Si el anuncio del recorte a los salarios de la burocracia dorada y la decisión de darle las gracias a 70 por ciento de los empleados de confianza han causado conmoción, espérese a ver cuando los burócratas chilangos comiencen a hacer maletas para irse a vivir a donde la Cuarta Transformación de México los lleve.
La expectativa de exportar a buena parte de la burocracia chilanga que laboran en las secretarías de Estado a ciudades del interior del país, ha generado dudas razonables, suspicacias y hasta pánico entre los sectores social y productivo de los estados receptores.
El razonamiento de que la concentración de las dependencias del gobierno en la CDMX no aporta a un desarrollo parejo en el país, tiene muchos bemoles. Porque la idea de trasladar unidades administrativas, con todo su personal, a otras latitudes, no quiere decir que sean unidades productivas y en cambio son demandantes de servicios.
La idea de la transferencia de unidades burocráticas a otras ciudades, avanza y requerirá de un presupuesto enorme tan sólo para los estudios de viabilidad, impacto y ejecución que beneficiará a los despachos que los hagan, pero no se traducirá necesariamente en desarrollo regional ni en empleos, porque las plazas ya están creadas y ocupadas.
Este proyecto que causó muchos aplausos en las plazas públicas donde se presentó en la campaña presidencial de ya saben quién, remite obligadamente al único evento de descentralización a gran escala que se tenga memoria en los últimos 30 años, la reubicación del Inegi en Aguascalientes.
La decisión de trasladar el Inegi y sus empleados a otra latitud fue obligada por los daños que causó el terremoto de 1985 a esas instalaciones y, además, la gente quería irse. Fueron 2 mil empleados con familias a las que tuvo que construírseles vivienda, cederles una reserva territorial para el complejo del Inegi, acuerdos entre gobiernos, créditos para vivienda, presupuesto federal ex profeso. En aquellos años, el final del sexenio de Miguel de la Madrid y el principio del de Carlos Salinas de Gortari, se pusieron sobre la mesa proyectos para descentralizar otras dependencias de gobierno, pero ninguno prosperó.
¿Y nosotros por qué?
En buena parte de las entidades donde se analiza la llegada de miles de chilangos, están apanicados, hay que decirlo claramente.
En conjunto alrededor de 1.7 millones de mexicanos trabajan directamente en el sector público federal y la mayoría califican en los planes del próximo sexenio para mudarse con todo y familia a alguna ciudad de la hermosa República Mexicana.
A lo largo del sexenio la mudanza tendría un costo superior a los 150 mil millones de pesos, incluidos los estudios.
La iniciativa va pero a los gobernadores no se les ve muy felices para acatarla, y quien sabe si lo hagan.
Las entidades que serán gobernadas por Morena tendrán que poner el ejemplo: en el caluroso Tabasco recibirían a la Secretaría de Energía y sus trabajadores; en Cuernavaca a los burócratas de Caminos y Puentes; en Veracruz a los de Conagua y en Chiapas a los de la CFE, dicen que el paquete incluye a Manuel Bartlett.
Todavía no están listos los estudios correspondientes, pero ya dan por hecho que Turismo se va a disfrutar del calor en Chetumal y Semarnat a la blanca Mérida, entidad a la que el Inegi considera la ciudad más segura del país.
Esteban Moctezuma le entra al toro y ha declarado que como secretario de Educación Pública despachará desde el primer día en Puebla. Parece chiste.
Dudas que corroen
Hay dudas razonables de que este éxodo tenga beneficios de desarrollo regional. No hay tal descentralización simplemente se esta cambiando de lugar las dependencias, dicen los críticos. ¿O no?
En Guanajuato los empresarios pusieron el grito en el cielo, porque la llegada de la Secretaría del Trabajo generaría conflictos innecesarios. Guanajuato no tiene problemas laborales, ¿entonces? Si se trata de elegir, pues que mejor envíen a la Secretaría de Economía, dice Arturo Sánchez Castellanos del Consejo Coordinador Empresarial de León (El Financiero Bajío).
Según los planes del nuevo gobierno federal, la Secretaría de Economía se iría a Nuevo León bajo la vigilancia de la delegada federal Judith Díaz Delgado y de Alfonso Romo, por supuesto. Por algo será dicen sus detractores.
En San Luis Potosí también están apanicados porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene 50 mil empleados en nómina, más sus familias. ¿Y dónde los acomodarán?
En La Paz, Baja California Sur, le llegada de los empleados del Conacyt no lo ven mal del todo aunque no son propiamente los becarios los que llegarían a esas tierras. El problema tiene que ver con los servicios, el agua y que es una zona muy cara, como para que gente que gane el mínimo pueda vivir desahogadamente por aquellas latitudes de clima extremo. Deberían ver los recibos de la luz.
En Querétaro se consuelan y dicen que no les fue tan mal porque recibirían a mil 500 empleados, con familias incluidas, de la Secretaría de la Función Pública, la mayoría de buen nivel económico y académico.
Pero no vivirían en la capital queretana sino en alguno de los municipios aledaños, pues en los últimos años el éxodo de chilangos a aquellas tierras en una realidad. Y se quejan de los nuevos vecinos.
En Aguascalientes lloverá sobre mojado. Tres décadas después del éxodo de dos mil familias del Inegi, la nueva es que otros dos mil empleados con sus familias que trabajan en las sedes de la Avenida Constituyentes y la Avenida Hidalgo del Inegi, pues también se mudarían a la tierra de la guayaba.
¿Delegados o mirreyes?
A pesar del discurso de la descentralización que lo justificaría el traslado de las dependencias del gobierno federal a diferentes entidades del país, en el fondo el nuevo gobierno se muestra absolutamente centralista.
La decisión de crear la figura de coordinadores estatales de los programas de desarrollo, tiene otra lectura, la del nombramiento de influyentes funcionarios que serán los representantes del presidente de la República en los estados. Los nuevos mirreyes y la sombra de los actuales gobernadores.
Jugando un poco a la prospectiva serán los eventuales candidatos a las gubernaturas.
Son los casos de Lorena Cuellar, ex candidata perdedora al gobierno de Tlaxcala, ahora flamante delegada. Ya se verá en 2022.
El más emblemático es el de la ex candidata al gobierno mexiquense por Morena, Delfina Gómez, y algo parecido el del aspirante que hace fila para el gobierno Morelos, Rabindranath Salazar, ambos otra vez en la antesala de las elecciones y que van por la revancha.
Pero no haya que perder de vista los casos de Víctor Manuel Castro Cosío, en Baja California Sur, quien ya compitió como candidato de Morena en las elecciones estatales de 2015 y quedó en un muy lejano cuarto lugar; también está Almicar Sandoval, otro ex candidato al gobierno de Guerrero. Y ni que decir del ex panista Joaquín Díaz Mena convertido al morenismo quien perdió ante otro panista en Yucatán, Mauricio Vila Dosal.
El gobernador saliente, Miguel Márquez Márquez lanza una alerta sobre la aparición de los coordinadores o mirreyes de ya saben quién; “cuidado con el centralismo”, advierte.
Lo malo, es que con la figura de los mirreyes, al federalismo lo están desfigurando.