hoy SAGARPA. Pero ahí, está el pero, todos los trabajadores de SETRA, como se le llamaba al Servicio de Transbordadores, no aguantaron además del clima, los altos costos de la energía eléctrica y sobre todo los insumos básicos (recuérdese que aún seguíamos dependiendo de la importación de ellos), y todos, se regresaron a su lugar de origen, es decir, tanto estos como los de la SARH (todos eran sindicalizados), exigieron su retorno a la capital del país.

Es decir, fue un sonoro fracaso esa desconcentración y descentralización (buscar en el diccionario la diferencia entre una palabra y otra).

En aquel entonces, como Reportero, tenía asignada esas fuentes informativas y otras, y se escribió mucho al respecto, y más en mi caso, pues nos tocó la responsabilidad de atender a varios de ellos.

Ahora, entremos de lleno a lo que le toca recibir a La Paz, con esa “descentralización”, el Conacyt, y aquí señalaremos los pros y los contras, que aclaro, no es rechazo, es solo una observación de lo que puede pasar en el resto de las ciudades y capitales del interior del país hacia donde habrá “ese éxodo de chilangos”, como lo cita nuestro Compañero Jesús Sánchez.

De fuentes dignas de todo crédito nos informan que el CONAYT, cuenta con una base laboral de 2,500 empleados en todo el país. Para la desconcentración, un promedio de 500 de ellos habrán de quedarse en su lugar de origen para atender las necesidades correspondientes en cada estado del país. Del resto, unos dos mil, son los que presumiblemente habrán de arribar a nuestra capital.

En su momento, Rubén Muñoz Álvarez, presidente municipal electo -vía Morena-, dejó entrever que habrá de coordinarse con el nuevo gobierno federal, para el traslado y ubicación de las oficinas de esta dependencia a La Paz.

Las ventajas: se fortalecerá la economía de la región con los 2 mil jefes de familia, beneficiándose el comercio local; pago de servicios públicos como el predial, agua potable, drenaje, energía eléctrica, y otros impuestos municipales, además de la telefonía domiciliaria y celular, transporte público y privado, entre otros y lo que representaría el contar con una dependencia central en esta capital.

Sin embargo, “las contras”, son varias a saber: En La Paz, no existe un edificio suficientemente capaz de albergar a 2 mil empleados, por lo que el gobierno federal -que entrará en funciones a partir del próximo primero de diciembre-, tendrá que construirlo y equiparlo, y en ello posiblemente se lleve entre dos y tres años.

Para esos 2 mil trabajadores que representan a igual número de familias (un promedio de 4 personas por cada una), no tendrán por el momento una vivienda dónde llegar, es decir, habrá que establecer un programa viviendístico en especial para ellos, solo hay que resaltar que la instancia respectiva, el ISSSTE a través del FOVISSSTE, que según les corresponde apenas puede con la demanda local para cubrir las necesidades de vivienda que requieren los trabajadores federales nativos en esta capital.

Como habitante de esta capital y el resto de los paceños, padecemos de una irregular dotación de agua potable por el famoso tandeo para que alcance para todos los habitantes de la capital, es decir, 2 mil nuevas familias representará un enorme gasto de los acuíferos y que para tan mala suerte, la CONAGUA, ya no quiere autorizar la perforación de más pozos, porque los acuíferos se están agotando, luego entonces existe un grave problema para un nuevo asentamiento humano para esas familias.

Podremos quejarnos los que aquí vivimos de las inclemencias que nos ofrece la naturaleza, como la temporada de huracanes y las altas temperaturas (por lo que pagamos altas cantidades de dinero para cubrir el servicio de energía eléctrica en época de verano por los aparatos de aire acondicionado que requerimos), y a la que no están acostumbrados los que vendrán y es por lo que se fueron los trabajadores de SETRA y de la SARH, por el alto costo de este servicio.

Además, vivimos en una zona considerada como una de las más caras del país, y los salarios de los trabajadores del CONACYT, y de esto, no creo que les vaya a gustar.

Pero aún hay más, la capital del estado y sobre todo la Secretaría de Educación Pública, no está preparada para albergar a cuando menos 4 mil estudiantes más que requerirán de más aulas y escuelas, pues apenas puede con la cobertura de la demanda local, y en este sentido nos referimos a todos los niveles educativos, desde el preescolar hasta el superior.

Por lo que respecta al Ayuntamiento de La Paz, igual, con su alta burocracia que absorbe la mayor cantidad del presupuesto anual, tendrá serios problemas para cubrir la demanda de servicios en materia de recolección de basura, alumbrado público y seguridad pública, agua potable y drenaje, aunado a ello, tenemos uno de los más caros y deficientes servicios públicos de transporte.

Aquí viene lo bueno. Podrá ser una buena decisión del Presidente Electo del país, pero esa desconcentración del CONACYT a La Paz junto con su personal, como ya se vivió después de 1985 con SETRA y la antigua SARH, provocará, y esto es lo más grave, una seria desintegración familiar, como podemos verlo en todas aquellas dependencias que emigrarán de la CDMX al interior del país.

¿Cómo es eso? No creemos que a todas esas familias les haya gustado este anuncio presidencial de que serán “exiliados” de su terruño, habrá quienes a lo mejor acepten, pero habrá quienes apenas se vendrán algunos de ellos y otros integrantes de sus respectivas familias no acepten el cambio de residencia y opten por quedarse en su lugar de origen por lo que representa para sus hijos y demás familiares dejar la escuela, su sociedad, su entorno y todo lo que ello conlleva.

Lo vivimos en 1985 con los trabajadores de SETRA y de la SARH, muchos llegaron solos y dejaron a sus respectivas familias en la otrora capital del país.

¿Volverá a suceder lo mismo?

¿Dónde está el ahorro económico que pugna el nuevo gobierno?

¿Cuántos de los trabajadores de todas esas dependencias votaron a favor de AMLO y que no aceptarán emigrar?

Como dice mi colega Dionicio Lara “al tiempo”.

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